Entre diciembre y febrero, 49 personas, entre ellas menores de edad, murieron en Perú y fueron heridas más de 1200, en el contexto de la represión de protestas sociales. Las investigaciones de Amnistía Internacional revelan que las fuerzas del orden utilizaron ilegalmente armas letales e indiscriminadamente armas menos letales, en lo que se puede considerar ataques generalizados contra la población. Sus familias buscan justicia y sentar un precedente para que hechos así nunca vuelvan a repetirse.

“Esperamos que las instituciones le den celeridad a la investigación, que pueda haber transparencia y podamos alcanzar la justicia que anhelamos. Tal vez no nos devuelva la vida de nuestros familiares, pero nos puede dar paz, y con esa paz aprenderemos a vivir sabiendo que los responsables han pagado por el daño causado”, decía el 28 de marzo de este año Raúl Samillán Sanga durante la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional.

El hermano menor de Raúl, Marco Antonio Samillán Sanga, era un destacado estudiante de medicina de 31 años, que el 9 de enero, en medio de las protestas en Juliaca, Puno, salió a auxiliar a las personas heridas y recibió a cambio un impacto de bala de la policía, que acabó con su vida.

La declaración de Raúl Samillán resume el pedido de las víctimas de la represión de las fuerzas del orden en el Perú a lo largo de los años: justicia y garantías de no repetición. Lejos de ello, tenemos a familiares de víctimas exigiendo justicia frente a blindajes o investigaciones poco céleres y opacas. Allí están las familias de las 33 víctimas del Baguazo (23 policías y 10 civiles) o de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado, las dos víctimas mortales de la represión policial registrada en Lima en noviembre de 2020.

A seis meses del Baguazo, Amnistía Internacional publicó una investigación¹ en la que recomendó al Estado peruano llevar a cabo una investigación independiente de los hechos ocurridos el 5 de junio, para determinar las responsabilidades pertinentes y que los presuntos perpetradores sean procesados y paguen por sus actos. Recomendó también asegurar que desde ese momento todos los miembros de las fuerzas de seguridad, encargados de mantener el orden público durante manifestaciones, reciban la capacitación adecuada sobre alternativas al uso de la fuerza y de armas de fuego, resolución pacífica de conflictos, comprensión de los mecanismos de comportamiento de las masas y uso de métodos de persuasión, negociación y mediación.

No obstante, esa recomendación quedó en el papel, muy lejos de ser cumplida. Este año, en el marco de las protestas que iniciaron en diciembre de 2022, Amnistía Internacional desplegó una misión de crisis en Apurímac, Ayacucho, Puno y Lima para investigar las violaciones de derechos humanos iniciadas el 7 de diciembre.² A pesar de que las normas internacionales de derechos humanos prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para el control de protestas, según la información que recopilamos en esta misión, en múltiples casos la Policía y el Ejército recurrieron a éstas como uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas.

Además del uso excesivo y letal de la fuerza estatal, que vulneró el derecho a la vida de 49 personas y dejó más de 1200 personas heridas, identificamos algunos elementos preocupantes, como la criminalización de quienes protestan y un sesgo racista y discriminatorio en la respuesta de las fuerzas del orden a las movilizaciones.

En esta investigación de crisis, cuyos resultados preliminares presentamos el 16 de febrero, realizamos un análisis que toma como parámetros la concentración de protestas y el número de muertes por represión, con base en los datos de la Defensoría del Pueblo de Perú; registramos que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcionada en regiones con población mayoritariamente de pueblos indígenas, pese a que el nivel de violencia estatal durante las manifestaciones fue prácticamente igual al registrado en otras regiones. Así, mientras que los departamentos con población mayoritariamente indígena representan el 13% de la población total de Perú, concentran el 80% de las muertes totales registradas desde que inició la crisis en diciembre del 2022.

De otro lado, durante estos últimos meses hemos visto cómo desde los discursos oficiales, y sin evidencias concretas, se ha vinculado a personas que han formado parte de las protestas con grupos subversivos (el conocido terruqueo), para justificar el actuar desproporcionado de las fuerzas del orden. De esta forma, se quiere instalar en la opinión pública que se respondió “con firmeza” a una amenaza terrorista, apelando al terror que siente la ciudadanía por los grupos subversivos.

Un ejemplo concreto de esta situación ocurrió el 21 de enero de este año, cuando la policía ingresó de manera violenta a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde se alojaban personas que habían llegado de diferentes regiones para las movilizaciones en Lima, y detuvo aproximadamente a 193 personas. Muchas de ellas fueron trasladadas a la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) para ser liberadas, sin cargos, a los dos días.

