Este artículo tiene como finalidad presentar los factores exógenos, no controlables por los aparatos del Estado, que hacen posible la aparición, maduración y afirmación de estructuras criminales en los territorios, en la sociedad y en la política peruana. A los ciclos extractivos acicateados por fenómenos como la globalización, la revolución tecnológica o la migración de personas, debemos añadir la permanencia de factores determinantes en las relaciones Norte - Sur, que permiten la coexistencia efectiva del tráfico de cocaína, oro o madera, en el marco de las relaciones económicas internacionales.

Gran parte de la literatura sobre el fenómeno de la criminalidad organizada proviene de las ciencias sociales, sea respecto a la conceptualización del fenómeno, ¹sus estructuras organizativas, las dinámicas principales de cada modalidad o aquellos que inciden en su caracterización como empresa con objetivos económicos. ² Hace algún tiempo mencioné tres características que deben atenderse: la magnitud de las operaciones, los signos exteriores de riqueza y la conexión con formas de poder. ³ Son debates importantes para los foros universitarios y académicos que hoy cobran relevancia de orden político coyuntural en el diálogo internacional y el funcionamiento del principio de la responsabilidad común y compartida.

Como funcionario público me interesa advertir sobre la presencia de ciertos factores que promueven, facilitan y en última instancia permiten la incorporación de sociedades rurales enteras del Tercer Mundo en el mundo criminal moderno, exclusivamente para mantener y satisfacer estilos de vida en Europa, América del Norte, Asia u Oceanía. Esto no depende de una voluntad perniciosa por criminalizar un segmento de la sociedad, sino de la forma asimétrica cómo funcionan las relaciones entre el Norte y el Sur.

La asimetría de precios

Tanto en el caso de la cocaína, el oro o la madera, observamos la existencia de un patrón asimétrico entre lo que significa extraer o generar el producto final en los países denominados productores, y el precio que determina la cadena final. Mientras un kilo de cocaína se estima en US $1,100 en puerta de laboratorio, al llegar al Callao alcanza los US $12,000 y puede llegar a los US $40,000 a su ingreso a Europa (precio por mayor).

Hay que anotar una diferencia sustancial entre la cadena de la cocaína y el ciclo del oro. El carácter ilegal de la cocaína determinada por el derecho internacional y el derecho interno, representa un incentivo particular que explica la diferencia abismal de precios en chacra y en las calles de las ciudades de los países desarrollados. En cambio, en la economía ilícita del oro, es en el propio proceso de comercialización posterior a la extracción, que el metal precioso es “lavado” e incorporado a las cadenas legales de comercio del oro. Se pierde la trazabilidad de su origen, por la incapacidad o el desinterés de las autoridades competentes dentro y fuera del Perú. Un ejemplo de ello es el diferencial que existe entre lo producido y lo exportado: entre 2015 y 2019 se reportó una producción de 720 tm y una exportación de 2,242 tm en el país. ⁴

No existe ningún commodity legal en el mercado que tenga la capacidad de competir con los precios de las economías ilícitas. Por ejemplo, en el caso del café y el cacao (principales productos alternativos), el precio oscila entre los US $219 y US $2,217 respectivamente.

La creciente demanda internacional

Un factor común se refiere a las consecuencias de la existencia de una creciente e incesante demanda internacional de los tres productos, uno ilegal, los otros dos legales aunque con modos de producción entre la informalidad y la ilegalidad, y con distinto tipo de liquidez / valor.

En el caso de la cocaína tenemos que el Perú es el segundo productor mundial de coca y de cocaína: hasta los años noventa, 120,000 hectáreas promedio; posteriormente se afianzó en el rango de las 60,000 hectáreas de coca. A nivel regional, este número se ha estabilizado en 234,200 hectáreas principalmente en Colombia, Perú y Bolivia. La producción andina alcanza las 1,982 toneladas métricas de cocaína procedentes de la región andino-amazónica, de las que se decomisan 1,424, quedando 558 toneladas en el mercado final.⁵

En el caso del oro, el Perú es el octavo productor mundial y el primero de América Latina, representando el 17.8% de sus exportaciones.⁶ En el 2019, en el Perú se extrajeron 128.4 toneladas métricas. Vale la pena atender al proceso de legalización formal por el que atraviesa la cadena del oro: al inicio un proceso extractivo con distintos grados de ilegalidad e informalidad, que luego son reconvertidos, en una suerte de lavado de activos previo. En el caso de la madera, al estar el territorio peruano cubierto de bosques en un 57%, facilita la existencia de la tala ilegal a través de la extracción en lugares prohibidos, no habilitados, mediante el uso de guías de transporte forestal falsas.⁷

Es importante señalar el destino final de los tres commodities: en el caso de la cocaína producida en el Perú, principalmente Europa Occidental (80%) y EE.UU (20%); en el del oro, fundamentalmente Suiza (35%), EE.UU (20%), Canadá (20%) y la India (15%).

