A un año del Bicentenario de la República, a 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba, con 5 años de vigencia de la Ley Universitaria y en el mes de los 468 años de la Decana de América, bien vale la pena presentar algunas inquietudes sobre el carácter de la universidad pública (UP) en nuestro país. ¹

¿Qué es una universidad pública? No he encontrado una definición oficial en la Constitución vigente, en la Ley General de la Educación, ni en esta última Ley Universitaria. Precisar e instituir la naturaleza y funciones de la UP tendría diversas e importantes implicancias. Para empezar, superar la “homologación” existente entre universidades públicas y privadas, que ni ayuda al perfilamiento de cada una, ni favorece sinergias entre ellas.

Esta definición podría también mejorar la relación entre las UP y el Estado, que es una larga historia de cuerdas separadas. En buena parte de las entidades estatales no se reconoce a las UP como parte del entramado estatal, y a la vez, éstas no se hacen notar lo suficiente ni hacen incidencia expresa. Como contraparte, las UP no se sienten parte sustantiva de lo estatal. Y la “autonomía”, esgrimida por unos y utilizada por otros, ha sido (y sigue siendo) la coartada para consolidar este antiguo desentendimiento.

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La UP es un universo bastante heterogéneo. Una definición compartida podría contribuir a formar un sistema articulado y colaborativo. Por ejemplo, no todas las UP deben ser nacionales, algunas debieran ser regionales y otras macroregionales. Ese dimensionamiento de ámbitos, funciones y especializaciones deberían ayudar a establecer mejor los desafíos y las prioridades institucionales, así como las interacciones con los distintos niveles de gobierno y poderes del Estado, con el sector privado y sus universidades, con la cooperación internacional, con los territorios y sus distintos grupos de interés.

¿La UP está contribuyendo al desarrollo regional y nacional? En términos declarativos sí. Todos los estatutos de las UP, reformulados en el marco de la nueva Ley Universitaria, incluyen la vinculación con el desarrollo nacional o regional. Pero ello no se manifiesta en la formación académica, la investigación científica y la responsabilidad social.

El Plan Bicentenario, el Plan Estratégico Sectorial Multianual de (PESEM) Educación y el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Educación (MINEDU), como instrumentos de gestión estratégica no precisan cuál es la contribución específica y medible del aporte de la UP al desarrollo nacional y regional. El Proyecto Educativo Nacional al 2021 es el único que presenta un objetivo estratégico (el 5to.) y tres resultados al respecto, pero al no ser vinculantes, queda apenas como una buena referencia y en el fondo, como evidencia de la débil rectoría del MINEDU sobre la UP.

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Desde las UP la situación es bastante similar. Lo estatal y el desarrollo nacional y regional no son un horizonte, salvo excepcional y circunstancialmente. Aspectos clave como la organización y funcionamiento del Estado, el planeamiento estratégico nacional o las principales políticas sectoriales, no son materia de ningún curso en estudios generales o en las especialidades de pregrado. Igualmente, salvo puntuales casos, no hay una vocación por priorizar la investigación académica y la oferta formativa especializada sobre los asuntos cruciales de la agenda nacional o regional.

Finalmente, la relación Estado y UP no debe seguir teniendo como principal y solitario protagonista a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). Sin duda, su rol es importante para el licenciamiento y acreditación de todas las universidades, pero ese es apenas un nivel de esta relación. Ya es tiempo que entren en escena otros actores como la Presidencia del Consejo de Ministros, el Centro de Planeamiento Estratégico, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Asociación Nacional de Gobiernos Regionales, la Asociación de Universidades del Perú y, claro, un Ministerio de Educación empoderado y proactivo en su rol rector. Y que las futuras noticias sean sobre los aportes de las UP al desarrollo nacional y regional, en colaboración entre ellas o en múltiples alianzas y alineamientos.

Una nueva universidad

Una mejor definición del carácter público de la universidad podría ser una oportunidad para reivindicar el sentido revolucionario y radical del movimiento universitario (docentes y estudiantes). Una nueva universidad es posible, sí, pero es necesario remontar desde las raíces su actual orden establecido, asumir banderas de cambio profundo y predicar con el ejemplo. En estas circunstancias, ser revolucionario bien puede equivaler a ser un destacado alumno, un docente de primer nivel, un calificado investigador, un activista de la responsabilidad social universitaria. Revolucionarios, además, de distintas corrientes ideológicas. Así se justifican los aportes de todos los peruanos, que hacen posible que se pueda estudiar y ejercer la docencia. Cualquier integrante de la comunidad universitaria pública debe ser capaz de responder con eficiencia y creatividad ante la oportunidad de asumir un rol como decisor o gestor público. Y, por qué no, no descartar la posibilidad de ser un competente y probo aspirante a representante o autoridad política.