Los resultados de la elección de los 51 miembros del Consejo Constitucional que culminarán la redacción de la nueva Constitución, representan una derrota para el gobierno del presidente Gabriel Boric y para todos aquellos, no necesariamente identificados con partidos de izquierda, que consideran que la Constitución de 1980 debe ser reemplazada. Así lo habían expresado con total contundencia los chilenos en octubre de 2020 cuando, durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se realizó el referéndum sobre el cambio de la Carta Magna y casi el 80% de la ciudadanía apostó por la redacción de un nuevo texto, mediante una Asamblea Constituyente.

Rebobinar el tiempo

Esa acción fue parte del Acuerdo de Paz firmado en octubre de 2019 entre aquel gobierno y las fuerzas de oposición para poner fin a las históricas protestas surgidas en todo el país. Como se recordará, el incremento de los pasajes de metro fue la chispa que encendió Chile, que ya vivía una situación de descontento social, escondida detrás del orden macroeconómico, el crecimiento sostenido y uno de los PBI per cápita más altos de la región.

Los altos niveles de desigualdad y una clase media al borde del abismo de la línea de pobreza, además de una movilidad social descendente que crecía a mayor velocidad que la ascendente, laceraban la sociedad chilena. Los focos del descontento se concentraban en el fracaso del sistema privado de jubilación y en las crecientes diferencias en la calidad del sistema de educación público y el privado. Las marchas multitudinarias de los estudiantes secundarios en 2006 y 2011, así como las organizadas por el movimiento “No más AFP” en 2016, fueron algunos de sus antecedentes.

Después del triunfo del “Sí” al cambio de la Constitución vía una Asamblea Constituyente en aquel octubre de 2020, los 155 constituyentes fueron elegidos en mayo de 2021. En esa misma fecha se eligió a gobernadores regionales (por primera vez), alcaldes y concejales. El resultado fue concluyente: el triunfo se lo llevaron los independientes, con 42% de los votos, seguidos por los representantes de fuerzas de izquierda más radicales agrupadas en la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y otros menores). Los resultados dieron inicio a la pérdida de protagonismo de los partidos moderados de derecha, liderados por Piñera, así como los de la izquierda, que alternándose con los primeros administraron el modelo neoliberal heredado del régimen de Pinochet.

Los representantes de los partidos de derecha agrupados en la entonces lista oficialista de Piñera, Vamos por Chile, no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos, que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto de la nueva Constitución. Apenas obtuvieron el 23%. Peor le fue a la ex Concertación (Partido Socialista y Democracia Cristiana, entre otros) agrupada en la lista Apruebo, que obtuvo apenas 16% de votos. De ese modo, los independientes y los representantes de la izquierda radical tuvieron en sus manos la redacción de la nueva Constitución, por espacio de un año.

En septiembre del año pasado, con Boric en la presidencia apenas hacía seis meses, el texto fue rechazado por un contundente 68%, a pesar de que entonces, y actualmente también, dos tercios de los chilenos desean cambiar la Constitución de 1980. Según la encuestadora chilena Cadem, en septiembre del año pasado solo 17% estaba por el rechazo tajante al proyecto del texto de la Constitución y solo 12% a favor de aprobarlo sin cuestionamientos. Un 35% estaba a favor del rechazo para renovarlo y un 32% a favor de aprobarlo para reformarlo.

La ambición derivada de un exceso de ideologización, la inexperiencia y el no haber dialogado con las fuerzas opositoras, como reconoció Boric tras las recientes elecciones del domingo, fueron factores que determinaron la derrota. Incidió también el haberle restado importancia a la campaña plebiscitaria, enfocándose en el contenido del texto, en el cual la derecha participó poco y nada. Tampoco hubo un mensaje claro o una idea fuerza convocante para la población. Les faltó lo que a la derecha le sobró: marketing.

Otro factor que jugó en contra fue el contexto de la crisis económica internacional, expresada en Chile en niveles inflacionarios de dos dígitos, la devaluación de la moneda, ralentización del crecimiento —inducida por factores externos—, altos niveles de endeudamiento como consecuencia de la pandemia, aumento de la violencia, la delincuencia y la presencia del narcotráfico, que la población desinformada y alimentada por los medios de comunicación asoció a la corta gestión de Boric.

La falta de claridad para abordar el tema migratorio fue aprovechada por la derecha, lo que al final determinó que un desbordado presidente, poco antes de la elección del 7 de mayo, expulsara a sus fronteras con Perú y Bolivia a los ciudadanos extranjeros indocumentados, lo que dejó en el limbo a un conjunto de ciudadanos, especialmente venezolanos, colombianos y haitianos, pues el gobierno peruano no autorizó su ingreso, a pesar de que muchos señalaban que sólo deseaban pasar de tránsito hacia sus países. Tampoco fue factor menor la campaña demoledora ejercida por los medios contra Boric, como si bajo su gobierno se hubieran iniciado los problemas de la migración, el crecimiento del crimen organizado, la inseguridad ciudadana y los problemas económicos.

