La crisis en el Perú se ha profundizado. Esta última etapa se abrió con sucesos trágicos y continúa con un conjunto de innumerables hechos y actos que desnudan la precariedad de todo. Al interior de dicha crisis se han producido un conjunto de mutaciones, algunas ya conocidas, otras inéditas, que sugieren que la crisis ha adquirido carácter permanente.

Por un lado, como rápidamente se percató un importante sector de la ciudadanía a fines del año 2022, hoy gobiernan los que perdieron las elecciones de 2021. Aunque sacarle la vuelta a la voluntad popular ha sido una operación recurrente en el presente siglo, nunca fue tan grotesca como sangrienta. No es que antes no hubo muertes por represión —basta con revisar las cifras de muertes por conflictos sociales desde el 2001—, sino que esta vez sirvieron para consolidar una nueva configuración política e institucional y, de ese modo, asegurar el (des)orden neoliberal.

Por otro lado, se desarrolló un inédito giro: en los hechos transitamos a un cuasi cambio de régimen político-sistema de gobierno, al pasar de uno semipresidencial o presidencial atenuado, a otro cuasi parlamentario o parlamentarismo presidencializado, como señala Sinesio López,¹ es decir, con una clara preponderancia del Congreso.

Ciertamente este proceso no se inicia con la Presidencia de Dina Boluarte. Se desarrolla en el marco del enfrentamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo de Pedro Castillo con el recorte de facultades del Ejecutivo para la cuestión de confianza, lo que rompía el equilibrio de poderes, a lo que se sumó la limitación de los derechos ciudadanos respecto al referéndum. Con la composición actual del poder, estas dos tendencias —predominio de facto del Legislativo y vulneración de derechos ciudadanos, incluida la represión sangrienta—, conformaron las condiciones para que emerja el régimen sui géneris que tenemos, sostenido además por decenas de modificaciones constitucionales hechas al paso, lo que ha empezado a ser llamado, irónicamente, “la nueva Constitución del 2023-2024”.

Con todo, nuestra crisis permanente no tiene “equilibrios inestables” —como decía Gramsci—, sino que más bien vivimos “estables desequilibrios”, es decir, una creciente normalización de distintas y parciales disputas de poder (judiciales, políticas, sociales), que no ponen en cuestión, ni alteran, el régimen constituido. No abren posibilidades de salida a la crisis y, a la vez, alimentan la sensación de impasse. Esto explica, al menos en parte, que la actual coalición en el poder no requiera una narrativa para mantenerse: le basta su coalición congresal, el respaldo de los poderes fácticos y la fragmentación en la política y la sociedad.

Caos bajo el cielo, escalera al infierno

Tras el estallido social 2022-2023 no se terminó de consolidar la aparición de un nuevo sujeto. A pesar de la potencialidad democratizadora de la que habla Anahí Durand, ² la represión mortal y probablemente la fragmentación de las dirigencias, terminaron por debilitar su desarrollo. Sin embargo, dichas protestas coincidieron con lo que Andrea Cavalletti advierte sobre lo que supone una revuelta: “suspender el tiempo normal de la política instaurada por el poder”.³ Su impronta, lo que movilizó simbólica y socialmente junto con el enojo ciudadano, sigue en estado de latencia.

El Ejecutivo y el Congreso han seguido sumando un amplio rechazo ciudadano. Todas las encuestas coinciden en darles alrededor de 90% de desaprobación de la ciudadanía. Ello no se ha traducido en organización y movilización ciudadana, aunque cada vez con más frecuencia aparecen expresiones de repudio, especialmente cuando alguna autoridad relacionada con la actual configuración del poder se encuentra al alcance de la ciudadanía, sea en un bar, una festividad, una celebración o una movilización por alguna demanda específica.

Como lo han marcado algunos analistas, lo que más llama la atención es que, a pesar de la enorme impopularidad del Ejecutivo y el Congreso, no se ha fortalecido la oposición ni se ha generado un liderazgo o una fuerza colectiva que aparezca como alternativa. Por un lado, las distintas fuerzas opositoras al actual régimen —desde liberales, republicanos, progresistas, hasta las distintas izquierdas—, muestran poco o nula capacidad de generar iniciativas, de colocar en la mesa una agenda alrededor de los postergados problemas nacionales pendientes, o que busquen generar hechos políticos que rompan con el tiempo “normal” de la política. En el mejor de los casos hay un exceso de “politicismo” en el escenario, ya no sólo en el análisis político —donde, como dice Martuccelli, “el diagnóstico parte del análisis político y termina en el mismo ámbito político”—⁴, sino también en el repertorio de los actores en la escena política.

