El 19 de marzo se cumplieron los 100 primeros días de gobierno del presidente Javier Milei, período en el que usualmente la oposición concede una tregua a quienes inician un nuevo mandato. Sin embargo, su intolerancia y beligerancia con la oposición, el irrespeto a la institucionalidad al intentar realizar cambios profundos en la economía, inclusive reformas constitucionales, mediante un mega decreto de necesidad y urgencia (DNU), la radicalidad de las medidas económicas que han lacerado, sin precedentes, el poder adquisitivo de la ciudadanía, han intensificado las protestas sociales.

En apenas tres meses tuvo lugar un paro general decretado por la Central General del Trabajo, así como otros sectores (docentes, médicos, trabajadores del transporte aéreo y ferroviario) y múltiples protestas que han sido reprimidas con violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado "su profunda preocupación" ante el "uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas manifestantes y periodistas en Argentina". Asimismo, ha instado al Estado a "respetar el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y labor periodística y garantizar la seguridad". Lo propio han manifestado varios relatores de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Tan controvertida como la política económica es la instrumentación de la política exterior, alineada al gobierno de Estados Unidos e Israel, que Milei anunció con transparencia durante la campaña electoral. Ésta implica un golpe a la construcción de un mundo multipolar y a la integración y cooperación latinoamericana que, salvo el intervalo del gobierno de Mauricio Macri (2016-2020), tuvo a Argentina como uno de sus principales propulsores desde que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en 2003.

La economía

Desde que Javier Milei puso en marcha el programa de estabilización económica en diciembre, el poder adquisitivo de los salarios, la recaudación tributaria, la inversión y el consumo vienen cayendo en picada. La inflación acumulada de los tres primeros meses ronda el 60% y la pobreza se ha incrementado al 57%. Según algunos centros de estudios económicos (Fundación Capital), la caída del PBI este año registrará 4.3%, con lo que se retrocederá a niveles del 2010. El consumo caería un 10% y la inversión 20%. Si no fuera porque las exportaciones están creciendo más rápidamente que las importaciones, la caída del PBI sería aún mayor, dado el declive de la actividad industrial. Pero Milei, el FMI y algunas consultoras internacionales, auguran que pronto vendrán tiempos de bonanza. Sentados frente a sus computadoras a miles de kilómetros, no captan el humor social que aflige a gran parte de la población que ve perder su poder adquisitivo a pasos acelerados.

Para el presidente argentino haber logrado cerrar la brecha fiscal durante el primer bimestre de su gestión, representa un éxito rotundo. En efecto, en dos meses consecutivos los ingresos superaron a los gastos, incluso después del pago de intereses de la deuda. Este superávit fiscal se sustenta en la licuación de los haberes de los jubilados y los salarios, la suspensión de la transferencia de recursos a las provincias, la eliminación de subsidios y prestaciones sociales (envíos de alimentos a comedores populares y medicamentos a los hospitales), desfinanciamiento de las universidades, instituciones de la cultura, de la ciencia y la tecnología, congelamiento de la obra pública, despidos en el sector público, entre otros. A ello hay que agregar algún maquillaje –para demostrar “el éxito”– como la postergación de pagos a las generadoras eléctricas.

No se necesita ser economista para saber que este ritmo de ajuste no es sostenible por la recesión que está causando. Los empresarios del sector manufacturero han expresado su preocupación por los sectores que están suspendiendo y despidiendo personal, como resultado de la caída de la demanda de hasta 50% en algunos casos, en un contexto en el que en la industria hay un uso de la capacidad instalada de apenas 36%. El entramado productivo industrial en las pymes se ha visto seriamente resquebrajado al incrementarse los despidos y las deudas impagas.

Milei considera un numerazo el hecho de que la inflación del mes de febrero haya registrado 13,2%, luego de haber alcanzado un 25,5% en diciembre y 20,6 % en enero. Al día siguiente de haber asumido el gobierno, el presidente devaluó el peso en 118%, lo que duplicó el nivel de inflación mensual. Con salarios estancados, y poco consumo, la inflación ha tendido a bajar. Pero lo que no dice Milei es que la tendencia no se puede sostener. Inclusive ha tenido que posponer el incremento de tarifas de los servicios públicos para lograr ese resultado. Además, los altos niveles de inflación están licuando los efectos de la devaluación y hay presión por una nueva depreciación de la moneda de parte de los sectores del campo, que deben liquidar próximamente en el país la venta de la cosecha. De producirse, ésta imprimiría un nuevo incremento de precios, aunque no en la misma magnitud, dado el estado recesivo de la economía.

