Escribo desde la vida misma. A mí, nadie me lo contó, lo viví. Vi llegar la igualdad entre los sexos con la Constitución de 1979, luche con las compañeras feministas para profundizarla; y hoy, estoy viendo cómo la reacción patriarcal y sus perras cancerberas intentan desmontarlo todo

La llegada de las mujeres a los cargos de decisión no se trata solo de una medida o política de presencia, sino que requiere de mujeres comprometidas con los intereses y la defensa de los derechos de las mujeres. Algo de lo que la presidenta Keiko Fujimori, carece.

Las alertas se encienden, no sólo porque su propuesta de gobierno era pobre en términos de igualdad de género, sino porque a lo largo de los años, hemos visto cómo desde el Parlamento, en su alianza con las fuerzas políticas del espectro político más conservador y anti derechos (Fuerza Popular, Renovación Nacional, Avanza País, Alianza para el Progreso), recortaban el inexistente Estado de bienestar, se oponían al enfoque de la igualdad de género, acusándolo de sexualizar a las infancias, destruir a la familia y ser un arma peligrosa para la construcción de la identidad, reduciéndonos al sexo biológico, cuando la identidad sexual y la identidad de género son un complejo proceso que no se zanja con encasillamientos binarios.

En cuanto al derecho sobre nuestros cuerpos, su oposición al aborto terapéutico alcanza incluso a las niñas víctimas de violación obligándolas a gestar y a maternar, respecto a las cuales, en febrero de 2026, declaró que está en contra del aborto en casos de violación, incluso tratándose de niñas o menores de edad. Afirmó que, ante un caso hipotético de una hija suya de 8 años, abusada y embarazada, optaría por pedirle que no interrumpa el embarazo, que eso ya está conversado con sus hijas; circunstancia en la que fue desmentida públicamente por su hija mayor, quien como mujer se reconoce siempre en riesgo de violación y embarazo forzado. Aclaró que su madre no puede tomar las decisiones por ella y que sí optaría por abortar.

Pero no sólo se trata de lo anecdótico sino que Keiko Fujimori reivindica el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, y niega el crimen de las esterilizaciones forzadas¹ donde más de doscientas mil mujeres fueron esterilizadas contra su voluntad.El parlamentario Aguinaga, responsable de la cartera de salud durante los años en que se llevó adelante esta política de Estado ², integró la representación parlamentaria del fujimorismo durante los períodos 2006, 2011, 2021 y 2022. Hoy, nuevamente, es senador de Keiko Fujimori y se encuentra judicialmente procesado por este crimen. Las mujeres continúan luchando desde hace treinta años por justicia y reparación, mientras que algunas ya han muerto.

Asimismo, la presidenta es responsable política del apoyo directo que su bancada parlamentaria otorgó a Dina Boluarte, exonerándola de toda responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales de las 50 víctimas de las protestas del sur, entre diciembre del 2022 y el verano del 2023, dejando a madres, hijas, esposas y hermanas enlutadas y con el corazón encogido, postergando su dolor para acompañar emocionalmente a los otros miembros de las familias impactadas por las pérdidas y la desarticulación.

Esa misma bancada fujimorista promovió y aprobó las denominadas leyes pro impunidad -ley de prescripción (31751) y ley de amnistía (32107), para los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años del conflicto armado interno-, lo que también beneficiaría a los perpetradores de estos crímenes sexuales cometidos contra las mujeres, entonces adolescentes, de las comunidades de Manta y Vilca, donde se instaló una base militar. Once de ellas, después de 40 años consiguieron justicia a través de una primera sentencia condenatoria contra nueve de los once procesados. Hoy este caso está en revisión ante el superior y con un pedido de aplicación de la ley de prescripción. Cabe señalar que las víctimas de violación sexual durante el conflicto armado son más de 5000 mujeres, según el Registro Único de Víctimas (RUV) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y probablemente muchas otras más que nunca hablarán por la vergüenza, el estigma y la impunidad que las coloca en la categoría de 'no duelables'; es decir, seres cuyas privaciones, daños y muertes no revisten importancia social.

En su discurso de investidura, la presidenta, no sólo no menciona a las mujeres a lo largo de toda su alocución, ni una sola vez, sino que en un país donde el feminicidio y la violencia sexual son patrones generalizados de impunidad, el silencio sobre cómo enfrentarlos resulta ensordecedor. Las niñas también se invisibilizan cuando no se menciona la gravedad del patrón de violencia sexual y la impunidad en la que viven las niñas abusadas en Condorcanqui, a pesar de los antecedentes de los casos llevados ante los mecanismos internacionales como L.C contra Perú, ante el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el caso Camila contra Perú ante el Comité de los Derechos del Niño. Ambas niñas, víctimas de violación sexual, embarazo forzado y denegación de acceso al aborto terapéutico a pesar de los riesgos para su salud, la afectación de su proyecto de vida y la dignidad de sus vidas; incluso, Camila, abusada por su padre desde los 9 años y embarazada a los 13, en el colmo de la indolencia, tomando como referencia sus propias declaraciones y el rechazo a su estado de gestación, fue investigada y perseguida penalmente por el delito de auto aborto, engrosando las estadísticas policiales que entre el 2016 y el 2022, alcanzaron los mil cien casos.

