Una medición de opinión pública de junio pasado registraba que 67% de encuestados y encuestadas consideraban que, en materia de progreso en el país, estábamos retrocediendo ¹. Es el porcentaje más alto de desesperanza y malestar desde inicios de la década del noventa del siglo pasado, cuando se empezó a hacer esta pregunta; a la vez, el porcentaje de la población que indicaba que el país estaba progresando alcanzó su valor histórico más bajo, apenas 3%. La percepción de retroceso crece desde el 2017, coincidiendo con el inicio de la crisis política en la que estamos entrampados hasta hoy.

La situación ciertamente se ha acelerado y agravado en la actual gestión del Presidente Castillo. No podía ser de otra manera tratándose de un gobierno que llegó con un discurso de compromiso con el cambio y la denuncia del orden existente, para terminar su primer año como uno más, de continuidad en la visión patrimonial del poder y en la relación clientelar e instrumental con la gente. Cuatro gabinetes, más de 65 ministros, cerca de 140 nombramientos cuestionados por la Contraloría General de la República y los medios de comunicación, el mandatario con 6 carpetas fiscales abiertas que lo indagan por tráfico de influencias, colusión, organización criminal para delinquir y plagio, son rasgos muy visibles de un gobierno que facilitó la brutal campaña de descalificación que instalaron sectores de la derecha y del poder tradicional, con el beneplácito de buena parte de los medios de comunicación. Ni atisbo de cambio, más allá de anuncios bien intencionados de ministros, rápidamente sustituidos, sobre la segunda reforma agraria y una eventual reforma tributaria.

El mandatario optó temprano por el cuoteo como su fórmula de supervivencia, acompañada con su permanente negociación bajo la mesa con congresistas de distintas bancadas, aún antes de instalarse en Palacio. Los “niños”, todo lo indica así, fueron transversales a varias agrupaciones. Entendió rápido, más aún por las mutuas desconfianzas con Cerrón, que su mayor instrumento de permanencia sería bloquear cualquier posibilidad de vacancia y que en ese camino, compartía con buen número de parlamentarios la vocación de duración en el cargo.

El Congreso le hizo el trabajo. Su “fiscalización” se manifestó en la multiplicación de interpelaciones, la presión que llevó a la renuncia de varios ministros y la proliferación de comisiones investigadoras sobre el gobierno, ninguna de las cuales ha dado resultado. Su interés mayor estuvo en la contra reforma -ampliación del plazo de inscripción en las elecciones subnacionales cuando ya estaban convocadas, recomposición del directorio de SUNEDU, regulación de la cuestión de confianza, eliminación del referéndum para reformas constitucionales, revisión de los textos escolares por los padres de familia-, así como en el blindaje a personajes como Merino, Flores Araoz, Chavarry y Edgar Alarcón. Si al inicio del gobierno eran nueve bancadas, hoy son catorce y 5 parlamentarios “libres”, como resultado del transfuguismo instalado como práctica frecuente, donde las bancadas más activas fueron la inicialmente oficialista Perú Libre (perdió 21 congresistas), Alianza Para el Progreso, Renovación Popular y Acción Popular. Y por espectáculo tampoco se quedaron atrás, como lo evidenció el proceso de elección de la nueva Mesa Directiva y la posterior caída de Lady Camones como resultado de grabaciones a la interna del partido de César Acuña.

A lo largo de los últimos meses las encuestas de opinión evidencian sistemáticamente la desaprobación de ambos poderes del Estado, que supera el 70% en el caso del Ejecutivo y el 80% en el del Legislativo. Lo sorprendente es que estas mediciones ², no obstante la multiplicación de indicios de corrupción y arbitrariedad que involucran al entorno más cercano del mandatario, registran un salto significativo en la aprobación de su gestión, mientras que la del Congreso continúa su caída libre.