La política económica de Milei no es desconocida para los latinoamericanos y mucho menos para Argentina, Bolivia y Chile en los ochenta, y Perú, Brasil, así como muchos otros, en los noventa, en el marco del Consenso de Washington. Entonces, el gobierno estadounidense promovió la iniciativa del Plan Brady para reducir la carga de la deuda externa, se contó con créditos del Banco Mundial y del FMI para realizar las reformas estructurales y se dispuso de recursos provenientes de la privatización de las empresas públicas que se vendieron a precios de ganga. En Argentina, Carlos Menem (1989-1999) también instrumentó estas políticas en paralelo al gobierno de Fujimori. Tanto Fujimori como Menem y Collor de Mello en Brasil, ganaron las elecciones anunciando programas contrarios a las políticas económicas que instrumentaron, pero no había opción para algo distinto. América Latina, atravesaba una crisis de sobreendeudamiento e hiperinflación.

Menem logró abatir la inflación luego de instrumentar el régimen de convertibilidad al equiparar el tipo de cambio del peso en una relación de uno a uno con el dólar. Esa política monetaria requería de ingresos de capitales –para evitar la emisión monetaria–, y así controlar el déficit fiscal. Este flujo estuvo presente en los primeros años, vía préstamos, ingresos por exportaciones que atravesaron un buen momento, recursos de la venta de las empresas públicas, entre otros.

Pero los tiempos cambiaron. Tuvieron lugar crisis económicas internacionales en el sudeste de Asia, en México y en Rusia, y las exportaciones cayeron, al igual que el ingreso de capitales. Se produjo entonces una reducción de la producción industrial y alto desempleo, que ya venía ocurriendo como resultado de la liberalización económica y la restricción de los créditos que condujeron a un despeñadero económico, que estalló en diciembre del 2001 con la huida del entonces presidente de la Alianza (UCR-FREPASO) Fernando de la Rúa (1999-2001), tras las protestas y saqueos que incendiaron el país –especialmente por la imposición de un corralito bancario– y ocasionaron la muerte de casi 40 argentinos.

Las políticas neoliberales como las que Milei instrumenta actualmente fueron aplicadas también durante la dictadura militar por el ministro de economía José Alfredo Martínez de Hoz, entre 1980 y 1983, y terminaron en un rotundo fracaso. La diferencia con Milei es que es la primera vez que la ciudadanía elige democráticamente su aplicación. Como candidato, y con total cinismo, Milei ofreció que tales medidas recaerían sobre la casta política y no sobre “los argentinos de bien”.

Relaciones carnales con Estados Unidos

Durante la campaña electoral, Milei definió con toda claridad los lineamientos de su política exterior y dijo que no tendría relaciones comerciales ni diplomáticas con países comunistas. En ellos incluyó a Brasil y a China, sus dos principales socios comerciales. La realidad económica lo hizo recular y se limitó a enfriarlas. Su política exterior responde al diseño estratégico del mundo unipolar dirigido por Estados Unidos y el Reino Unido. Así, le da la espalda al proyecto de la Ruta de la Seda liderado por China, ha renunciado a ser parte de los BRICS, que propugnan un mundo multipolar. Asimismo, intenta abrir las puertas a las fuerzas militares estadounidenses para patrullar el mayor río navegable de Argentina, por el que transitan aproximadamente 80% de sus exportaciones agrícolas.

En efecto, la primera medida que tomó Milei fue rechazar la invitación que los presidentes de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), extendieron a seis países, incluida Argentina, para conformar un BRICS ampliado. Actualmente hay más de 40 países en la lista de aspirantes a formar parte de esta agrupación entre los que se encuentran México, Venezuela, Uruguay, Tailandia y Túnez, entre otros.

Poco después, Milei realizó un viaje de carácter religioso a Israel y le prometió a Benjamín Netanyahu, en plena masacre a la población palestina de Gaza, el traslado de la sede de la Embajada de Argentina de Tel Aviv a Jerusalem, emulando a su ídolo Donald Trump, quien la mudó en 2018, siendo seguido, apenas por los gobiernos de Guatemala y de Papúa Guinea. Este compromiso de Milei dio lugar a una protesta de Hamas, que colocó a Argentina como "socio del ocupante sionista en sus violaciones contra nuestro pueblo palestino”. El Presidente parece no tomar en cuenta los atentados contra la Embajada de Israel en Argentina (1992) y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994, que ocasionaron 110 muertes.

