En las plataformas de streaming se pueden encontrar películas latinoamericanas como la colombiana Noviembre* de Tomás Corredor (2025), que ficciona el cruento asalto al Palacio de Justicia de ese país en 1985 por el grupo M19, y el posterior asalto del ejército. También la chilena Matar a Pinochet de Juan Ignacio Sabatini (2020) sobre el intento de magnicidio al dictador sureño en 1985 por parte de un comando del Frente Patriótico Manuel Rodríguez; o la más conocida, Argentina 1985 de Santiago Mitre (2022), que reconstruye los juicios a los líderes de la última y sangrienta dictadura, así como el rol que les cupo al fiscal Julio César Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo en este proceso. También se podría mencionar el documental mexicano Ayotzinapa, el paso de la tortuga de Enrique García Meza (2018), en relación a la desaparición de 43 estudiantes rurales, donde estarían implicados, entre otros, la policía estatal de Guerrero, elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, además de una justicia que no llega para sus familiares. Finalmente, las brasileñas Aún estoy aquí de Walter Salles (2024) y El agente secreto de Kleber Mendonça Filho (2025), ambientadas en los turbios años de la dictadura militar, que estuvieron compitiendo por los premios Óscar dos años seguidos.

Más allá de sus temáticas sociales y políticas, estas películas tienen en común que fueron realizadas con fondos públicos de estímulo a su cinematografía, como parte importante de su financiamiento. No son las únicas, por cierto, pero sí las más conocidas.

En el caso del cine peruano actual eso no sería posible. Como sabemos, la nueva ley, aprobada por el Congreso, establece que no pueden acceder a los estímulos del Estado la obra que supuestamente “atente contra el Estado de derecho, así como aquellas que contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país; o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano”, un fraseo tan amplio y ambiguo que puede ser aplicado a su manera por cualquier funcionario disciplinado, como los que existen en el Ministerio de Cultura. Agréguese a ello, la reducción de los estímulos estatales para el cine regional e independiente.

La regresión en las políticas culturales con intenciones censoras es propia de los regímenes de ultraderecha, como fueron los casos del gobierno de Bolsonaro en Brasil y de Milei en Argentina, con sus brutales recortes al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el direccionamiento a producciones comerciales para las plataformas internacionales. Este camino es peor en el caso peruano por la dimensión más pequeña de la producción, y su repercusión internacional.

Aplicar la censura es el primer escalón de la llamada ‘batalla cultural’ que han emprendido los grupos extremos de la derecha en el mundo. Varios estados norteamericanos manejados por grupos conservadores, así como otros en Europa, amplían las listas de libros, discos y películas prohibidos por representar supuestamente un pensamiento cuestionador y diferenciado del de estos sectores.

Lo más grave es que la censura alimenta la autocensura. Así, el realizador Francisco Lombardi, de amplia trayectoria en nuestro cine, estrenó el 2025 El corazón del lobo, que toma como base el libro del ex oficial Carlos Enrique Freyre, El miedo del lobo, sobre un joven asháninka obligado a incorporarse a Sendero Luminoso, logrando escapar para reintegrarse a la sociedad gracias a la colaboración militar. Más allá de lo que pueda discutirse de la película, y el punto de vista adoptado por el director, llama la atención su insistencia en todas las entrevistas que le han hecho, el justificarla para “completar la visión” de su ya clásica La boca del lobo (1988), que presentaba las masacres de los militares en los años más duros del conflicto armado interno. ¿Justificarse ante quién? ¿Él mismo, el público o el Estado?

Los impulsores parlamentarios y mediáticos de la censura trataron de defenderla con el argumento que el Estado no debería financiar cintas que promovieran acciones en su contra. ¿Alguna película peruana lo hizo? Ninguna, y por más propaganda macartista, no pudieron mostrar una sola cinta que pueda considerarse, aunque sea mínimamente, apología de la subversión y el terrorismo. Lo que de verdad les incomodaba son las películas documentales que abordaban a líderes y agrupaciones de izquierda como Rojo profundo de Maga Zevallos (2023) sobre Javier Diez Canseco, Río profundo de Malena Martínez (2019) en relación a la lucha de Hugo Blanco, así como Desde el lado del corazón (2013) y El color del cielo (2024), díptico de Francisco Adrianzén sobre la nueva izquierda peruana surgida en los años 60.¹

Todas ellas obtuvieron estímulos del Ministerio de Cultura, que, sumándose a las que tocan temas sociales, representan una proporción ínfima en relación a todas las películas premiadas y, por cierto, no elegidas por funcionarios sino por jurados independientes en base a criterios de calidad en sus propuestas, que se sustentan en acta pública. Al respecto, los creadores del documental Justicia para Alan de Ernesto Carlín (2023), señalaban en su propaganda que no recibieron financiamiento del Estado, y eran una producción privada del dirigente aprista Hernán Garrido Lecca. No mencionaban, sin embargo, que no la tuvieron porque no se presentaron a la convocatoria de la DAFO por propia decisión, en una versión renovada de la vieja fábula de Esopo sobre la zorra y las uvas.

