Prácticamente desde el gobierno de Toledo, Perú vive un largo proceso de erosión democrática en el que, manteniendo formas procedimentales electorales, perdió progresivamente capacidad de representación, integración y procesamiento de acuerdos sociales, llevando muchas veces a que la protesta y la movilización evidencian un cuestionamiento práctico a los mecanismos de representación.¹ La dinámica más peligrosa fue el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo que se agudizó desde el 2016.² Dargent y Rousseau plantean que las elecciones de ese año establecieron una nueva etapa en la política del país, que había predominado desde el retorno a la democracia el 2001, así como el inicio de una concentración del poder en un Congreso interesado en expandir sus atribuciones, iniciándose la transición del presidencialismo parlamentarizado que teníamos, al parlamentarismo autoritario que vivimos hoy.³ La misma se aceleró con la elección de Pedro Castillo y adquirió forma plena con la presidencia de Dina Boluarte, graduándose con las gestiones de José Jerí y Balcázar, dignos exponentes del Congreso que concluyó el mes pasado.

A lo largo de los últimos 5 años el Congreso terminó erigiéndose en el primer poder del Estado. Desde julio 2021, se aprobaron más de 67 artículos cambiando la Constitución, la mayoría de ellos en el título sobre la estructura del Estado, orientados a asegurar el control parlamentario sobre todos los otros poderes y se introdujeron modificaciones quirúrgicas en la legislación electoral para fragmentar y debilitar a la oposición: eliminación de las primarias, reintroducción del requisito de las firmas, condiciones asimétricas de competencia que los favorecieron con financiamiento público directo y reglas especiales para su ingreso al Senado. Muchas de sus acciones estuvieron dirigidas a controlar las elecciones del 2026 y el Estado a través de una coalición parlamentaria de muchas bancadas blindadas de cualquier control. A fin de cuentas, 88 de los 130 congresistas intentaron la reelección para que no queden dudas.

La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, Acción Popular y Perú Libre destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, en su beneficio. Un pretendido primer poder del Estado que se destacó, entre otras cosas por la ambición y el patrimonialismo de sus integrantes. Entre el 2021 y el 2026 cerca de 60 congresistas cambiaron de bancada, 5 de ellos 3 o más veces. Perú Libre perdió 26 congresistas, de 37 a 11, mientras que el grupo más sólido fue el de Fuerza Popular que terminó con 320 integrantes, perdiendo 4 en el camino. Nueve parlamentarios acumularon suspensiones mayores a 120 días por la Comisión de Ética que protegió a muchos más, cuatro fueron separados por inhabilitación o vacancia, y se documentó la permanencia de un curul ocupado por un legislador con sentencia condenatoria en primera instancia. Al año 2024, 67 congresistas, estaban implicados en 729 delitos, según la Fiscalía.⁴ 50 de ellos eran investigados por delitos contra la administración pública, la fe pública y el patrimonio, mientras que 17 enfrentaban cargos por lavado de activos, delitos contenciosos administrativos y contra la tranquilidad pública, entre otros. Al inicio de la gestión congresal, los reportes del Jurado Nacional de Elecciones identificaron que alrededor de 25 parlamentarios electos ingresaron declarando u ocultando fallos o antecedentes alimentarios, contractuales o penales en sus hojas de vida.

Las normas del Congreso 2021-2026 y la consolidación del parlamentarismo autoritario

El Congreso saliente, en el que reinó los últimos años Rospigliosi, y que Fuerza Popular manejó desde el primer momento, –desde el 2022 estuvo siempre en su mesa directiva, lideró regularmente las comisiones de Constitución, Fiscalización, Agricultura y Economía, además de promover y votar a favor de las principales normas congresales y encabezar la persecución contra jueces y fiscales-, representaba apenas al 25% de los electores del 2021 (30% no votó, 21% lo hizo nulo o en blanco y más del 17% votó por partidos que no pasaron la valla). La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios -cuesta 1,768 millones de soles anuales, más del doble de lo que costaba el 2022-, a lo que se suma su grosero desprecio por los electores, explican el profundo rechazo que generan la institución y sus integrantes en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

En un escenario de crecimiento mediocre, Congreso y Ejecutivo salientes, entraron a un ‘festival’ del gasto que se observa en la caída constante de la presión tributaria, la creación y el mantenimiento de distintas exoneraciones impositivas, los costos fiscales de diversas leyes, un MEF subordinado, y muchos de los incrementos presupuestales, pensados como ‘caja’ para obtener apoyo político. Desde el 2021 hasta septiembre 2025, el Congreso aprobó 229 leyes que elevaron el gasto permanente del Estado sin fuente clara de financiamiento. Según el Consejo Fiscal, su costo supera los 35,700 millones de soles.

Ambos fueron socios, subordinados al Ejecutivo, unidos por las ganas de sobrevivir impunemente, depredar lo público y asegurar su reproducción. Se aliaron para impulsar normas que bloqueaban investigaciones por corrupción, afectaron mortalmente la posibilidad de la meritocracia en la gestión pública peruana, prolongaron y ampliaron distintas exoneraciones tributarias para sectores económicos con poder, impulsaron una amnistía general para militares y policías por crímenes de derechos humanos, bloquearon e impidieron decenas de investigaciones—incluidas las de corrupción de sus integrantes y de Boluarte y Jerí— y aprobaron distintas normas en favor de diversas economías criminales e incluso la propia extorsión. De un Estado históricamente débil, en estos últimos 34 meses nos acercamos a uno casi criminal por la convivencia entre Ejecutivo y Legislativo.

Según la ENAHO en su módulo de gobernabilidad, si en el período julio-diciembre 2021, apenas 7.3% confiaba en el Congreso, en la medición octubre 2025-marzo 2026, 3.5% lo hace. Felizmente se fueron, aunque 24 de ellos seguirán en un curul, un número indeterminado se reciclará como asesor de congresista, bancada o comisión y otros aspiran a municipalidades y gobiernos regionales para seguir demoliendo la democracia, continuidad mediante. El parlamentarismo autoritario, el Estado ‘catastrófico’, a decir de la artífice del mismo, está instalado. El escenario para éste, para el gobierno en general, será muy difícil, cuando confluyen el desplome del Estado, el vaciamiento de contenido de la democracia y sus instituciones, la desconfianza absoluta en la política; polarización extrema y fragmentación social, crecimiento acelerado de las economías criminales e inseguridad, en un mundo en el que Trump pretende a la región como una ficha a ser alineada contra China, además del inminente fenómeno de El Niño.