Sobre la composición de su gabinete, sólo dos mujeres han sido nombradas ministras de Estado frente a un batallón de 17 hombres, y como un envase de mujer no garantiza el compromiso y la defensa de los derechos de las mujeres, el Perú tiene una presidenta mujer que no es capaz de armar un gabinete paritario, sino que de sus 19 ministros solo el 10% son mujeres designadas en carteras sociales, proyección de sus roles tradicionales de género: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ésta última, además, responde a grupos religiosos extremadamente conservadores y anti derechos, como el Opus Dei. Es decir, que nos movemos entre el adoctrinamiento religioso, la reacción patriarcal y el desconocimiento del sector.

Como si ello no fuera lo suficientemente malo para las mujeres peruanas y la democracia, la ministra de este sector declaró que asume el cargo con la intención de implementar un enfoque de igualdad de oportunidades, lejos de la igualdad sustantiva y el enfoque de género, al que insiste en nombrarlo como ideología, a pesar que señala que su norte es la Constitución Política del Perú. Justamente, por eso, debería actuar desde el derecho a la igualdad sustantiva reconocido por la Constitución y desarrollado por el Tribunal Constitucional; y si del enfoque de familia se trata, le recordamos que tenemos el Decreto Legislativo para el Fortalecimiento y la prevención de la violencia en las familias (1428), cuya finalidad es la construcción de familias democráticas que consideren los intereses y necesidades de todas/os sus integrantes en la toma de decisiones, y propiciando relaciones igualitarias.

Cómo olvidar que otra de sus amenazantes promesas es el retiro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, con el argumento de la “intromisión en la soberanía nacional” y acusada de ser benevolente con los delincuentes, especialmente con los terroristas, y supuestamente obligar al Estado peruano a pagar ingentes indemnizaciones, cuando en realidad la indemnización se concede de forma proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso concreto, según los perjuicios económicos, el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, los daños materiales, la pérdida de ingresos y los perjuicios morales; los gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos, servicios médicos, psicológicos y sociales. Lo que no ha ocurrido, pues pese a todas las sentencias condenatorias, Perú es el país más deficitario en cuanto al cumplimiento de las mismas, junto con Venezuela y Nicaragua.

Es así como el retorno del fujimorismo, 25 años después de su caída, aunque los últimos diez años ejerció el poder desde el Parlamento donde capturó las instituciones del sistema de pesos y contrapesos y aportó al deterioro institucional, convirtiéndose en responsable de ese estado ‘catastrófico’ en el que dice recibe al Estado peruano, no puede eludir su responsabilidad. Y como nada ocurre en el aire, en el contexto peruano la cultura de la desigualdad se expresa en la pervivencia del modelo “mariano” que vincula la idea de la mujer a la del sacrificio por su prole y la dedicación al cuidado de los suyos, como poderoso ordenador de la vida social, lo que se condice con los datos de la ENARES 2019, donde 52,7% de la población considera que las mujeres deben cumplir primero como madre, esposa o ama de casa, y después realizar sus sueños o proyectos personales. Por eso la presidenta Fujimori se dirige a las mujeres como ‘mamitas’ y las encasilla en el programa de alimentación de la época de su padre, el PRONAA, que pretende revivir, donde el trabajo de las mujeres no se reconoce ni se paga como tal.

¿Se puede decir que se promueve la participación política, el liderazgo de las mujeres y la igualdad de oportunidades y por otro lado oponerse a la corresponsabilidad de género de los cuidados, a la educación sexual integral (ESI) en las escuelas, al lenguaje inclusivo, a los derechos sexuales y derechos reproductivos? ¿Es acaso la participación política y económica de las mujeres una isla que opera al margen de las otras desigualdades estructurales de género? No. No es suficiente proclamar la igualdad y la paridad; tiene que trabajarse para cambiar las condiciones materiales y simbólicas en los distintos ámbitos y construirle viabilidad y sostenibilidad a la igualdad real de las mujeres.

En conclusión, solo la conjunción de la paridad política, paridad doméstica y paridad educativa configura una palanca eficaz para movilizar a la sociedad hacia la construcción de un orden social de género más justo e igualitario.