Algunos puntos de coincidencia

Sin duda existen muchos elementos comunes entre las tres cadenas ilícitas, además de estar perfectamente articuladas a los procesos internacionales de comercialización del producto final, con flujos económicos impresionantes: US$150,000 millones en el caso de la cocaína, entre US$ 52,000 millones y 157,000 millones en el caso de la madera ⁸

Para empezar pueden compartir el territorio donde realizan sus actividades, como es el caso de varios escenarios geográficos en las regiones de Ucayali, Madre de Dios, o en Amazonas; todas zonas con poca presencia estatal y débiles lazos de pertenencia democrática. Un caso particular de fragilidad y vulnerabilidad lo constituyen los territorios de los Pueblos Indígenas y las Áreas Naturales Protegidas.

También comparten “enemigo” (organismos del Estado con una pobre representación y coordinación territorial) y coinciden en el ciclo productivo y los medios de transporte para conseguir sus objetivos. Una debilidad esencial del Estado peruano en cuanto a su capacidad de respuesta es el predominio de la amenaza penal, así como la pobrísima presencia de actores multisectoriales en el territorio.

Existen aproximadamente 80 mil productores cocaleros, 250 mil mineros informales o artesanales, mientras el sector forestal debe incluir aproximadamente a 50 mil personas, con sus familias; casi un millón de peruanos que han decidido vivir a partir de la extracción de estos recursos de forma ilegal desencadenando una profusa red de participantes, desde peones, transportistas, vendedores, lavadores —toda mano de obra informal, no calificada—, que son quienes finalmente detienen los policías y fiscales locales. Estas actividades representan formas de relacionarse con la población mediante la extorsión, la corrupción o incluso diversas maneras de ejercicio de la violencia. Ésta es sufrida por comunidades de indígenas, de campesinos, de gente honrada que se ve rápidamente absorbida por estas cadenas ilícitas.

Otro factor importante es que la amenaza de sanción penal resulta irrelevante, a pesar de que la acción de los poderes del Estado ha sido dirigida a la elevación de penas hasta llegar a la cadena perpetua. Lo mismo sucede con los intentos oficiales de registro, destinados a formalizar a esta población. En este último caso, a los cocaleros les prohíben registrarse manteniéndolos con un padrón de la década del setenta, mientras el registro minero artesanal es en la práctica, absolutamente reducido.

Por esta razón, la cooperación internacional es particularmente esencial para los esfuerzos que realiza Perú en contra de la minería ilegal de oro; sin embargo, el intercambio de información y las solicitudes de acción coordinada y oportuna con funcionarios extranjeros resultan frenados por las limitaciones diplomáticas y de recursos. ⁹ Algo similar ocurre en el caso del tráfico de cocaína: compartimos enlaces policiales con países europeos, nos dan asistencia técnica, pero prefieren utilizar equipos sofisticados para la guerra y no compartirlos para la prevención del delito en zonas de producción.

En tal sentido, resulta imperioso redefinir el denominado principio de responsabilidad común y compartida, que ha predominado los últimos treinta años en el marco del sistema internacional de control de drogas. Bajo este principio han surgido la Iniciativa Andina de 1989, la Estrategia Andina de 1991, el Plan Colombia, el Plan Mérida, los procesos UNGASS (United Nations General Assembly Special Session) de 2009 y 2016. La forma como se ha entendido este principio, no ha servido para reducir la demanda y mucho menos la oferta, no solo en el tema de drogas ilícitas como las cocaínicas, para lo que fue inicialmente pensado, sino en ninguno de los delitos objeto de este artículo.

La actual cooperación internacional para enfrentar el tráfico de cocaína, es diminuta e injusta frente a la magnitud de recursos que mueven estas actividades ilícitas. No solo es reducida en montos, sino que es condicionada a una asistencia técnica que reproduce el monopolio del conocimiento y la tecnología. El sustento de dicha cooperación no debe ser vista como un acto de buena voluntad de parte de los países industrializados, sino como parte del costo que le representa a un determinado país de la OCDE, el ser importante demandante de oro, cocaína o maderas finas.

En cada taza de buen café que se toma un ciudadano comunitario en París, Madrid o Hamburgo, debe pagar no solamente la libra con la que se produjo esa taza, sino también la cocaína evitada, el carbono absorbido, el bosque amazónico y la biodiversidad conservada y la cultura indígena preservada.

Footnotes

1. Finckenauer, J. (2005). Mafia y Crimen Organizado. Problems of Definition: What is Organized Crime. En: Trends in Organized Crime, Vol 8, 63-83. ↩

2. Virgolini, J. Nada Personal. Ensayo sobre Crimen Organizado y Sistema de Justicia. Ediciones Jurídicas Olejnik, Santiago de Chile, 2021. ↩

3. Soberón, R. Drogas y Criminalidad Organizada. Una Aproximación para el Perú. En Politai, Revista de Ciencia Política, Año 3 Revista Número 4, página 59. ↩

4. Tras el Dinero del Oro Ilícito: Fortaleciendo la Lucha contra las Finanzas de la Minería Ilegal, Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, OEA, Noviembre 2021, página 21. ↩

5. World Drug Report. UNODC, 2022. ↩

6. Tras el Dinero del Oro Ilícito: Fortaleciendo la Lucha contra las Finanzas de la Minería Ilegal Departamento contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, OEA, Noviembre 2021. ↩

7. Tala y Tráfico Ilegal de Madera ↩

8. Tala y Tráfico Ilegal de Madera ↩

9. Tras el dinero del oro ilícito. El caso de Perú. Página 39 ↩