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Covid-19: Van dos años

Dos años pandémicos (en precariedad institucional endémica)

Dos años pandémicos (en precariedad institucional endémica)
Ministerio de Salud | ministeriodesalud en Flickr

Una de las grandes lecciones aprendidas durante estos dos años pandémicos, es que no se pueden hacer predicciones categóricas. Lo vivimos en carne propia cuando en el mes de octubre del 2020 el economista Waldo Mendoza afirmó de manera categórica que era “casi imposible que se dé una segunda ola de contagios en el Perú”. Las cifras en esas épocas efectivamente habían caído de manera dramática y su teoría fue aceptada acríticamente por un país agotado y necesitado de creer que ya salía del túnel. Lo cierto era que no teníamos vacuna y la curva cayó sin que existiera (y aún no existe) una teoría que lo explicara fehacientemente.

Mendoza fue designado posteriormente Ministro de Economía y, convencido de su teoría, actuó en consecuencia; aceleró el proceso de apertura de la economía y cerró el caño al sector salud, lo que significó corte de contratos para el personal de salud y el desmontaje de las estructuras hospitalarias temporales. Como en otras oportunidades, la realidad respondió de manera violenta. No solo se produjo una segunda ola, sino que ésta dejó una estela de muerte mayor que la primera. Fallecieron 113,208 compatriotas, 26,196 más que en la primera.

Sería poco profesional decir que este resultado se debe única y exclusivamente a la intervención de Mendoza; a la base se encuentran la extrema debilidad del Estado peruano para garantizar servicios de calidad, en general, y de salud, en particular, así como la presencia de una nueva variante más agresiva que las anteriores, la Delta. Recordemos, además, que, como en la primera ola, en esas fechas no teníamos acceso a vacunas contra esta enfermedad.

Hoy, nuevamente, circulan teorías – que incluso permean el discurso oficial – sosteniendo que la pandemia se mueve a su fase de endemia; vale decir, una enfermedad con la cual el ser humano tendrá que lidiar de forma permanente y que, eventualmente, generará brotes epidémicos aislados de carácter cíclico o territorial. Nuevamente, la teoría de la endemia es más que bienvenida por un pueblo duramente golpeado por la enfermedad y necesitado de creer que “ya salimos de ésta”. Más aún si estás vacunado.

Sin embargo, una vez más, las teorías empiezan a desmoronarse frente a la primacía de la realidad. La ola Ómicron BA.2 ya empezó a golpear Europa y la región del Asia Pacífico; como otras veces, no hay una explicación clara de por qué se está dando este repunte, pero ya empieza a encender las alarmas.

Sobre la base de esta teoría (¿deseo?) de que nos movemos hacia la fase endémica, usándola, equívocamente, como un equivalente de menor peligro, una vez más, las autoridades se apuran a tomar decisiones que implican un enorme riesgo sanitario, aprovechando la precariedad endémica institucional para procesar y filtrar evidencias que sirvan para las políticas públicas. Así, a trancas y barrancas, impulsados por su vena populista, el 28 de febrero de este año el gobierno del presidente Castillo, secundado por su ministro de Salud, elimina todas las restricciones y los negocios empiezan a atender con 100% de aforo. Una decisión controversial si tomamos en cuenta las enormes brechas que aún existen en la cobertura vacunatoria contra el COVID-19.

Si nos concentramos en la población en mayor riesgo a desarrollar enfermedad grave o fallecer, vale decir la población mayor de 40 años, la cobertura promedio es de 88.4%; sin embargo, en regiones como Tacna, Huancavelica, San Martín, Huánuco, Ayacucho, Ucayali, Loreto, Puno, la no supera el 70% y en Amazonas y Madre de Dios, el 60%. En otras palabras, en estas regiones entre 3 y 4 personas mayores de 40 años de cada diez, no han recibido sus dos dosis y están desprotegidas.

