I.

La revista Quehacer me pregunta cuánto dinero generan los informales e ilegales en el sector minero. Es una pregunta pertinente, especialmente en un año electoral en que el debate sobre la minería ilegal se ha vuelto más intenso que nunca, con cifras que circulan en los medios, en los informes de política pública y en los discursos políticos.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) estima en un estudio reciente que la minería ilegal genera alrededor de 14 mil millones de dólares al año en el Perú, a partir de una metodología que ya había aplicado el economista Pablo Lavado en el estudio Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú (SNMPE, 2024), en cuya elaboración participó V&C Analistas como consultor. El método es el siguiente: establecer el diferencial entre la producción aurífera registrada ante el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y el volumen de oro exportado, según los registros de Aduanas. El resultado es notable. Según el Anuario Estadístico Minero 2024 del MINEM, el Perú produjo 108.15 toneladas métricas finas (TMF) de oro. En ese mismo año, exportó 200.56 TMF. El diferencial —más de 92 toneladas— no tiene origen oficial conocido.

Esa es la pregunta que hasta hoy ninguna autoridad —ni el MINEM, ni SUNAT, ni Aduanas— ha podido responder con evidencia verificable.

II.

El método del diferencial es razonable como aproximación, pero tiene un límite conceptual importante. No existe estadística que permita discriminar cuánto produce la pequeña minería y minería artesanal (MAPE) formal, cuánto la informal en proceso de formalización —ambas reportan su producción anual desde el 2020— y cuánto la estrictamente ilegal. Por eso, en el estudio Las economías criminales y su impacto en el Perú (CHS Alternativo / Konrad Adenauer, 2022), elaborado junto con Ricardo Valdés y Carlos Basombrío, acuñamos el término ‘minería no formal’ —un concepto deliberadamente más amplio y más preciso— para evitar equiparar automáticamente informalidad con ilegalidad. Lavado adoptó ese mismo marco conceptual en su análisis económico para la SNMPE. Tampoco el diferencial incluye el oro que sale por contrabando hacia Bolivia, que en sentido estricto, es el más directamente ilegal.

El IPE, al emplear el mismo diferencial, lo etiqueta sin matices como el valor de la minería ilegal y llega a la cifra de unos 12 a 14 mil millones de dólares. La distinción no es un tecnicismo: llamar ilegal a todo ese diferencial implica atribuir esa categoría a volúmenes que en parte corresponden a minería informal, con cierto grado de legitimidad territorial, no registrada por el MINEM, pero operando bajo condiciones distintas a las de la criminalidad organizada. Con esa precisión en mente, podemos aceptar que esas más de 92 toneladas tienen en su origen alguna forma de extracción no registrada. Hasta ahí, el razonamiento es sólido.

Pero conviene no detenerse ahí.

III.

Hay un segundo problema, tanto conceptual como político. Se dice con frecuencia que ese oro es ‘ilegal’ porque fue extraído al margen del marco normativo. Pero ocurre que ese mismo oro ha ingresado al circuito legal, ha sido registrado por Aduanas y ha salido del país como exportación formal. Algunos expertos señalan que esto no importa: lo determinante es el origen ilícito de la extracción, no el canal por el que sale. Otros argumentan que, precisamente porque Aduanas lo registra, no puede hablarse de ‘minería ilegal’ en sentido estricto, sino de un origen irregular que el sistema formal ha terminado blanqueando.

Podemos aceptar ambas posiciones a la vez: el origen es ilegal, pero el sistema lo ha procesado como si fuera legal. Esto no es una contradicción; es exactamente el problema.

Aquí es donde el debate tiende a simplificarse de manera peligrosa. Se habla de ‘minería ilegal’ señalando al minero que trabaja en el socavón o en el río. Pero ese minero no recibe el precio internacional del oro. Recibe el porcentaje que un comprador local —el bodeguero, el acopiador, el intermediario de la casa de compra y venta— decide darle, estimando, a ojo de buen cubero, cuántos gramos de oro hay en el material que le trae. Hay un abuso estructural en esa primera transacción que conviene no ignorar.

IV.

Lo que ocurre después es lo que hace tan compleja —y tan rentable— la cadena de la ilegalidad aurífera.

Ese oro pasa del minero al acopiador, del acopiador a otro intermediario, de ahí a un facturero, y así va saltando de mano en mano hasta llegar a las plantas de procesamiento. Estas plantas saben que no pueden legalmente procesar oro de origen ilegal, pero lo hacen valiéndose de una serie de mecanismos tramposos: facturas fraguadas, mezcla con oro de origen formal, declaraciones falsas de volúmenes. En ese proceso, el oro se lava. Luego, las propias plantas, o sus empresas exportadoras vinculadas, lo venden al mercado internacional como oro limpio, registrado y legalmente exportado.

