Los salarios corrientes del trabajo dependen del contrato establecido entre dos partes cuyos intereses no son, en modo alguno, idénticos. Los trabajadores desean obtener lo máximo posible, los patronos dar lo mínimo. Los primeros se unen para elevarlos, los segundos para rebajarlos. No es difícil, sin embargo, prever cuál de las partes vencerá en la disputa y forzará a la otra a aceptar sus condiciones.

El autor de la cita no es Marx, sino Adam Smith. La cita ilustra de manera transparente que el conflicto laboral responde a una racionalidad económica, donde cada actor quiere maximizar sus beneficios.

En el Perú, lejos de ser regulado como en otros países,¹ este conflicto se desarrolla a través de un entramado de tensiones que han sido normalizadas por un sentido común neoliberal. Trabajar sin contrato es una forma de violencia, como lo es un contrato temporal que no corresponde, laborar sin condiciones de seguridad, despedir a un dirigente sindical o ser víctima de maltratos o acoso y no disponer de instituciones eficaces que protejan o defiendan. Sin embargo, esta violencia es invisibilizada por un discurso que nos habla de “rigidez laboral” y denomina colaboradores a quienes son trabajadores. Silenciar la conflictividad laboral ha sido uno de los principales éxitos de la clase empresarial.

Queremos ilustrar dos escenarios generales del conflicto laboral que a manera de una guerra silenciosa se desenvuelven. Proponemos entonces un primer frente ubicado en el centro de trabajo, es decir, en la empresa, ya sea esta una pequeña unidad económica o una gran empresa transnacional. Los actores de esta disputa son trabajadores y empleadores, en tanto clases sociales. Un segundo frente -el más visible- comprende la disputa laboral en el terreno nacional en donde sus actores son los gremios en tanto representaciones organizadas del capital: CONFIEP, Sociedad Nacional de Industrias, Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) o Cámara de Comercio de Lima, entre otras; y las que representan al trabajo organizado: CGTP, CATP, Federación Textil, Fetrimap entre otras organizaciones.

Básicamente lo que queremos afirmar es que la guerra silenciosa que se desarrolla en el mundo del trabajo la están perdiendo los trabajadores en tanto clase y sus gremios sindicales.

El primer frente: precarios, más que informales

La categoría de informalidad laboral resulta cada vez más inexacta para entender la dinámica del mundo del trabajo y especialmente los conflictos que en ella se desarrollan. Por eso desde un punto de vista analítico es más útil utilizar el concepto de “precariedad laboral”.² Al mismo tiempo, ilustra la desigual condición entre trabajadores y empresarios dentro de un centro laboral. Los trabajadores precarios que laboran sin contrato laboral carecen absolutamente de derechos. Un texto antiguo pero vigente de Yamada[^3] registraba trabajadores con jornadas de más de 60 y 70 horas semanales. La inmensa mayoría de trabajadores sin contrato no conoce vacaciones, descanso dominical remunerado, seguro de salud o régimen de pensiones.

El mundo del trabajo precario tiene muchos rostros: puede ser la de un joven en un taller textil de Gamarra con jornadas de doce horas; una migrante venezolana en un restaurante de lunes a sábado por 800 soles mensuales; un trabajador en una estación de gasolina que va rotando con contratos temporales de tres meses y el salario mínimo. Puede ser también la de un camarógrafo que trabaja algunos días de la semana en jornadas de dieciséis horas continuas mediante recibo por honorarios para una empresa contratista, que a su vez trabaja para otra empresa contratista, que a su vez trabaja para una empresa publicitaria, que ha sido contratada para filmar un comercial para una empresa transnacional.

La violencia ejercida no se agota en malas condiciones laborales. La precariedad laboral es uno de los elementos constitutivos de un modelo de dominación social que se expresa también en prácticas racistas, machistas, homofóbicas y finalmente en el poder despótico del despido cuando el trabajador o trabajadora decide reclamar. En la precariedad laboral de los trabajadores sin contrato se aplica bien el lema Borg: toda resistencia es inútil.

Trabajadores con contrato temporal

Luego tenemos a los trabajadores que han logrado disponer de un contrato laboral en una empresa “formal”. Los contratos que predominan son los temporales. Lo que debemos entender es que un contrato “temporal” supone un despido adelantado. De esta manera se establece una incertidumbre como incentivo para la productividad del trabajador, al mismo tiempo que un poderoso disuasivo para cualquier reclamo. Todo trabajador temporal sabe que si se organiza en un sindicato, la empresa ya no va a renovarle el contrato, es decir despedirlo. Es aquí donde el abuso generalmente adquiere la forma de horas extras no pagadas. La empresa va a tratar de extraer la mayor cantidad de trabajo no pagado, ya sea mediante promesas de una futura estabilidad laboral o cuando esto no funciona, a través de simples amenazas.

Llegados a este punto un lector sensible estará preguntándose si no estoy exagerando puesto que tenemos un Ministerio de Trabajo y una Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, sendas instituciones que deben velar por el cumplimiento de las normas y castigar a aquellos que las infringen.