Los esfuerzos por explicar tales resultados que incomodaron particularmente a varios analistas y opinólogos limeños se concentraron en la figura presidencial deteniéndose en distintas aristas que iban desde la victimización que hacía el mandatario de su situación, hasta la apelación al factor identitario de una figura que insiste en su condición de representante del pueblo excluido. Sin negar la importancia de esos y otros elementos, es innegable que parte significativa de las razones se encuentran en las oposiciones a Castillo, y más allá de ellas en el sistema mismo. Que una institución con el pobre nivel de aprobación del Congreso de la República sea el espacio de exhibición cotidiana de su rivalidad con quien ven como su enemigo político, no desde la lógica de la razón y los argumentos -que pueden tenerlos-, si no desde la discriminación y el racismo, desde la ansiedad que les produce lo que ven como un quiebre de las jerarquías sociales “naturales”, se convierte en la palanca natural de Castillo para responder y golpear. Que en el enfrentamiento y la polarización interesada se hayan sumado buena parte de los medios de comunicación, así como la creciente “judicialización de la política” ³, lo único que hace es ampliar las municiones del Presidente y sus voceros.

Más allá de los indicios y los testimonios, muchos significativos y cada vez más próximos al profesor, la campaña abierta desde la Fiscalía —que por instantes parece corresponsalía de los medios que en minutos reciben todas las primicias— ha hecho de esta institución y de su actual titular, más protagónicas de lo que fueran los últimos años, lo que no es poco decir. Si al mucho ruido y pocas nueces le añadimos que no se trata de instituciones exentas de corrupción, —Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez, Luis Arce, César Hinostroza…—, y sumamos, además, las sorprendentes decisiones de la Fiscal de la Nación que involucran un caso en el que su hermana es parte, entendemos mejor el éxito relativo de la respuesta presidencial. Desde un tiempo atrás, cuando empezó a arreciar la presión del Ministerio Público y de los medios de comunicación y aparecieron propuestas de adelanto de elecciones, el Ejecutivo se puso en modo campaña. A los Consejos de Ministros descentralizados, viajes, discursos altisonantes y promesas, se sumaron las medidas para satisfacer a su clientela más directa —el intento de intervención de la Derrama Magisterial, por ejemplo— y la convocatoria a ciertas organizaciones sociales que buscan espacio y audiencia para sus demandas. Todo ello combinado con iniciativas como el polémico proyecto de ley sobre el papel de los fiscales, las investigaciones reservadas y su relación con los medios, que busca frenar a éstos y a los periodistas en un contexto en el que la multiplicación de denuncias e indagaciones judiciales se acrecienta. El enfoque confrontacional ya instalado por el mandatario estaría respondiendo a las expectativas de parte de sus electores, que esperan de él fuerza y agresividad, que golpee a ”explotadores” y “traidores”, como lo hiciera discursivamente a lo largo de su campaña.⁴

A estas alturas, el éxito inmediato de la estrategia del Ejecutivo es innegable, aunque ciertamente no garantiza nada. No menos paradójico, pero igualmente innegable es nuestro problema de representación.⁵ Como lo indicaba Bobbio, aquella tiene significados que se refieren a la acción según ciertos cánones de comportamiento, y otros que aluden a una dimensión de reproducción de propiedades y peculiaridades existenciales de los representados. ⁶ En nuestro caso, al respecto la tarea aún pendiente radica en mirar con rigor la representación en tanto reproducción de las características de los representados.

En una sociedad donde los individuos, en las distintas relaciones que sostienen, enfrentan una radical falta de formas ⁷ y en un país que, en palabras de Francisco Durand, está fracturado entre lo formal, lo informal y lo ilegal ⁸, parece evidente que tanto el Ejecutivo como el Congreso son bastante representativos de los comportamientos y las características de importantes sectores de nuestra sociedad. Las coincidencias más que frecuentes entre los extremos del espectro político en el Congreso —alrededor por ejemplo de la minería y el transporte informal o de las universidades bamba—, tienen que ver con la representación de grupos y sectores concretos que han crecido, y que desde la gestión de distritos y territorios se vincularon a nuevas y viejas élites locales, a burocracias con capacidad de gasto y a las inversiones en infraestructura, pero también a las grandes empresas y a las pequeñas comunidades. Durante las últimas décadas han ocupado y compartido espacios, y en los últimos años han ganado poder y representación.

De allí que los afanes por superar el entrampamiento y la incertidumbre de la situación que vivimos sean particularmente difíciles. En el corto plazo, no hay salida satisfactoria por el calado de nuestros problemas, que no son sustantivamente distintos a los que se viven en otros países de la región pero que tienen complejidades propias, como la que señalamos en materia de representación. A todo ello se suma la liquidación de los partidos políticos, la fuerza de los intereses de grupo y la desconfianza en la política combinada con la falta de agencia en la sociedad.