También se alude al caso de Tatuajes de la memoria, de Luis Llosa (2024), con guión de su primo Mario, e inspirada en la novela autobiográfica de Lurgio Gavilán Sánchez, Memorias de un soldado desconocido. Esta historia sobre un niño ayacuchano asimilado a Sendero Luminoso no obtuvo, hasta en cuatro ocasiones, los estímulos concursables del Ministerio de Cultura, arguyendo razones políticas y hasta animadversión de diferentes jurados al galardonado escritor. Si fuera el caso, no se explicaría como el 2023 la película de Lombardi, antes mencionada, ganó los estímulos al cine nacional para obras de largometraje.

La única película hecha de forma direccionada, con fondos públicos, fue Vidas paralelas de Rocío Llado (2008), también con guión del ex oficial Freyre, financiada por la Universidad Alas Peruanas, con apoyo del Ejército peruano y el aval de su jefe de entonces, el General Edwin Donayre. Diferente es el caso de la exitosa Chavín de Huántar, el rescate del siglo dirigida por el español Diego de León (2025), producida por el ex militar y empresario peruano radicado en Estados Unidos, Carlos Maguiña, y el productor colombiano Luis Guillermo Camacho, además de la participación de la actriz Karina Calmet, entre otros co productores, que recrea de manera bastante esquemática y maniquea el operativo militar para el rescate de los rehenes del MRTA en la casa del embajador de Japón, en el gobierno de Fujimori.

En ese sentido resulta más relevante lo sucedido con la exhibición del documental Uyariy (Ist'aña/Escuchar) de Javier Corcuera (2026) en Perú. Como es sabido, la película, que es testimonio de primera mano de la masacre impune en Juliaca a inicios del gobierno de Dina Boluarte, se presentaba en Lima y otras ciudades del sur del país el ocho de enero del 2026, un día antes del tercer aniversario de los hechos. En los días previos, luego de una fugaz exhibición en el Festival de Lima de agosto del 2025, se anunciaba el estreno en algunas salas, pero —oh sorpresa—, a última hora nos enteramos que era retirada de las pantallas de la cadena Cineplanet en el sur (Juliaca, Puno, Cusco, Arequipa) y en varias salas de Lima, cuando no reprogramada en horarios infames como las 2 pm. Se trataba de una abierta y nada casual censura de la cadena que monopoliza el mercado cinematográfico en Perú, sea por razones de convicción ideológica, presiones políticas o temor comercial.

Este burdo intento de impedir que los peruanos accedan al filme —con un innecesario anuncio previo o disclaimer de la distribuidora de la película V&R Films—, comenzó a ser revertido con el anuncio del director de retirar su película, lo que hizo temer reacciones adversas del público, sobre todo en el sur. Fue la reacción creciente y contundente en las redes sociales, incluyendo un pronunciamiento de los familiares de las víctimas, la que terminó revirtiendo el boicot, ampliándose el número de salas y funciones en las otras cadenas de exhibición, al punto de obligar a Cineplanet del grupo Interbank, a sumarse en las semanas siguientes. Todo, con el silencio estruendoso del Ministerio de Cultura y la escasa reacción de los gremios de cine, cabría agregar.

Uyariy (Ist'aña/Escuchar) no recibió ningún apoyo económico del Estado peruano. Con la censura actual no podría participar. Fue producida por dos empresas independientes españolas y una peruana, partiendo de los registros y testimonios que el director obtuvo en la golpeada ciudad puneña a los pocos días del estallido. Incluso fue presentada a la novísima convocatoria de los fondos de Ibermedia en la categoría de “Distribución y Circulación de Películas Iberoamericanas”, llegando a ser preseleccionada hasta las instancias finales, sin éxito, y por supuesto sin el respaldo de los representantes de la DAFO.

La película de Corcuera no es ni pretende ser neutral ante estos hechos de sangre, pero tampoco tiene un tono panfletario, por respeto a ese pueblo y sus víctimas que demandan justicia, por la la historia de sufrimientos y olvidos que lo anteceden y por el reconocimiento de un país, todavía afincado en Lima, en muchos casos indiferente, cuando no hostil.

“No a la censura” se dice como principio. Más importante resulta decir ahora, desde los creadores, “No a la autocensura”, porque la primera se sostiene en la segunda y en los miedos, reales o ficticios, que se alimentan frente al poder.