Lamentablemente, la guerra que la clase empresarial viene ganándole a los trabajadores se apoya en la inercia institucional (path dependence) del MTPE que viene desde la reforma neoliberal de Fujimori. La ausencia de voluntad política que se traduce en indiferencia frente al desbalance en el conflicto laboral se ve agravada por un reducido presupuesto que ha convertido a dicha institución en un ejemplo también de precariedad laboral e ineficiencia institucional. ³

Limitaciones que comparte SUNAFIL convirtiéndose en un espejismo de fiscalización. No existe en el actual gobierno voluntad política alguna para fiscalizar el fraude y abuso laboral. Pero esto no es reciente. La lógica que hemos normalizado es lamentar cada desgracia laboral -como la muerte de Ana Betsabé Torres Cochachín (46), Joel Mario Condori Rejas (27), Zoledad Moreima Oliveros (42) y Sonia Graciela Repetto Chamochumbi (71), trabajadores de UVK que mueren en el incendio del cine en el centro comercial Larcomar en noviembre de 2016 o la muerte de Jovi Herrera (20) y Jorge Luis Huamán (19) en el incendio de la galería comercial Nicolini en junio de 2017 mientras estaban encerrados en un contenedor o la muerte de los trabajadores Gabriel Campos (18) y Alexandra Porras (19) electrocutados en un local de Mcdonald's en diciembre de 2019 mientras limpiaban el local. Cada vez que un accidente mortal ocurre en un centro de trabajo aparece SUNAFIL y promete mayor rigurosidad y prevención, para que luego todo siga igual.

Los sindicalizados

El 5% de trabajadores asalariados del sector privado tienen estabilidad laboral y han decidido afiliarse a un sindicato. No es una idea descabellada si consideramos que un trabajador no sindicalizado durante el 2022 ha ganado en promedio 2,536.00 soles mientras que uno sindicalizado recibe 3,592.00 soles.⁴ Es decir, un trabajador sindicalizado gana 41.6% más que uno sin sindicato. Allí hay una pista bastante clara para entender porque las empresas no quieren sindicatos.

Ese logro sin embargo no se alcanza generalmente sin un conjunto de “batallas”: plantones, marchas, huelgas, demandas judiciales, etc. Es cierto que en el Perú existen poco menos de un centenar de sindicatos lo suficientemente fuertes para incrementar derechos y mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo. Luego la mayor parte de los sindicatos básicamente defienden lo que ya tienen en condiciones de trabajo y buscan un aumento remunerativo cercano a la inflación. Finalmente tenemos sindicatos pequeños que ya sea por sus propias limitaciones o por una política empresarial muy agresiva como en el caso de Ripley o Saga Falabella, no logran concretar convenios colectivos exitosos.

En este escenario, la libertad sindical resulta casi un eufemismo pues las declaraciones de su vigencia y respeto en la Constitución no se traducen en instrumentos eficaces para su protección. Hace unas semanas un grupo de trabajadores de la empresa televisiva Latina despidió a la casi totalidad de dirigentes y afiliados de un sindicato. Unos meses antes ocurrió exactamente lo mismo con trabajadores sindicalizados de un casino y anteriormente con los trabajadores de un restaurante muy conocido y así podríamos continuar. Despedir a un trabajador sindicalizado o incluso a un dirigente sindical sigue siendo la respuesta recurrente de muchas empresas pues el marco legal no protege de manera eficaz a los sindicalistas.

El segundo frente: los gremios

Luego tenemos el campo de los gremios de empresarios y trabajadores que junto con el Ministerio de Trabajo como representante del Estado peruano discuten alrededor de la política laboral. Los gremios de ambas clases sociales disponen de una legitimidad bastante débil. La CGTP y las otras centrales sindicales encuentran difícil representar a todos los asalariados descritos anteriormente. En parte por una muy limitada renovación generacional y una escasa participación de mujeres trabajadoras. Hay también dificultades para renovar el repertorio de lucha y definir una dirección política autónoma y no sólo reactiva. Mientras que los gremios empresariales lucen golpeados por denuncias de corrupción y la presencia de empresas trasnacionales, sin embargo, disponen de un marco normativo laboral que les favorece. Los pilares del orden jurídico laboral fueron establecidos por la reforma neoliberal fujimorista de los 90s y salvo ligeras modificaciones se mantiene.

La debilidad de los actores laborales nacionales se expresa también en la inopia del Consejo Nacional de Trabajo. Esta importante instancia de diálogo social ha terminado utilizada por cada gobierno de turno para ralentizar la discusión de algún tema importante, como el incremento del salario mínimo o la modificación de alguna norma legal. Resulta urgente una modificación de sus procedimientos de funcionamiento y toma de decisiones.

Mientras ningún actor logre romper la inercia institucional existente en el mundo del trabajo, no tendremos cambios significativos. Sin embargo, el conflicto en el mundo del trabajo tiene sus vaivenes. Los sindicatos que agrupan a las trabajadoras del hogar han logrado a base de perseverancia que se promulguen las leyes necesarias para garantizar sus derechos laborales. El reto es hacerlas cumplir. Los trabajadores de la agroindustria de Ica y Trujillo lograron derogar el injusto régimen agrario mediante fuertes protestas que costaron la vida de varios trabajadores. Una lucha que se ha desarrollado casi sin la participación de los pequeños sindicatos que existen en dicho sector económico. Se trata de un ciclo de protestas que son parte de un proceso más largo de conformación de una clase obrera vinculada a la agroindustria.⁵ Asimismo, en los últimos meses un grupo de trabajadores del servicio de delivery se ha organizado sindicalmente. El camino que tienen por delante es bastante largo y difícil, pero al igual que muchos otros contingentes asalariados en todo el territorio nacional siguen organizándose a pesar de tener todo en contra. Es cierto que los trabajadores peruanos vienen perdiendo la guerra de clases, pero aún no están derrotados.