La situación de riesgo empeora si evaluamos la cobertura de tercera dosis; vale decir, aquella que confiere la mayor protección. En este mismo grupo etáreo (mayores de 40 años), la cobertura a nivel nacional es del 59.3%, pero en 14 regiones no pasa del 30% y en 4 no supera el 20%. Estos son los casos de Loreto (19.25%), Ayacucho (18.98%), Madre de Dios (14.4%) y Puno (13.16%); vale decir, en estas últimas, entre 7 y 8 compatriotas de cada diez no tienen protección efectiva.

La situación se agrava aún más cuando todos los reportes indican que el ritmo de vacunación va descendiendo de manera dramática, un efecto de la renuncia de todo el tren directivo de la estrategia de vacunaciones que siguió al cambio ministerial, incluyendo a la directora de la estrategia, el viceministro de salud pública y el comité consultivo.

Así, a la circulación de teorías sobre la transición a la pandemia que genera una sensación de falsa seguridad, a la eliminación de la restricción de aforos – sin bases sólidas que lo justifiquen – y a las todavía enormes brechas de vacunación, se suma la descapitalización en el liderazgo del sector salud, el que no se restringe al campo de las vacunas. Producto de una negociación política, el Presidente cambió al titular del sector y designó al médico Hernán Condori, el cual tuvo el rechazo unánime de todas las organizaciones de la corporación médica (Colegio, Federación, Asociación) y de todas las facultades de medicina del país.

Así, con otros actores y otras dinámicas, pero de espaldas a la emergencia sanitaria, los actores políticos vuelven a repetir lo vivido en noviembre del 2020. De espaldas a la pandemia, priorizan sus intereses particulares y partidarios de corto plazo. El resultado, la pérdida de la confianza y la certidumbre recobradas durante la campaña de vacunación donde la población vio al Estado en acción, garantizando la entrega universal, gratuita y segura de un bien público en salud. Un bien que, además les restablece la seguridad y gran parte de su vida “normal” perdida.

Y la pérdida de la confianza no es un tema menor. Un último estudio publicado en la revista The Lancet, realizado de forma colaborativa entre la Universidad de Washington y el prestigioso tanque del pensamiento “Consejo de Relaciones Exteriores”, que cubre 177 países, demuestra que “si todas las sociedades tuvieran una confianza en el gobierno al menos tan alta como la de Dinamarca, el mundo habría experimentado 13% menos de infecciones. Si la confianza social (confianza entre las personas) alcanzara el mismo nivel, el efecto sería aún mayor: un 40% menos de infecciones a nivel mundial”. En otras palabras, al minar la confianza, se debilita un arma fundamental de lucha contra la pandemia.

A los riesgos señalados, se suman demandas sobre el sector que no existían antes de la pandemia o que requieren urgente atención por su larga postergación y altos niveles de embalse. Entre los nuevos temas de agenda están aquellos derivados de haber contraído la enfermedad; primero, el denominado “covid largo”, una polimorfa condición cuyo manejo requiere la participación de varias especialidades; segundo, el manejo y tratamiento de las múltiples secuelas derivadas de las largas estancias hospitalarias, especialmente, en las unidades de cuidados intensivos. Aquí también, se requerirá la intervención de varias especialidades, incluyendo la rehabilitación física, la reconstrucción quirúrgica y el manejo de la salud mental. Ambos temas no están considerados en ningún plan de pandemia.

Pero también está el embalse. Cirugías postergadas, tratamientos reprogramados, ciclos diagnósticos interrumpidos, rehabilitaciones perdidas y todo aquello que no ha podido ser manejado usando las herramientas de la salud digital, incluyendo recuperar el calendario de vacunas de la población en general, y de la población infantil, en particular.

La agenda sanitaria se ha complejizado, por tanto, el sistema de salud debiera empezar a hacer las adecuaciones institucionales para responder a esta presión. ¿se está produciendo esto? La respuesta es no. En estos dos años, la pandemia ha desnudado una y otra vez nuestra endémica precariedad institucional, la precariedad de un Estado que mostró, en toda su dimensión, su incapacidad general para ser garante del derecho a la vida y la salud, para ser proveedor de servicios esenciales para proteger la vida, especialmente en situaciones de grandes emergencias como ésta.

