Desarrollo territorial: el caso de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca

En un contexto donde cada vez son más evidentes el impacto del cambio climático y la presión sobre los ecosistemas por el uso inadecuado de los recursos naturales, la gestión de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se ha convertido en un desafío importante para el Estado. Estos territorios no sólo cumplen una función de conservación de la biodiversidad, sino que mantienen las dinámicas económicas, sociales y culturales de las poblaciones que los habitan así como de aquellas que dependen directamente de los servicios ecosistémicos que éstas brindan.
Frente a las limitaciones estructurales del Estado en términos de recursos humanos y financieros para asegurar su capacidad de intervención y atención en las ANP, se han promovido mecanismos que permiten articular la responsabilidad del Estado con actores de la sociedad civil a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP), mediante los Contratos de Administración (CA). Más allá del mecanismo, la pregunta es qué tipo de estrategias y enfoques orientan su implementación. El caso de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca (RNSAB), gestionada bajo Contrato de Administración con el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo - desco, permite analizar el funcionamiento del mecanismo y el valor añadido que aporta una organización con experiencia en promoción del desarrollo territorial en la gestión de un ANP.
La experiencia del CA de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca
Los Contratos de Administración (CA) fueron concebidos como un mecanismo para fortalecer la gestión de las ANP mediante la participación de organizaciones sin fines de lucro, manteniendo el Estado su rol rector. Este modelo responde a la necesidad de ampliar las capacidades de gestión en territorios donde la intervención estatal resulta limitada. La experiencia muestra que el desempeño y los resultados del mecanismo, no dependen únicamente de su diseño normativo, sino también de las características y capacidades de las organizaciones que lo implementan. Los CA dependen de la capacidad de las organizaciones ejecutoras. Esto implica reconocer que adquieren sentido en función de los enfoques, estrategias, experiencia y capacidad técnica de quienes se hacen cargo de su ejecución, así como de la interrelación interinstitucional que debe haber entre el ejecutor del CA y el SERNANP, siendo clave, además, la interacción con los diferentes actores que se relacionan con el ANP.
La experiencia del Contrato de Administración de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, evidencia que una organización como desco, aporta un valor añadido que va más allá de la ejecución operativa y que se refleja en una combinación de factores, entre los que destacamos algunos:
La amplia trayectoria en gestión territorial y la presencia previa en la zona que permitió entender las dinámicas sociales, económicas y culturales de las organizaciones comunales, facilitando el diseño y la ejecución de las intervenciones del CA.
La incorporación de un enfoque integral, articulando la conservación con la mejora de las condiciones de los medios de vida de las comunidades asentadas en estas áreas. Las estrategias del CA no se limitan a la conservación e integran y articulan propuestas relacionadas al manejo de recursos hídricos, pastizales, fauna silvestre y doméstica, así como las cadenas de valor y el fortalecimiento de capacidades, generando valor público, y entendiendo la conservación no como un fin aislado, sino con una mirada integral que responde a las necesidades y prioridades de la población.
La capacidad de generar los vínculos de confianza con la población local, con una presencia efectiva en el territorio tanto como el respeto y el reconocimiento de los saberes locales y ancestrales.
desco, ejecutor del CA, cumple un rol fundamental en la articulación de actores para promover la gobernanza, involucrando a instituciones públicas, privadas, la cooperación internacional y las comunidades para la gestión participativa del territorio, implementado estrategias multinivel, multisector y multiactor, lo que se ha traducido en el cumplimiento de metas y logros comprometidos en los diferentes instrumentos de planificación. La intervención con enfoques transversales como género, interculturalidad y derechos, entre otros, ha permitido ampliar la mirada hacia un desarrollo sostenible del ANP.
Desafíos
A pesar del valor añadido que brindan a los mecanismos de gestión, como el CA las organizaciones de la sociedad civil, como desco, se evidencia que la importancia que le dan a aquél los distintos actores, se basa en las percepciones particulares y diferenciadas sobre sus resultados, antes que como un aporte al desarrollo colectivo. Ello hace que el personalismo de algunas autoridades y líderes locales desconozcan los aportes e impactos que se logran en los territorios. Otro aspecto importante a considerar es que la búsqueda de financiamiento para asegurar las intervenciones en el marco del CA genera incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera del mecanismo en el largo plazo.
Resulta evidente la necesidad de un acompañamiento continuo al espacio de participación del ANP, el Comité de Gestión, cuyo funcionamiento se ve limitado por la poca relevancia que le dan los propios actores directos e indirectos relacionados al mismo y las limitaciones de financiamiento del que se dispone para su operativización. Se debe poner atención en el empoderamiento de las organizaciones a través de sus autoridades, líderes y lideresas, quienes deben contar con información de base adecuada para una efectiva y eficiente toma de decisiones, que se relacionan directamente con el uso de sus recursos en un contexto de área natural protegida.
Por último, se debe poner énfasis en las diferentes actividades productivas, a través de la dinamización económica, que puede generar más y mejores ofertas laborales locales, lo que aportará a la disminución de la migración, principalmente de la población juvenil.
El principal aprendizaje es que la gestión de las ANP no debe ser entendida únicamente desde una lógica de conservación, sino como un proceso de gobernanza territorial que integra dimensiones ambientales, sociales y económicas. El valor añadido que aporta una organización de la sociedad civil, como desco demuestra que es posible que las alianzas del Estado y organizaciones de la sociedad civil resulte efectiva cuando se reconoce el valor añadido que puede brindar a este tipo de mecanismos una organización sólida, con vínculo estrecho con las comunidades y compromiso claro con el desarrollo sostenible.
En un contexto de crisis climática, fortalecer estos mecanismos como modelo, no es sólo una opción de gestión, es una apuesta política por construir formas de gobernanza más inclusivas, territoriales y sostenibles. Es importante reconocer que las ANP no son áreas muertas destinadas a la protección de recursos naturales, son territorios que dan oportunidades y beneficios a las poblaciones locales, a través de la generación y aplicación de instrumentos de gestión y de aprovechamiento racional de recursos naturales, lo que hace sostenible los territorios.
