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Los medios frente al conflicto político y la movilización

Los medios frente al conflicto político y la movilización
Foto: @lalineape
El antecedente

La prensa que tomó partido a favor de la tesis del fraude, luego de la elección del ex presidente Pedro Castillo y que aplaudió todas las arremetidas antidemocráticas que recibió desde sectores políticos y empresariales, fue la misma —y en las mismas condiciones—, que manejó el discurso periodístico luego del 7 de diciembre del 2022, día del intento de golpe de Estado y punto de partida de las movilizaciones sociales en contra de Dina Boluarte.

Se trató de un amplio sector de la prensa que interpretó y comunicó, de una manera gruesa y tergiversada, el conflicto social. Boluarte había asumido la jefatura de Estado en correcta continuidad constitucional, pero traicionando el sentido de la votación expresada en las urnas, al someterse —ella y su gobierno— al discurso conservador, luego de ser parte de una plancha presidencial y de una gestión gubernamental que ofrecía una propuesta política de un signo completamente diferente.

Las mismas caras

Un sector de la prensa peruana que se había negado a reconocer el triunfo electoral de un presidente constitucional y que aplaudió interpelaciones y censuras que hicieron ingobernable cualquier intento de gestión pública —más allá de las propias incapacidades y corruptelas que Castillo y su gente traían consigo—. Espacios periodísticos que insultaron desde su racismo y su clasismo, que denostaron a personas por serranas, por cholas y por humildes, que aplaudieron la ruptura del equilibrio constitucional al permitir que la cuestión de confianza inclinara peligrosamente las relaciones de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Ese sector de la prensa está ubicado en el tradicional ecosistema de la prensa escrita y concentrada, o en las radios de carácter nacional, exceptuando a algunos periodistas con cierto margen de maniobra dentro de esos propios medios, pero que terminan siendo funcionales para que esos mismos medios alardeen de diversidad en su seno editorial. Pero quizá donde se ubica con mayor comodidad este sector es en la tradicional televisión de señal abierta, que aún mantiene gran impacto pese a que desde hace algunos años muestra señales de debilidad como la pérdida sostenida de audiencia y publicidad. Es allí donde se evidenció con más fuerza un auténtico comportamiento antidemocrático, al servicio de un discurso concebido desde una derecha retrógrada, conservadora y con paupérrimas credenciales democráticas.

Luego del 7 de diciembre lo que se ha producido en la gran prensa es la continuación de ese discurso hegemónico. Una suerte de alineamiento centrado en sostener la obra inicial: ser parte funcional de la antidemocrática eliminación progresiva de una propuesta política popular que no supo enfrentar el cargamontón de las arremetidas de la derecha, en buena parte, por sus propias torpezas y lenidad. No se trata pues de Castillo: habrían hecho lo mismo con cualquier propuesta política de estirpe popular.

Al servicio de la confusión

Una primera mirada tiene que ver con el tratamiento informativo hacia el gobierno de Dina Boluarte en comparación con su antecesor. El número de portadas dedicadas a uno u otro gobierno, el número de investigaciones menudas y pobres, la cantidad de imágenes obtenidas bajo sistemas de vigilancia propios de la inteligencia militar y entregadas a los medios para su uso sin ningún rigor. Asimismo, la cantidad de entrevistas y la agresividad de los y las periodistas que las realizaban, la cantidad de denuncias periodísticas recogidas por el Congreso de la República y convertidas luego en comisiones de investigación. Éstos son apenas un puñado de elementos, contrastables, medibles y evidentes, que muestran el comportamiento de sectores importantes de la prensa, alejados de la realidad y la democracia, ajenos a las aspiraciones sociales y políticas de las grandes mayorías que optaron por darle su voto a un gobierno diferente.

Por ello no es de extrañar el enorme arraigo popular de las movilizaciones de inicio de año en contra del gobierno de Dina de Boluarte, que mostraron a decenas de miles de personas exigiendo un mínimo democrático: adelanto de elecciones. Fueron los olvidados de siempre los que tomaron la calle en todo el país.

Si se quiere un ejemplo más de lo dicho, consideremos el simulacro de votación solicitado por el diario Perú 21 a Ipsos y que según reveló en su semanario César Hildebrandt, no se quiso publicar en la medida en que el ex presidente Castillo obtenía el primer lugar en dicho ejercicio. La prensa que oculta lo que no le conviene, no es prensa, es oficina de relaciones públicas.

Una evidencia más. Es imposible olvidar la forma denostativa con la que estos medios y sus periodistas sesgaron, interpretaron desde una pobre mirada y leyeron al revés las conclusiones del severo informe de Amnistía Internacional en contra de la actuación —deliberadamente violenta y no contenida— de las fuerzas de seguridad del Estado frente a población desarmada durante las movilizaciones. De la misma forma actuaron con el informe de Human Rights Watch, el reportaje del New York Times y el informe de la CIDH. El patrón viene de antes. Es una clara herencia, por la forma y por el fondo, de lo que hicieron también la mayoría de sectores mediáticos y de poder, ante los informes nacionales e internacionales que denunciaron los abusos estatales en el marco del conflicto armado interno: denostar al mensajero. Es un asunto de manual.

Pero, sin duda, lo más grave y cuestionable de estos sectores de la prensa tiene que ver con su desconocimiento del valor de la vida humana y los derechos humanos como el eje transversal de la convivencia en democracia. Prefirieron en su relato periodístico, por encima de la vida humana, baldosas, pistas de aterrizaje, vidrios de ventanas. Hicieron de ese discurso algo abyecto y profundamente antidemocrático. Es la prueba más clara de que hay sectores de la prensa peruana donde hay cosas más importantes que defender que la vida y su potencia.