El ascenso fortuito de Daniel Noboa

Ecuador transita hoy bajo una "dictadura con fachada democrática". A diferencia de los autoritarismos tradicionales, el régimen de Daniel Noboa conserva las apariencias de una república —con elecciones periódicas y una división formal de poderes—, mientras concentra de manera agresiva todo el aparato estatal en torno a su figura. Su acceso al poder en 2023 fue un desenlace fortuito. Tras la disolución legislativa mediante la "muerte cruzada" decretada por Guillermo Lasso, Noboa presentó una candidatura de transición auspiciada por una improvisada alianza denominada ADN. El tablero electoral se fracturó con el magnicidio de Fernando Villavicencio, un asambleísta que renunció para postular a la presidencia de la república.

Ya en ese entonces, el Consejo Nacional Electoral (CNE) abandonó su rol de árbitro imparcial al demorar, de forma injustificada, el reemplazo de Villavicencio y prohibirle sin sustento legal a su sustituto Christian Zurita, participar en el debate presidencial obligatorio que fue determinante para la decisión de un electorado en conmoción. Noboa capitalizó con éxito la demanda ciudadana de orden y seguridad mediante una retórica de apoliticidad y frescura mediática, accediendo a la presidencia sin un proyecto político ni un programa de gobierno estructurado.

Primeras señales autoritarias

La primera manifestación de la deriva autoritaria de Noboa fue el hostigamiento sistemático contra su propia vicepresidenta Verónica Abad. Inmediatamente después de asumir la presidencia la desterró, enviándola —bajo pretexto de una "misión diplomática de paz"— a Israel y trasladándola luego a Turquía en condiciones humillantes y asedio constante. Frente a la resistencia de Abad, el régimen instrumentalizó múltiples instancias del Estado para doblegarla. En el ámbito penal, la Fiscalía procesó a su hijo (Caso Nene), recluyéndolo en una cárcel de máxima seguridad.

En el plano administrativo, la Ministra del Trabajo Ivonne Núñez, en contra de toda norma aplicó un sumario administrativo ordinario a una dignataria de elección popular —cuya remoción corresponde exclusivamente al control parlamentario en juicio político—, suspendiéndola ilegalmente por 150 días sin remuneración. Finalmente, tras una denuncia de la canciller de entonces, Gabriela Sommerfeld, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), totalmente dócil con el Ejecutivo sancionó a Abad con la suspensión de sus derechos políticos por dos años, impidiendo cualquier subrogación constitucional ante la ausencia del Presidente. Para la campaña de reelección del mandatario para el período 2025-2029, Noboa no solicitó la licencia obligatoria establecida por mandato constitucional, tomando unos pocos días en los que encargó la presidencia a sus ministras y no a su vicepresidenta como correspondía.

Además, en manifiesta ilegalidad, el candidato Presidente realizó proselitismo desde el poder, abusando de los recursos públicos y la infraestructura estatal. Aplicó un esquema demagógico de entrega de bonos, sobre todo a jóvenes, que constituían dádivas expresamente prohibidas para un candidato. La Función Electoral, pese a las alertas levantadas por la opinión pública, guardó silencio.

Noboa volvió a ganar gracias a las condiciones de desigualdad aplicadas a sus competidores y a los árbitros electorales complacientes, convirtiéndose en un evidente autoritarismo electoral.

La consolidación de una dictadura institucional

El debilitamiento democrático se profundizó cuando la administración de Daniel Noboa logró cooptar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el órgano constitucional encargado de designar a las altas autoridades judiciales y de control.

Una nueva mayoría de los integrantes del organismo dio un golpe a la legítima presidenta, reemplazándola por una conducción plenamente afín al Ejecutivo. Desde este mando se manipulan discrecionalmente los cronogramas de los procesos de selección. El CPCCS, de acuerdo a la conveniencia de Noboa, acelera el cambio de las dignidades en instituciones donde no logró someter a quienes estaban en funciones (Consejo de la Judicatura, Contraloría General del Estado, Superintendencias) y dilata la renovación de los organismos cuyos titulares actúan en consonancia con el oficialismo (Consejo Nacional Electoral (CNE), Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fiscal General del Estado.

Así, los integrantes del CNE y del TCE —con sus períodos largamente expirados— continúan ejerciendo sus funciones bajo una prórroga de facto y una lógica de subordinación que se manifiesta en decisiones que se ajustan perfectamente al guión impuesto por el Ejecutivo. Por ejemplo, para las elecciones seccionales, el CNE adelantó de forma ilegal el calendario de febrero de 2027 a noviembre de 2026 y se encuentra instrumentando —junto al TCE— la exclusión sistemática de la oposición.