Hace unos años Zizek recordaba esa frase de Mao a mitad de camino entre la poesía y el oportunismo: “todo bajo el cielo está en completo caos, la situación es excelente”. El caos (la crisis) aparecería como una gran oportunidad política para las fuerzas contrahegemónicas o más generalmente opositoras. En ese sentido, la situación actual debería ser un festival de oportunidades políticas para cualquiera que se pretenda alternativa al actual régimen. Sin embargo, lo que ha proliferado son agrupamientos y emprendimientos con inscripción electoral, sin capacidad de aparecer como novedad política ni de generar iniciativas atractivas. Tal vez lo que representa mejor la lógica y disposición actual de los actores políticos respecto a la crisis no proviene de ningún líder o estadista, sino de la serie “Guerra de tronos”, donde un sinuoso personaje decía que “el caos es una escalera”.

La era del vacío

El enojo ciudadano se ha desarrollado en un escenario de vacío político, en profundo desencuentro con la política, o mejor dicho, de la política con la enorme mayoría del país.

Más allá del legítimo derecho de contar con una inscripción propia, en la gran mayoría de organizaciones no se ve mucha voluntad por salir de su particular “nicho” político social o electoral, sea éste real o proyectado. Los sectores de centro, liberales y progresistas críticos del actual régimen, con sus liderazgos establecidos principalmente en Lima, suelen subestimar el impacto de las movilizaciones y protestas de 2022-2023, haciendo sendos llamados para convocar acuerdos por arriba, entre élites o personalidades (“siguen firmas”), apareciendo como demócratas precarios con respecto al demos. También resulta contraproducente que fuerzas que se reclaman a la izquierda del espectro político, confronten innecesariamente con figuras y liderazgos con los que se identificaron y se identifican muchas de estas movilizaciones relacionadas al llamado estallido social y determinadas franjas de la población, aislándose torpemente de esos sectores. Finalmente, entre los sectores que se ubican como representación del estallido social del 2022-2023, que de alguna manera reivindican el gobierno o lo que significó Pedro Castillo para importantes sectores de la ciudadanía, hay también cierta autosuficiencia y sobrevaloración de su alcance social y territorial.

Hay, especialmente en estos últimos sectores, cierto marcado “identitarismo”, explicado en parte por el hecho que la elección de Pedro Castillo estuvo signada por lo que Cotta llamaba “representación espejo”, forma donde priman los afectos y la identificación social con el candidato. Ante la ausencia de visiones de país o alternativas programáticas, predominan este tipo de adhesiones; incluso para los “antis”, el —antifujimorismo, por ejemplo— son centrales en ese tipo de vínculos. Para algunos politólogos la política peruana tiene un componente afectivo importante, aunque no en el sentido post ideológico. Ya sabemos cómo terminan estas formas de representación cuando no se establecen marcos programáticos o bases sociales y políticas amplias: luchando por sobrevivir o entregándose a sus adversarios o enemigos.

Los distintos desplazamientos rápidamente descritos parecen coincidir en un aparente conformismo con lo “acumulado” y un inmovilismo desesperante. En todo caso, la política peruana parece haberse vuelto post hegemónica, más por debilidad y falta de imaginación política que por una decisión explícita o por influencias del tipo Jon Beasley Murray o Frédéric Lordon, quienes desarrollan teorías post ideológicas desde los hábitos y afectos, en el primer caso en abierta crítica a la “hegemonía”.

En el nivel estrictamente electoral, sabemos que la contrarreforma promovida en el Congreso, retirando las elecciones primarias abiertas, promueve deliberadamente la dispersión, lo que beneficia únicamente a los partidos más articulados, o a aquellos cuyas marcas son de fácil recordación en el electorado. Y resulta que, en su gran mayoría, sino todas, forman parte del actual pacto de gobierno o son socios menores de éste, como es el caso de Perú Libre.

El efecto es que hoy existen 35 partidos con inscripción electoral y una veintena más en proceso de inscripción, lo que claramente impulsará mayor dispersión y aventurerismo. Que no se mal entienda: no nos referimos al manido tema de la unidad, (especialmente en las izquierdas). Esto es improbable, ya que entre los sectores opuestos al actual régimen hay diferencias sustanciales tanto en el tipo de salidas a la crisis como también en las valoraciones del pasado reciente, las que difícilmente se van a disipar en el corto o mediano plazo.

Sin embargo, la naturaleza y profundidad de la crisis —vivimos “tiempos volteados” como dice Dummet en El espía del Inca—, obliga a ir contra la corriente, a hacer más política y a abrir el juego, empezando por generar iniciativas que rompan la monotonía y amplíen la base social y política, apuntando a construir un programa que le de contenido y soporte a un proceso de cambio. De lo contrario, en el mejor de los casos, la historia se repetirá, esta vez como tragedia y como farsa al mismo tiempo. Agosto de 2024.