En febrero, el presidente participó de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) realizada en Washington, en la que estuvieron el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, Santiago Abascal de Vox, y Donald Trump, a quien le dio su apoyo en las próximas elecciones de noviembre. Este foro ultraconservador de derecha niega la urgencia del cambio climático, es contrario a la globalización y considera el aborto como un asesinato, entre otras gracias.

Sin contar con la aprobación del Congreso Nacional (Ley 25.880) ha invitado a tropas militares estadounidenses a operar a lo largo del tramo argentino del río Paraná. A mediados de marzo tuvo lugar una reunión en la que participaron Gastón Benvenuto, contralor de la Autoridad General de Puertos de Argentina, Mauricio González Botto, secretario de empresas y corporaciones del Estado, el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, y Adriel McConnel, representante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, producto de la cual firmaron un memorando de entendimiento que permite al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos realizar “tareas de mantenimiento” a lo largo de la vía fluvial del río Paraná-Paraguay.

Estas conversaciones tienen lugar a pesar de que el denominado proyecto de Ley Ómnibus fue rechazado por el Congreso en febrero. En el proyecto se había incluido una propuesta para facultar al poder ejecutivo a “autorizar la entrada al país de tropas y equipos de fuerzas armadas extranjeras con fines de ejercicios, entrenamiento y o actividades protocolares”, así como el despliegue de fuerzas argentinas en el exterior. Por la ruta transitan las grandes corporaciones alimentarias norteamericanas ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, así como la empresa china de commodities COFCO. Además, es una ruta muy transitada para el envío de narcóticos ilegales a Europa, principalmente cocaína, que salen del puerto de Rosario.

En sus 100 días de gestión Milei ha recibido, entre otros, al secretario de Estado, Anthony Blinken; el subsecretario de Finanzas Internacionales del Departamento del Tesoro, Brent Neiman; la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, Gita Gopinath; y el subsecretario de Estado para la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, al Jefe de la CIA, William Burns y se prepara para recibir a fines de abril a la generala Laura Richardson, jefa del Comando Sur.

Si bien Milei todavía cuenta con el respaldo del 45% de la ciudadanía (en tres meses ha caído desde el 62%), la gobernabilidad parece muy incierta. El presidente aspiraba a gobernar por la Ley Ómnibus, que pedía facultades extraordinarias para gobernar sin el concurso del Congreso y por un DNU, que modifica más de 300 leyes y es anticonstitucional. Al haber sido rechazado por el Senado a mediados de marzo, pasará al recinto de la Cámara de Diputados. Si se rechaza, será una derrota política más para Milei y su accionar quedará limitado. Mientras tanto, el DNU está vigente y le permite al gobierno avanzar su programa económico y político.

No son buenas sus relaciones con la vicepresidente Victoria Villaruel, hija, sobrina y nieta de militares, quien ha reinvidicado la ‘teoría de los dos demonios’ para equiparar la violencia de los grupos guerrilleros con el terrorismo de Estado. Ella actúa sola y tiene grandes ambiciones de poder. Milei está cercado por funcionarios vinculados al fondo de inversiones BlackRock, el más grande del mundo, con grandes intereses en comprar tierras y explotar las riquezas argentinas en un marco liberal, sin límites. Según lo señala el economista Horacio Rovelli, para BlackRock trabajan el Presidente del Banco Central, Santiago Bausili y el Ministro de Economía, Luis Caputo —quien desde su función de Secretario de Finanzas en tiempos de Mauricio Macri contrajo el mayor crédito de la historia con el FMI, y terminó fugándose del país—. Ambos tienen una consultora llamada Anker Latinoamérica que asesora a grupos como Vanguard y BlackRock sobre inversiones en la región.

Además de la inconsistencia del programa económico y el descontento creciente de la sociedad, su agresividad, intolerancia y otras preocupantes características de Milei, dificultan el diálogo y los acuerdos con otras fuerzas políticas y sociales, lo cual presagia las dificultades que atravesará su gobierno, y con él, la Argentina.