La máxima expresión de su sometimiento fue la inconstitucional suspensión de la fuerza política más grande del país, la Revolución Ciudadana (RC) liderada por el ex Presidente Rafael Correa. El juez del TCE, Joaquín Viteri, admitió a trámite una causa impulsada por la Fiscalía (originada en una supuesta y conveniente “denuncia anónima” de lavado de activos) y, directamente en el auto de admisión, inhabilitó al movimiento por un período de nueve meses, lapso que coincide exactamente con el desarrollo del proceso electoral en curso. Esta medida contraviene el Código de la Democracia, el cual estipula taxativamente que la suspensión de un partido únicamente procede como sanción tras una sentencia ejecutoriada, no de manera preventiva, en la fase de admisibilidad. La resolución de Viteri introduce, además, una grave anomalía jurisprudencial al suspender -sin asidero legal- los plazos del juicio contencioso electoral, basándose en el carácter reservado de la investigación penal de la Fiscalía. Al congelar el trámite, el juzgador eludió el mandato legal de convocar a la audiencia única de pruebas y alegatos, la cual debe sustanciarse en un plazo máximo de treinta días. Mantener la suspensión política vigente mientras se congela indefinidamente el juicio, deja a la Revolución Ciudadana en absoluta indefensión, anulando en la práctica su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Ante este bloqueo, la Revolución Ciudadana optó por una alianza con el movimiento político AMIGO. La respuesta estatal repitió el mismo patrón: la Fiscalía notificó otra “conveniente denuncia anónima” de lavado de activos en contra de esta segunda organización y el TCE ejecutó una idéntica suspensión provisional por nueve meses. A estas distorsionadas decisiones judiciales electorales se suman la descalificación del movimiento Construye y el asedio a más de catorce organizaciones políticas, que ha degenerado la contienda en un mero simulacro electoral.

La justicia penal al servicio del poder político

Para instrumentalizar la justicia penal, Daniel Noboa promovió la designación irregular de Carlos Leonardo Alarcón Argudo como fiscal general encargado. Sin cumplir los requisitos de máxima categoría y mejor puntaje de la carrera judicial exigidos por la ley. Antes de su encargo, Alarcón ya gestionaba causas de interés directo para el mandatario: procesó el Caso Nene contra el hijo de la vicepresidenta, impulsó la causa penal contra el alcalde de Guayaquil y asedió penalmente al ex suegro del Presidente, a quien el mandatario persigue por la disputa familiar que mantiene con su ex esposa por la tenencia de su hija. Se han contabilizado más de 40 causas judiciales, entre penales y de otras materias, en contra de su ex esposa y su familia.

El ilegítimo nombramiento del Fiscal Alarcón fue viabilizado por el entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, un operador del Ejecutivo impuesto a través del CPCCS. Godoy fue duramente cuestionado por sus actuaciones en favor de cabecillas de bandas internacionales de narcotráfico y posteriormente destituido en juicio político por la Asamblea Nacional, pese a la defensa férrea del oficialismo a dicho personaje.

La Fiscalía actúa bajo un doble estándar. Las causas sensibles para el Ejecutivo son archivadas inmediatamente, postergadas indefinidamente o la investigación apunta a quienes no son del círculo cerrado de Noboa, tales como la investigación ambiental de Loma Larga, por supuesto tráfico de influencias en una fundación de su cónyuge Lavinia Valvonesi, el caso PetroNoboa en el cual estaría involucrado su hermano menor por supuesto tráfico de combustible o el caso Porsche relacionado con un atentado en Guayaquil, publicitado por el oficialismo como un hecho de delincuencia organizada, en el que posteriormente se demostró que intervinieron personal y vehículos de la familia presidencial….Otros casos similares son Progen y el caso ATM —relativos a contratos de emergencia termoeléctrica por más de 250 millones de dólares sin generación efectiva de un solo kilovatio—, cuyos recursos han sido perdidos por el Ecuador y los ministros responsables continúan en funciones o han salido del país. Mientras tanto, la persecución contra la oposición se ejecuta de forma implacable, en la mayoría de casos, sobre hechos inexistentes que obedecen a montajes convertidos en una constante institucional.

Paralelamente, el Consejo de la Judicatura (cuya conducción también tiene un origen ilegítimo, porque su nombramiento nace del atropello constitucional ejecutado colectivamente por el propio Consejo de la Judicatura, el Ministerio del Trabajo y el CPCCS que impidieron a la suplente legítima del destituido Mario Godoy asumir la presidencia, nombrando en su lugar a otra persona sin asidero legal). Dicho organismo disciplina a los jueces, premiando a los que se someten y destituyendo o sancionado a los que actúan con independencia. Los casos más notorios son la destitución de la jueza de instancia que dio la razón a la ex vicepresidenta Abad, la suspensión por 90 días de tres magistrados de la Sala Anticorrupción por revocar la prisión preventiva de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil; la destitución de la jueza que no dio prisión preventiva a un ex alto funcionario del gobierno de Noboa en el caso Magnicidio (Fernando Villavicencio); la remoción de jueces de la Corte Nacional que actuaron en contra de los intereses del Ejecutivo, entre otras acciones de evidente intromisión y violación del principio de independencia.