A pesar de las numerosas pruebas sobre el actuar de la policía y el ejército, las autoridades, y en específico el Presidente del Consejo de Ministros y la Presidenta, alabaron la actitud y desempeño de las fuerzas del orden y en ningún momento les pidieron rendir cuenta por su actuación en la represión de la protesta, el uso excesivo de la fuerza ni el uso de armas letales contra población civil que no representaba ningún peligro para la vida de otras personas.

Investigaciones: muchos anuncios, pocos avances

“Nuestros familiares salieron una noche a ejercer su derecho a protestar y los mataron. Llegaron a casa en un ataúd. Y esto se sigue repitiendo. Cómo es posible. Hay autoridades protegidas. Exigimos al Estado una investigación netamente objetiva y sanción para los responsables. Queremos crear un precedente que ayude a que esto no se repita”.

Este contundente mensaje de Killa Sotelo Camargo, hermana de Inti Sotelo, joven de 24 años que fue víctima de la represión policial de noviembre de 2020 en Lima, muestra los obstáculos de las familias para acceder a justicia, tras más de dos años de ocurridos estos hechos. Además, cuestiona el blindaje con el que diferentes instituciones del Estado dificultan las investigaciones judiciales. Recordemos que en junio de 2022 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República archivó la denuncia contra los presuntos responsables políticos de las muertes de los jóvenes, enviando a la sociedad un mensaje de impunidad.

Justamente, una de las principales recomendaciones de Amnistía Internacional, formulada de manera directa a las autoridades respectivas, es avanzar de manera urgente en la investigación de los posibles responsables de violaciones de derechos humanos hasta el más alto nivel, en todos los casos de represión por parte de las fuerzas del orden. Esto implica que se realicen todas las diligencias necesarias de forma oportuna y exhaustiva, asegurando todos los recursos y el personal suficiente a las fiscalías de derechos humanos.

No obstante, en febrero, en el marco de nuestra misión de crisis para investigar violaciones de derechos humanos en las recientes protestas en Ayacucho, Apurímac, Puno y Lima, recogimos información que indicaba que no se habían realizado diligencias clave para avanzar en las investigaciones, tales como la recolección de testimonios o la realización de algunos peritajes. Más aún, en algunos casos, no se habría preservado la cadena de custodia de cierta evidencia, lo cual puede atentar directamente con la imparcialidad y la calidad de las investigaciones.

Un ejemplo muy concreto es el caso de Beckham Romario Quispe Rojas, futbolista y entrenador de tan solo 18 años, quien murió en diciembre durante una protesta en Huancabamba, Andahuaylas. La necropsia fue entregada un mes después de los hechos sin dar cuenta del tipo de proyectil que causó su muerte. Ante esta situación hemos sido muy críticos y hemos advertido a las autoridades que estas demoras e irregularidades pueden socavar las investigaciones y contribuir a un clima de impunidad.

Otro aspecto que vemos con preocupación, es el manejo de las investigaciones. A inicios de abril, el Ministerio Público anunció la creación de un equipo especial de fiscales para investigar los casos de las víctimas durante las protestas sociales,³ cuyo efecto inmediato ha sido la centralización de las investigaciones. Los familiares de las víctimas han rechazado esta medida, que implica trasladar las carpetas de investigación de siete departamentos a Lima, sin que se les haya consultado esta decisión que afecta su acceso a la justicia. Ellos piden que se fortalezcan las fiscalías de derechos humanos y que trabajen en el lugar donde ocurrieron los hechos, principalmente en Ayacucho, Puno y Apurímac.

Los familiares ven con desolación cómo los pocos avances en las investigaciones se truncan con estos cambios de fiscalías. Por ejemplo, en el caso de Puno, en poco más de tres meses, el caso ha pasado por cuatro fiscalías diferentes, y en el caso de Ayacucho, cuando se estaba avanzando en las investigaciones, ha sido trasladado a Lima. Es crucial que el nuevo equipo especial se traslade a las regiones para que los familiares no se vean obligados a viajar a Lima.

Protección policial e impunidad

La impunidad, además de ser ilegal e inmoral, es un espaldarazo a la injusticia y a la violencia. Desde Amnistía Internacional también pedimos a las autoridades judiciales derogar y no aplicar la Ley de Protección Policial Nº 3110 que deja abierta la posibilidad para que el uso excesivo de la fuerza quede en la impunidad. La rendición de cuentas de las fuerzas del orden y la investigación por el uso ilícito de la fuerza son elementos esenciales para garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos.

No se puede permitir que personas que ejercen su derecho a protestar sean heridas o asesinadas con total impunidad por fuerzas de seguridad que deberían garantizar sus vidas.