Con la frente marchita

El rechazo al texto de la Constitución fue una derrota decisiva. Ya entonces era claro que muchos aspectos del proyecto estaban condenados a arriar sus banderas, como el concepto de democracia paritaria entre hombres y mujeres en la conformación de todos los órganos del Estado; el reconocimiento a los pueblos indígenas mediante la introducción del concepto de plurinacionalidad —uno de los aspectos más manipulados y tergiversados por los medios—, el cambio de rol de la subsidiaridad del Estado por uno social y democrático de derecho; el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos —que incluye la protección del Estado para una interrupción voluntaria del embarazo—; el derecho humano al agua y su desprivatización, entre otros.

La elección reciente de los 51 consejeros constitucionales fue solo parte de una salida decorosa para continuar con el proceso de la nueva Constitución, pero la realidad es que ya había fracasado. En marzo, el Congreso nombró a una Comisión de 24 expertos para que redactara un nuevo texto para que los consejeros electos revisen, enmienden o rechacen.

El poder de veto que consiguió el Partido Republicano con la elección de 23 delegados le da sepultura al sueño de una Constitución más inclusiva, como seguramente anhelaban los 39 fallecidos y los cientos de heridos víctimas de las revueltas de octubre de 2019. Si sumamos a los 11 de la derecha moderada agrupados en Chile Seguro, el partido de Piñera, la derecha tiene mayoría y, por lo tanto, la sartén por el mango para redactar la nueva Constitución. La correlación de fuerzas cambió radicalmente.

La izquierda y los sectores independientes han perdido el poder para llevar adelante las ambiciosas reformas a las aspiraban, como el derecho humanitario al agua, la desprivatización de la empresa que la provee, la declaración de una república plurinacional, una mayor presencia del Estado en la actividad empresarial, el derecho de todos a la salud y la educación, entre otras.

Que la votación le haya dado el poder de definir los contenidos de la nueva Constitución al Partido Republicano, cuyo líder se negaba a cambiarla, es una paradoja en la lucha social. Kast ni siquiera formó parte de las negociaciones para continuar con la pantomima de un proceso constituyente, que ya había fracasado en septiembre. Él consideraba que el rechazo al texto de la nueva Constitución redactado por espacio de un año por los constituyentes, implicaba la vigencia de la anterior de 1980, “que tan buenos resultados había traído”.

Durante la campaña presidencial de 2021 Kast decía que si ganaba la presidencia rompería relaciones diplomáticas con Cuba, Nicaragua y Venezuela, se retiraría de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y construiría una zanja en la frontera norte para contener la migración. Este fue el discurso que llevó al líder de la derecha radical al triunfo en las elecciones presidenciales en la primera vuelta, aunque luego perdería el ballotage con Boric, por una amplia diferencia de casi 11 puntos porcentuales.

A pesar de la derrota del conjunto de las fuerzas políticas lideradas por Boric, y de la decisión de la ciudadanía chilena de darle el voto a quien defiende la vigencia de la Constitución redactada durante la Junta Militar de Pinochet en 1980, el camino iniciado en Chile para cambiarla es un paso positivo.

Si Kast aspira a ganar las elecciones presidenciales de 2026, no puede mantener su rechazo a cambios al texto de 1980. Las causas que generaron el estallido social de 2019 se mantienen incólumes. Es probable que la derecha radical, a cargo de la redacción de los contenidos del texto de la nueva Constitución, deba hacer concesiones para evitar que sea rechazado nuevamente en la votación plebiscitaria de diciembre. Kast intentará presentarse como un estadista de amplios consensos, aunque no lo sea, ejerciendo una suerte de gatopardismo para dar a la ciudadanía la sensación de que se logró aprobar una nueva Constitución. Si se rechazara el texto, quedaría vigente la de 1980.

Con la correlación de fuerzas actuales, una Constitución redactada bajo la égida del líder opositor, y aprobada por la ciudadanía, representará un límite muy alto para los cambios que Boric y sus partidarios aspiraban, y sobre todo para los que prometieron en campaña —reforma tributaria, régimen de jubilaciones y educación— pues además el gobierno no tiene mayoría parlamentaria.

A pesar de estos acontecimientos, y aunque la nueva Constitución no incluya los cambios que muchos chilenos anhelaban, al menos tendrán una redactada en democracia y no por un grupo de media docena de expertos designados por una Junta Militar, no obstante, las múltiples reformas que ésta ha tenido. La historia continúa aún cuando hoy vienen ganando las fuerzas políticas de derecha radical en la región, luego del surgimiento de una breve ola de gobiernos ubicados en el espectro de la izquierda que, en varios casos no han dado la talla para enfrentar el acecho que les imponen el poder económico y una prensa inescrupulosa y feroz.