Eso significa que la ilegalidad no es solo del minero que extrae. Es del acopiador que compra sabiendo que es oro sucio. Es de la planta de procesamiento que lo blanquea. Y es de la empresa exportadora que lo vende al exterior. Toda la cadena es ilegal, aunque sólo el primer eslabón sea perseguido y estigmatizado públicamente.

El resultado es que los 14 mil millones de dólares que el IPE atribuye a la ‘minería ilegal’ no van, en su inmensa mayoría, al minero artesanal que trabaja en el socavón o en el río. Ese minero, al que se etiqueta como el actor criminal central, se queda con una fracción mínima del valor total. Los grandes beneficiarios son las plantas de procesamiento y las empresas exportadoras que controlan los eslabones más rentables de la cadena productiva.

Reducir el problema de la minería ilegal a la imagen del extractor artesanal es, además de políticamente conveniente para ciertos intereses, técnicamente incorrecto. Y una estrategia construida sobre un diagnóstico equivocado no resolverá el problema; simplemente perseguirá al eslabón más débil mientras los verdaderos beneficiarios de la cadena ilegal continúan operando con impunidad.

V.

¿Cuáles son entonces las vías para enfrentar este problema de manera efectiva? Identifico tres, que no son excluyentes sino complementarias y que, articuladas, constituyen el único camino real para cortarle el paso a la cadena ilegal.

La primera es la trazabilidad integral de toda la cadena productiva del oro. No la trazabilidad documental que se queda en el cumplimiento formal y que, como han advertido diversos investigadores, puede convertirse en un ejercicio meramente performativo, sino un sistema que permita seguir el mineral desde su extracción hasta su exportación, pasando por cada transacción, cada planta de beneficio, cada comercializador. El Perú ya cuenta con instrumentos para esto: el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (REPCO) y el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA) existen en el marco normativo. El problema no es de diseño legal sino de fragmentación institucional: el MINEM, SUNAT, SUCAMEC, INGEMMET y Aduanas no comparten información de manera articulada. El desafío no es crear nuevos sistemas; es hacer operativos los existentes e integrar también la trazabilidad de insumos críticos —explosivos, mercurio, insumos químicos fiscalizados— cuya circulación irregular alimenta a los mismos actores ilegales.

La segunda medida es un reglamento de comercialización del oro que ordene el mercado desde el primer punto de compra. Hoy, el acopiador puede operar con casi total impunidad. Un sistema que regule quién puede comprar oro, bajo qué condiciones documentales y de precio, estableciendo mecanismos de verificación en los puntos de acopio, cortaría una de las vías principales por las que el oro sucio ingresa al circuito formal. Esto no requiere criminalizar al minero artesanal; requiere responsabilizar a quienes les compran.

La tercera es la bancarización de toda la operación minera. Si el 86.7% de las operaciones en la MAPE se realizan en efectivo y el 99% de las empresas del sector no accede a crédito productivo formal, —según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)—, es porque el sistema financiero ha excluido estructuralmente al sector, y esa exclusión es funcional a la ilegalidad. Un sistema donde las transacciones pasen por el sistema bancario —desde la venta del mineral hasta el pago a los trabajadores— haría visible lo que hoy es opaco y rastreable lo que hoy desaparece en el efectivo. La formalización financiera no es un beneficio posterior a la formalización minera: es una de sus condiciones de viabilidad.

Estas tres medidas —trazabilidad, reglamento de comercialización y bancarización— atacan el problema en sus nudos críticos. Y lo hacen donde más duele a quienes se benefician de la ilegalidad: no en el minero que trabaja en un socavón precario, sino en las plantas de procesamiento y en las empresas exportadoras que se quedan con la mayor parte de esos 14 mil millones de dólares que el debate público, equivocadamente, sigue atribuyendo al trabajador artesanal.

El Perú no podrá resolver su problema de minería ilegal mientras siga persiguiendo al eslabón más débil de la cadena y mirando hacia otro lado frente a los más fuertes. La estrategia correcta es caerle a toda la cadena. Y para eso, primero hay que entender cómo funciona.

Notas:

Los datos de producción y exportación de oro corresponden al Anuario Estadístico Minero 2024 del MINEM (108.15 TMF producidas; 200.56 TMF exportadas).

El concepto de "minería no formal" fue acuñado en: Valdés, R., Basombrío, C. y Vera, D. (2022). Las economías criminales y su impacto en el Perú (2da ed.). CHS Alternativo y Konrad Adenauer Stiftung.

El análisis económico del diferencial para la SNMPE se desarrolló en: Lavado, P. et al. (2024). Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú — Resumen Ejecutivo. SNMPE / V&C Analistas.

El estudio del IPE citado corresponde a estimaciones sobre minería ilegal publicadas en diciembre de 2025.

Los datos sobre la MAPE provienen de: PNUD (2021). Hacia la inclusión financiera de la MAPE. Proyecto planet GOLD Perú; y de los policy briefs del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible (2026) sobre trazabilidad e inclusión financiera.