Las movilizaciones ciudadanas en Perú en contra del régimen de Dina Boluarte y sus aliados en el Congreso tienen como actores principales a peruanos y peruanas de varias regiones del sur del país, con una importante participación de mujeres indígenas. Mujeres jóvenes, madres, abuelas, artistas, trabajadoras y estudiantes, mujeres quechuas y aymaras que, a pesar del peligro constante al que estuvieron expuestas debido al persistente terruqueo y la criminalización, supieron resistir y ser el símbolo de lucha y defensa de derechos que todo ciudadano y ciudadana de nuestro país tiene por ley.

El asesinato de más de 50 personas por parte de las fuerzas del orden según el reporte de la Defensoría del Pueblo,¹ entre ellas adolescentes y jóvenes mujeres, la persecución política a manifestantes, las intervenciones arbitrarias a locales de organizaciones populares y a una de las más importantes universidades públicas del país, las decenas de detenciones injustificadas y una persistente intimidación mediática, son algunos de los principales hechos que reflejan una sistemática violación a los derechos humanos que hoy se pretende negar a como dé lugar.

La participación política de las mujeres en nuestro país suele ser vista como un atrevimiento y un despropósito cuando la agenda propuesta representa un peligro para intereses privados, económicos o religiosos. Como diría la hoy presidenta, las manifestaciones ciudadanas deben tener un carácter social, no político; deben reclamar por salud, alimentación o agua, quizá una carretera. Arrogarse el derecho de proponer cambios en el régimen político evidencia para estos intereses una clara influencia de actores externos al país, influencias que visten de poncho rojo y ondean un “mantel de chifa”, por citar solo un par de expresiones estigmatizantes que se han usado en estos tiempos.

Pero hay un largo recorrido en la participación política de las mujeres. Desde las luchas de Micaela Bastidas y Bartolina Sisa por liberarse de la opresión colonial de dominación patriarcal, económico, político y cultural, pasando por el reconocimiento del voto femenino en 1955, la obligatoriedad de la cuota de mujeres indígenas para la inscripción de listas a los gobiernos regionales y locales en 2006, o la aprobación de la ley sobre la paridad y alternancia en la lista de candidatos el 2020, hasta llegar hoy a un escenario de crisis política y social que impulsó a que muchas mujeres, campesinas e indígenas, dejaran sus familias, trabajo y otras obligaciones, para involucrarse activamente en las protestas en Lima o en las principales ciudades de sus regiones. Ya sea como diligentes operadoras logísticas encargadas de organizar a las delegaciones, la alimentación y el cuidado de sus compañeras y compañeros de lucha, o como imprescindibles voceras que, a voz en cuello y bandera en mano, defendían lo que con la fuerza de las armas, las lacrimógenas y las botas se pretendía quitar, el derecho legítimo a la participación política. Las mujeres indígenas, campesinas y obreras han sido protagonistas centrales de las movilizaciones.

Tal y como reporta el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH,² el 21 de enero de 2023, en pleno pico de las protestas, la Policía Nacional del Perú (PNP) realizó un operativo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde se detuvo violentamente a 193 personas, entre estudiantes e integrantes de las delegaciones que llegaron del sur del país. Una mujer embarazada, jóvenes estudiantes, niñas y mujeres indígenas, fueron reducidas y sometidas a un trato abusivo, racista, discriminador e inhumano. Semanas antes había ocurrido un hecho parecido cuando la Dirección Nacional contra el Terrorismo realizó un allanamiento en la sede de la Confederación Campesina del Perú en Lima, en donde luego de sembrar ilegalmente instrumentos como machetes recién comprados, hondas y otros, detuvieron a 26 personas, entre las cuales se encontraban mujeres que fueron víctimas de actos intimidatorios y con alto contenido racista.

No podemos dejar de hablar de las madres aymaras que en pleno Centro de Lima fueron atacadas por la PNP con proyectiles de gas lacrimógeno a pocos metros de distancia, mujeres que iban con los brazos abiertos y en algunos casos con sus hijos en la espalda. No es menos indignante el caso de Aida Aroni, mujer ayacuchana y quechua hablante que fue detenida por cinco policías solo por agitar una bandera peruana frente a un cordón policial.

Es innegable el peso y las limitaciones que tienen las mujeres en nuestro país al tratar de involucrarse en la escena política y pública, no sólo por la carga familiar, laboral o económica, sino por los roles de género y de clase que las obligan a postergar la necesidad por accionar políticamente y ejercer sus derechos desde su ámbito familiar, sus comunidades, sus organizaciones de base, la militancia o los espacios de la política oficial, lugares en donde existen notorias jerarquías y brechas. Ser mujer, indígena y pobre, te hace acreedora de una larga espera para llegar a ejercer plenamente la ciudadanía, dentro de una lógica machista y racista institucionalizada, que viola derechos, culpa, castiga y estigmatiza.