Tenemos un Estado con 19 Ministerios, muchos inflados y altamente burocratizados, ineptos en muchos casos, muy corruptos en otros. Dentro de ellos existen anclados aproximadamente 10 mil puestos de confianza. Son deficientes en su trabajo hasta el tuétano o la médula. Es su forma de ser o actuar. Piensan más y actúan para ellos mismos y sus beneficios propios, y no están enfocados en el bienestar del poblador común y corriente. Es notoria la ausencia de una alianza estratégica consensuada, entre Estado, empresa, sindicatos y sociedad civil.

Sin embargo, la lucha anticorrupción está presente en todos los discursos políticos, pero es muy poco lo que se constata en la realidad tangible. Todos los gobiernos de turno la mencionan. Y hoy el ciudadano tiene una percepción de la corrupción en su vida cotidiana, cada vez mayor.

Algunos años atrás, la Contraloría de la República publicó un interesante estudio sobre la corrupción en el seno del Estado. Cifras más o menos, un millón 700 mil empleados públicos que trabajan en los tres niveles del Estado (central, regional y municipal). De estos, unos 200 mil tenían un proceso administrativo, de los cuales 20 mil llegaron al Poder Judicial (10%). Apenas 600 (3% de los procesos) alcanzaron sentencia por un acto de corrupción cometido. Nada de nada. Así estamos y cada vez es peor. Nuestro sistema de administración de justicia es colonial y corresponde a niveles previos a la Revolución Francesa del siglo 18.

Si tuviéramos voluntad política, podríamos cambiar a los aproximadamente 10 mil funcionarios de confianza en todos los ministerios, que están varados en ellos y que muchos son responsables directos de la corrupción. Son mafias bien organizadas. El pez podrido se corta por la cabeza. Y un cambio de ministro cada 5 minutos, no soluciona nada.

Nuestro Estado tiene un accionar paternalista y asistencialista. Se interesa siempre en otorgar algunas obras físicas, para supuestamente, iniciar el anhelado proceso de desarrollo. El accionar de los funcionarios tiene mucho de esta cultura de dar dádivas y someter al ciudadano común y corriente a sus decisiones, muchas veces arbitrarias. El hacendado en el pasado actuaba así, ‘te doy algo y no me jodas más’. La visión del Estado en este aspecto no ha cambiado. Sigue siendo un Estado patrimonialista.

En una democracia formal y de fondo real, se mantiene claramente la división o separación de poderes, la que en Perú brilla por su ausencia. En democracias más formales y vigentes, donde se respeta el Estado de derecho, la seguridad jurídica y el sistema electoral, los partidos políticos forman parte indispensable del sistema democrático. No es así en el país. En las últimas elecciones tuvimos 43 'partidos’ inscritos. ¡Una locura total! En realidad se trata de empresas, donde todo se negocia y se arregla bajo la mesa. No existe democracia interna. Están organizados alrededor de un caudillo de turno o familias corruptas. Sus miembros directivos no tienen formación democrática en su haber o en su hoja de vida.

Volviendo al Estado, lo más grave es que no se sabe cómo se puede beneficiar el sector privado de las decisiones del Estado y cómo éstas decisiones, finalmente, aterrizan en lo que se llama el desarrollo sustentable.

Los poderes fácticos del Perú (mineros, financistas, empresas trasnacionales, agroexportación y buena parte de los medios de comunicación tradicionales) han sometido al Estado para sus intereses particulares y subalternos. Este es el hilo conductor para entender mejor el comportamiento estatal, crecientemente represivo, durante la última década.

Las obras físicas y el servicio público no se orientan para solucionar los problemas de los ciudadanos, fin supremo de un Estado democrático. Se caracterizan por estar a espaldas del ciudadano común y corriente. En las regiones éste es nuestro “pan de cada día”. Menciono solamente la calidad y cantidad de las aguas o los 20 mil pasivos ambientales. Otra evidencia la vemos en los servicios públicos en salud y educación, por citar dos de los que realiza el Estado.

De allí que la tan cacareada formalización del ‘sector informal’ que produce un porcentaje significativo del PBI no tenga eco. El empresario informal se pregunta ¿para qué pago mis impuestos, si se lo roban todo? ¿para qué si los servicios que podría recibir a cambio de hacerlo puntualmente, no existen o son pésimos?

La parte subjetiva, que es central, es la falta de confianza, en el más amplio sentido de la palabra, en el Estado y sus decisiones. Sólo implementando políticas prioritarias consensuadas (salud, educación, ambiente, agricultura y administración de justicia), como reformas principales de largo plazo se podría concitar el interés y el apoyo indispensable del ciudadano, donde éste podría ser un beneficiario principal y ya no los favorecidos de siempre, los poderes fácticos.

La política del Estado a largo plazo no se cambia por acción de ningún gobierno de turno. Estas son claves para realmente concebir y poner al servicio del ciudadano, todos los trabajos del Estado. Esta es la única justificación de un Estado democrático. Las políticas del Estado, a largo plazo, han dado resultados notorios, confiables y tangibles en otras partes del mundo. En ese marco se debe actuar y practicar el consenso que busca la sociedad civil organizada.