De acuerdo al último reporte de la FAO, El estado de seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo ¹, el hambre se incrementó a nivel mundial durante el 2021. La pandemia del COVID-19 no fue la única razón pues, entre los desencadenantes principales se consideran las desigualdades en los países —principalmente por la pobreza que existe en ellos—, así como las limitaciones para el acceso a buenos servicios alimentarios, salud y educación. Para el caso de Perú, el reporte indica que la inseguridad alimentaria grave alcanza al 20.5% de la población, lo cual involucra a más de 6 millones de personas y una inseguridad moderada del rango de 50.5%, que abarca más de 16 millones de personas, ² con lo que nos ubicamos entre los peores situados de América Latina.

Pero hay una paradoja. El reporte del INEI sobre la producción agropecuaria del primer semestre del 2022 indica que la producción nacional agropecuaria aumentó en 4.35% con referencia al mismo periodo del 2021, con una subida de 2.49% en el subsector pecuario y una de 5.35% en el subsector agrícola, destacando la papa. A pesar de la situación de pandemia, los productores agropecuarios incrementaron sus áreas de cultivo, por lo tanto de superficie cosechada y además se vieron favorecidos con las buenas condiciones climáticas sucedidas durante este periodo.

Este escenario en el que coinciden una situación de grave inseguridad alimentaria y un momento de alta producción agropecuaria nos hace notar que el problema es el acceso mismo a los alimentos, antes que su carencia o falta de disponibilidad… al menos por el momento, pues se prevé que la producción disminuya en la próxima campaña 2022-2023 por el incremento de precio de insumos como los fertilizantes.

El tipo de inseguridad alimentaria que experimentamos en el país no es tampoco por desconocimiento sobre el mejor uso de los alimentos, pues los indicadores de desnutrición y anemia no se han deteriorado, lo que sugiere que los mecanismos identificados por las familias para enfrentar el problema del hambre —como la organización de ollas comunes— han tenido resultados positivos en términos de paliar la situación.

Y ya que hablamos de iniciativas desde las familias, debemos señalar que es una vez más el Estado el que no encuentra el camino para protagonizar las soluciones de fondo al problema del hambre y la inseguridad alimentaria. Quedan ocho años para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nuestro país no toma la ruta correcta para el cumplimiento de compromisos asumidos. La corrupción, el desconocimiento, el desinterés, el centralismo, la desvinculación con los gremios agropecuarios y la falta de presupuesto por parte del Estado, ahondan más la difícil situación que atraviesan actualmente las familias. Por ello no es extraño escuchar el reclamo: “¡Somos el pueblo del que usted habla, prosor…!”. Un país rico que hace del pueblo pobres con hambre.