Una señal de gravedad de esta precariedad institucional endémica es la incapacidad para aprender las lecciones que la propia pandemia nos deja y actuar en consecuencia; prueba de ello es que no existe ninguna iniciativa para iniciar las transformaciones esenciales que nuestro sistema de salud necesita. Y no nos referimos ya a reformas profundas tales como la creación de un sistema público único de salud o construir las nuevas bases de la descentralización en salud, o transformar el propio diseño del Ministerio de Salud fortaleciendo su capacidad rectora, sino a modernizar piezas claves de la gestión, algunas de ellas, incluso, iniciadas antes de la pandemia o formuladas y aprobadas legalmente mientras ésta se desarrollaba.

Cuatro ejemplos de una agenda urgente de acción, que se encuentran postergadas o encarpetadas, son:

Medicamentos. Implementar de forma urgente el Decreto de Urgencia 007-MINSA 2019 que fortalece las capacidades de compra y distribución de medicamentos esenciales. Esta medida debería ser complementada con la modernización del sistema nacional de abastecimiento, que debiera incorporar nuevos mecanismos de compra, especialmente para tecnologías innovadoras, bienes que nos han sido esquivos y a los que hemos llegado tarde por la obsolescencia de nuestras normas.

Vigilancia de base laboratorial. Desde su aprobación, el 6 de mayo del 2020, el DL 1504, norma creada para fortalecer las capacidades y competencias del Instituto Nacional de Salud, duerme el sueño de los justos empolvándose en algún anaquel esperando las normas complementarias que lo hagan vigente. Si hablamos de generar evidencia o evaluar las que sean útiles para la toma de decisiones, desarrollar o evaluar nuevas tecnologías o hacer investigación oportuna y de calidad, así como modernizar la epidemiología nacional, se requiere un nuevo INS. No hacerlo así, perpetúa nuestra precariedad.

Recursos humanos. Durante la pandemia, el sector salud implementó una serie de mecanismos para atraer personal al sistema. Tanto para atender a los pacientes, como para vacunar al ritmo que lo hemos hecho. El descenso de los casos, a diferencia de octubre del 2020, no debe significar cortarles el contrato y dejarlos ir. ¡Al contrario! Hay que mantener los casi 60 mil profesionales, la mayoría de ellos generalistas. Debiéramos ser capaces de generar nuevos contratos que movilicen este personal a los lugares donde se les necesita más, entre ellos, la mitad de los 8000 establecimientos de salud que no tienen un/a profesional médico/a y desarrollar una agenda de largo plazo para sostener el cierre de brechas.

Financiamiento. Inexplicablemente, este gobierno le ha cortado el financiamiento a estrategias sanitarias clave, tales como la tuberculosis, el VIH/SIDA o el cáncer, especialmente en el rubro de medicamentos, poniendo en serio riesgo a quienes viven con alguna de estas enfermedades o condiciones. Además de los recortes presupuestales, se evidencia un peligroso retraso en la ejecución presupuestal, especialmente en el rubro de inversiones.

En conclusión, la pandemia ha tenido un impacto devastador en la salud peruana y la precariedad institucional endémica, entre otros factores, ha contribuido, y contribuye, a estos resultados. Durante los últimos meses, hemos sido testigos de la agudización de esta precariedad crónica, lo que pone en riesgo, no solo el seguir con éxito la campaña de vacunación (la medida más efectiva contra el COVID-19), sino la capacidad de enfrentar la nueva agenda sanitaria que incluye enfrentar una posible cuarta ola, las secuelas de lo vivido en la pandemia y el embalse de demandas postergadas. La situación es aún más incierta por el hecho que no se han iniciado transformaciones sustantivas en el sistema de salud para mejorar nuestra capacidad de respuesta y el liderazgo del sector se encuentra muy debilitado.