La política laboral del gobierno de Keiko Fujimori debe analizarse desde una perspectiva histórica. Su punto de partida no se encuentra en el discurso presidencial del 28 de julio de 2026 ni en las primeras declaraciones de sus ministros, sino en la reforma laboral realizada durante el régimen de su padre en la década de 1990. Aquella reforma modificó profundamente las relaciones entre trabajadores, empresarios y Estado. Redujo la estabilidad en el empleo, amplió las modalidades de contratación temporal, facilitó el despido, debilitó la negociación colectiva y restringió la capacidad de acción de los sindicatos.

No se trató solamente de un conjunto de cambios legales. La reforma formó parte de una transformación neoliberal más amplia, orientada a restablecer el poder empresarial después de la crisis económica y política de la década anterior. La flexibilización redujo los costos de despido, amplió la capacidad de los empleadores para modificar las condiciones de trabajo y debilitó mecanismos de participación y protección laboral.

El resultado fue una modificación duradera de la correlación de fuerzas entre capital y trabajo. La afiliación sindical se redujo drásticamente, la negociación colectiva perdió cobertura y numerosos trabajadores fueron desplazados hacia contratos temporales, intermediación laboral, autoempleo o actividades sin protección social. La reforma no creó la precariedad laboral en Perú, pero la institucionalizó, la extendió y la convirtió en un componente central del modelo económico.

La transición democrática iniciada a comienzos del siglo XXI no logró revertir esta transformación. Se recuperaron algunas libertades públicas y se corrigieron ciertos excesos del régimen autoritario, pero la arquitectura básica de la legislación laboral permaneció prácticamente intacta. La democracia posfujimorista administró el modelo económico y laboral heredado sin cuestionar sus fundamentos.

El antifujimorismo, por su parte, concentró su crítica en la corrupción, el autoritarismo, las violaciones de los derechos humanos y la captura de las instituciones. Todos estos aspectos eran fundamentales. La dimensión laboral del régimen recibió una atención mucho menor. Se denunció al fujimorismo como una amenaza para la democracia política, pero pocas veces se examinó con igual intensidad su responsabilidad en la destrucción de las capacidades colectivas de la clase trabajadora.

Esta omisión tuvo consecuencias. La reforma laboral de los años noventa sobrevivió a la caída del régimen, mientras la precariedad continuó expandiéndose bajo gobiernos de diferentes orientaciones políticas. En lugar de reconstruir un sistema de derechos laborales universales, el Estado fue acumulando regímenes especiales, contratos temporales, excepciones sectoriales y políticas de formalización de alcance limitado.

Una sociedad de trabajadores precarios

La precariedad laboral peruana no puede reducirse a la informalidad jurídica. Habitualmente se divide a la población ocupada entre trabajadores formales e informales, como si los primeros disfrutaran plenamente de un empleo adecuado y los segundos estuvieran completamente excluidos de la protección. La realidad es más compleja.

En Perú, prácticamente todo empleo formal o informal, posee algún grado de precariedad. Para unos trabajadores, la precariedad se expresa en ingresos insuficientes; para otros, en contratos temporales, jornadas prolongadas, riesgos para la salud, falta de autonomía, discriminación, acoso laboral o incertidumbre frente al despido.

Al mismo tiempo, la informalidad continúa siendo una característica estructural de la economía peruana. Los estudios disponibles señalan que no puede explicarse únicamente por los costos administrativos de la formalización. Su persistencia está vinculada con la baja productividad de una parte considerable de las unidades económicas, la limitada diversificación productiva y la incapacidad del modelo de crecimiento para generar suficientes empleos protegidos.

Durante 2025, la población ocupada del país alcanzó aproximadamente 17,6 millones de personas. Sin embargo, el aumento de la ocupación, no equivale necesariamente a una mejora de la calidad del empleo. En un mercado laboral donde millones de personas trabajan por cuenta propia, mediante contratos civiles, tercerización, plataformas digitales o relaciones laborales encubiertas, tener una ocupación no garantiza estabilidad, derechos ni ingresos suficientes.

