La adopción es una oportunidad valiosa para quienes desean ser padres o madres, y sobre todo para niños, niñas y adolescentes, quienes podrían cambiar radicalmente sus vidas. Se trata sin embargo de un proceso complejo, que toma entre 2 y 3 años, con muchos casos que se truncan en el camino. Esto es desgarrador si consideramos que los niños y niñas bajo el cuidado del Estado tienen bajas posibilidades de desarrollarse física y mentalmente, un riesgo que se incrementa con la edad y el tiempo que pasan en las instituciones. Según los datos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, cada año se adoptan 164 niños y niñas de los más de 300 nuevos que llegan a los centros de acogida. Así, a la fecha, 5000 niños, niñas y adolescentes están en espera de una familia.

Como sabemos, la adopción es una práctica que ha existido en todos los tiempos y sociedades, pero la ruta para lograr que estos procesos se enfoquen en el bien superior de los niños y niñas, ha sido larga y tortuosa. La historia también da cuenta de los abusos y crímenes que han ocurrido y aún persisten, y que las Iglesias, particularmente la Católica, conocen muy bien.

Adopción y aborto: vínculos que no existen

Frente al avance de los países hacia la despenalización del aborto, ya sea de manera total o por causales específicas, se ha observado a sectores que se oponen a este derecho y a todas las transformaciones sociales que benefician particularmente a las mujeres. Estos grupos han tratado de impedir estos avances proponiendo alternativas inaplicables, lo que afortunadamente no ha tenido mayor éxito.

Una de estas propuestas es la denominada “cunas salvadoras”, que en la práctica legaliza el abandono de los recién nacidos, y que en Perú fue propuesto por el congresista Yonhy Lescano entre 2016 y 2019. Otro ejemplo fue el del “parto anónimo”, “parto confidencial” o “parto secreto”, que implicaba que la identidad de madre sería resguardada.

A diferencia de estas intervenciones posteriores al parto, recientemente, la pastora y congresista Milagros Aguayo (Renovación Popular), propuso la iniciativa de adopción desde el vientre,¹ es decir, desde el embarazo y no después del nacimiento, como ocurre hoy. No es ninguna novedad: organizaciones políticas similares la han impulsado en Chile, Uruguay, Argentina y Colombia, aunque sin éxito.

La iniciativa de Aguayo no tiene como fin que niños y niñas nacidas encuentren un hogar, lo que le importa poco. Lo que busca es evitar que las mujeres que no deseen un embarazo recurran al aborto. Y hace especial énfasis en las menores de 18 años. Proyectos como este, de aprobarse, no harán ninguna diferencia para las mujeres que cuentan con recursos y redes para acceder a un aborto seguro. Ante un embarazo no deseado, la decisión estará tomada y nada las hará cambiar de proceder, como ocurre con 1 de cada 5 mujeres que alguna vez en sus vidas abortaron. Para ellas, la prohibición no tuvo efecto, y menos lo hará el ofrecimiento de dar en adopción. Pero la historia es muy diferente para las niñas que son víctimas de violación.

Lejos de garantizar los derechos de los niños y niñas, este proyecto está hecho específicamente para impedir que el Perú cumpla con el Dictamen de Camila, una niña indígena de 13 años, que fue violada por su padre desde los 9 años. A ella se le negó su derecho al aborto terapéutico y el Estado fue encontrado responsable de ejercer tortura en su contra, pues, además, la criminalizó por haber sufrido una pérdida espontánea, acusándola de un supuesto delito de autoaborto.

El proyecto de adopción desde el vientre pasa por alto las condiciones en que la niña se ha embarazado, pues en los casos de menores de edad, el consentimiento informado lo brinda su representante legal, tutor o curador. Además, no le preocupa si el violador es el padre o un miembro de la familia con influencia o autoridad, pues bastará una declaración jurada de consentimiento para iniciar el procedimiento.

El proyecto señala que su propósito es defender “las dos vidas”. Bajo cualquier análisis serio y sobre la base de las evidencias, este supuesto es falso. No hay manera de proteger la salud y la vida de una gestante menor de 15 años, al obligarla a continuar con un embarazo, debido a que a su corta edad es considerado de alto riesgo. Las cifras demuestran claramente que las niñas embarazadas menores de 15 años enfrentan mayores probabilidades de graves complicaciones, como las eclampsias, endometritis puerperal e infecciones sistémicas, mientras que los recién nacidos corren el riesgo de bajo peso, nacimiento prematuro y afección neonatal grave (OMS, 2022).

Para comprender la amenaza que contiene este proyecto, es necesario considerar que en Perú, cada año, según reportes oficiales, 3 de cada 4 embarazos en adolescentes son no intencionales o no deseados. Asimismo, cada año se reportan más de 11 mil víctimas de violación entre los 12 y 17 años, de las cuales 1200 niñas menores de 14 años se convierten en madres. Ellas, y sus recién nacidos, tienen entre el 50 y 70% de mayor riesgo de graves complicaciones y muertes en torno al nacimiento. Esta situación se agrava con los impactos sociales que perpetúan la pobreza y la violencia en menores obligadas a asumir una maternidad.

Garantizar el acceso al aborto terapéutico e impedir que las niñas se conviertan en niñas-madres, es la tarea mínima indispensable del Estado. Por razones de salud pública, de derechos humanos y de ética, las niñas no deben ser sometidas a situaciones tan violentas como un embarazo, como lo ha señalado ya el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer de las Naciones Unidas, que califica los embarazos infantiles como una forma de tortura.

Argumentos falaces

El Proyecto de Ley de adopción desde el vientre materno en casos de embarazo no planeados, pretende, según reza en su artículo 1 “autorizar el inicio del procedimiento facultativo de adopción desde el vientre materno, para casos de embarazos no planeados, brindando una alternativa viable para salvar tanto la vida de la madre como la del concebido y constituirse en una alternativa al aborto clandestino”.

Esta iniciativa hace inconsistente el derecho civil, al pretender quebrar uno de sus límites claves, que es haber nacido vivo. Temas como identidad y herencias, entre otros, se desdibujarían al no diferenciar la etapa antes y después del nacimiento. Asimismo, crea un procedimiento excepcional y exprés de adopción, al incorporar fundamentos distintos y flexibilizar algunos mecanismos claves de protección, como la exclusión de las niñas y adolescentes en la toma de decisiones. Esto es riesgoso cuando los perpetradores son los padres o familiares cercanos, o cuando las niñas están bajo tutela del Estado.

El proyecto es particularmente peligroso para las adolescentes entre 14 y 18 años, a quienes se les niega la posibilidad de decidir sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Además, podría generar un mayor riesgo de tráfico de recién nacidos, pues no hay manera de garantizar que se evalúen adecuadamente las condiciones de adopción, y tampoco se consideran mecanismos efectivos de protección para las niñas gestantes, después de la adopción.

Esta propuesta también aborda de manera parcial, incompleta y peligrosa la reproducción asistida, poniéndonos ante la viabilidad de dar pase a la maternidad subrogada, sin derechos, para la parte más débil, que son las mujeres portadoras.

En resumen, este proyecto de ley, como muchos que vienen impulsando quienes hoy tienen mayoría en el Congreso, ha sido formulado con la intención de negar derechos que ya han sido ganados. Por lo tanto, resulta lesivo para las mujeres, así como para los niños y niñas, que deberían tener garantizado el derecho de nacer libres de violencia y con una familia que los proteja.