Bajo esta presión instrumentada desde las instituciones judiciales y también con de la Contraloría General del Estado se ha cercado judicialmente a los alcaldes de oposición que iban a la reelección, impidiéndoles participar por encontrarse detenidos con prisión preventiva, con sentencias condenatorias penales o sancionatorias contencioso electorales. Los casos más escandalosos son los de los alcaldes de las ciudades más grandes que tenían asegurada su reelección. Son más de cincuenta alcaldes y candidatos bajo presión.

El caso más relevante es el de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil a quien apresaron sin justificación y lo condenaron en tiempo récord a tres años de prisión. En sus casos él ha demostrado que se lo procesa por un tipo penal declarado inconstitucional y con base en informes elaborados bajo la coacción de Julio Neira, Secretario de la Administración del gobierno de Noboa. El otro alcalde brutalmente perseguido es Pabel Muñoz, burgomaestre de Quito quien ha enfrentado a una Contraloría totalmente sesgada que concluyó habría cometido peculado en un contrato de adquisición de trolebuses, realizado con el apoyo de Naciones Unidas en pro de la transparencia, pero a la Contraloría -aún cuando el contrato está fielmente cumplido- el procedimiento no fue satisfactorio. Cristian Zamora, alcalde de Cuenca fue inhabilitado políticamente por seis meses por el TCE mediante una causa de violencia política evidentemente manipulada.

Las elecciones de 2026 son prioritarias para el gobierno que aspira usar el poder de los gobiernos locales como plataforma para su reelección presidencial en 2029. En las seccionales de 2026 deben elegirse 223 alcaldes y más de 1350 concejales municipales; 23 prefectos y más de 4000 miembros de juntas parroquiales. La principal fuerza política no podrá participar salvo en los casos que logre hacerlo con alianzas. Así, la justicia penal y los órganos de control operan de forma distorsionada como una red para la proscripción electoral de sus opositores, actuando en dirección totalmente contraria a lo que le dispone la Constitución.

Otros espacios de poder cooptados o anulados

La Asamblea Nacional ha corrido la misma suerte. Mediante el chantaje judicial o el de la Contraloría General del Estado; la compra de voluntades de legisladores provenientes de movimientos con baja representación e incluso de la oposición; o, con la acción disciplinaria que sanciona sin el menor sentido a los legisladores de oposición, la Asamblea está sometida al oficialismo que ha eliminado el debate y anulado la fiscalización. Con esta mayoría el Ejecutivo ha gestionado leyes totalmente contrarias a los intereses nacionales, especialmente en el ámbito económico.

La Corte Constitucional también ha depuesto sus armas, convirtiéndose en un ente silente ante la arbitrariedad. Paralizado por una brutal campaña de difamación y un ataque frontal del Ejecutivo —que incluyó una marcha convocada por el propio presidente—, el organismo ha quedado neutralizado. Este asedio se complementa con el acoso de la Contraloría, que somete a los magistrados a auditorías sesgadas con indicios de responsabilidad penal, llevando a varios de ellos a enfrentar procesos penales y, aunque no se ha hecho público, se habla de que algunos de sus jueces fueron allanados.

Los medios de comunicación también están en la mira autoritaria. La prensa independiente está bajo asedio o compra. El oficialismo ha instrumentalizado el control de medios clave como El Universo, Radiocentro o La Posta —ésta última adquirida de manera polémica por una asambleísta de ADN, a través de un tercero- en una cifra millonaria, donde el involucrado que no tiene forma de explicar el origen de los fondos—. Al Diario Expreso y periodistas críticos se los ha sometido a una persecución brutal para acallarlos, con la ventaja de que éstos se mantienen con dignidad, defendiendo la libertad de prensa.

Este cerco comunicacional busca invisibilizar que el régimen carece de un proyecto de desarrollo nacional. En su lugar, opera un sofisticado esquema de enriquecimiento corporativo y familiar a costa de los recursos estatales. El gobierno actúa como gestor del holding familiar, direccionando la contratación pública y los recursos estratégicos del país. Ejemplos de este direccionamiento son la pretendida delegación del estratégico Campo Sacha y los beneficios contractuales otorgados a firmas aliadas con empresas relacionadas a su grupo familiar, mientras el Servicio de Rentas Internas consuma la remisión de deudas millonarias al consorcio del mandatario (Corporación Noboa) por cerca de 90 millones de dólares.

Ecuador se configura hoy bajo una dictadura institucional comandada por Daniel Noboa. Esta estructura se sostiene gracias al sometimiento y la complicidad de las más altas autoridades de control subordinadas mediante chantaje o prebendas, que actúan de forma sistemática al margen de la Constitución y de la ley para apresar, sentenciar, destituir, congelar cuentas, arruinar empresas y otras maniobras en contra de los opositores o voces disidentes.

El secuestro estatal contrasta con el desplome de la popularidad presidencial, situada en un crítico 20%. Este escenario prefigura un posible castigo electoral. Pese a las asimetrías de la cancha y a las trampas procesales de los árbitros, el voto ciudadano en los próximos comicios locales podría rebasar la manipulación del régimen y elegir o ratificar a autoridades de oposición, quebrando desde los territorios el esquema de su poder absoluto.