Por esta razón, sería más apropiado hablar de una clase trabajadora internamente fragmentada y sometida a diferentes formas de precariedad. La separación entre asalariados formales, trabajadores informales, autoempleados y pequeños productores oculta que todos ellos dependen, en distinto grado, de la venta directa o indirecta de su fuerza de trabajo para sobrevivir.

La recomposición del poder empresarial

La precarización del trabajo ha ocurrido paralelamente a una profunda transformación de la clase empresarial. La burguesía peruana es diversa y se encuentra atravesada por diferencias sectoriales, territoriales y económicas. Sin embargo, la globalización neoliberal ha fortalecido la predominancia de intereses empresariales transnacionales.

En sectores como la minería, la agroexportación, las finanzas, las telecomunicaciones, el comercio y la construcción, las decisiones económicas se encuentran crecientemente articuladas con cadenas globales de producción, inversión y financiamiento. Los empresarios locales pueden participar directamente en estas cadenas o subordinarse a ellas como proveedores, contratistas y socios menores.

Esta situación no significa la desaparición de los capitales nacionales. Por el contrario, algunos grupos locales han adquirido una importante capacidad económica y política. Existen empresarios que se convierten directamente en actores políticos, controlan gobiernos regionales, universidades, medios de comunicación o partidos. El caso de la familia Acuña expresa con particular claridad esta fusión entre acumulación económica, presencia territorial y representación política.

Al mismo tiempo, la frontera entre economías legales e ilegales se ha vuelto cada vez más porosa. La minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, la tala clandestina y otras actividades ilícitas se articulan con empresas formalmente constituidas, redes de transporte, sistemas financieros y autoridades políticas. Lo legal y lo ilegal no funcionan como mundos separados. Se superponen, se financian mutuamente y disputan espacios dentro del Estado. Frente a esta recomposición del poder empresarial, la clase trabajadora aparece socialmente precarizada, económicamente empobrecida y políticamente fragmentada. Durante las últimas décadas se desarrolló un eficaz proceso de disciplinamiento social. La amenaza del desempleo, la rotación contractual, la tercerización y la debilidad sindical han instalado el miedo y la competencia entre los propios trabajadores.

Las luchas laborales continúan existiendo, pero suelen ser defensivas, locales y coyunturales. Se producen huelgas, plantones, protestas regionales y movilizaciones sectoriales, aunque pocas logran sostenerse en el tiempo o articularse dentro de un proyecto común. La debilidad organizativa no expresa la desaparición del conflicto de clases. Expresa una correlación de fuerzas profundamente desfavorable para el trabajo.

Un gobierno sin programa laboral

En este escenario, el fujimorismo no necesita formular una nueva doctrina laboral. Le basta con administrar la precariedad existente. Esta constituye la principal característica de la política laboral de Keiko Fujimori: la ausencia de un programa coherente de transformación del empleo. El discurso presidencial del 28 de julio mostró esta carencia. Keiko Fujimori anunció que la remuneración mínima vital aumentaría de S/1.130 a S/1.300, es decir, en S/170 mensuales. También propuso un bono compensatorio para las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, las declaraciones posteriores del Ministro de Trabajo relativizaron la oportunidad y el procedimiento de la medida, introduciendo dudas sobre su aplicación efectiva.

La contradicción es reveladora. El aumento fue presentado como una decisión presidencial, aunque posteriormente empezó a ser tratado como una propuesta que debía pasar por evaluaciones técnicas en el Consejo Nacional de Trabajo, esa instancia inoperante y dilatoria. El problema no reside en que la remuneración mínima deba ser discutida técnicamente. Consiste en anunciar una medida como hecho consumado sin contar aparentemente con una decisión gubernamental suficientemente elaborada. La inconsistencia fue todavía más evidente cuando se conoció un borrador de la solicitud de facultades legislativas. El documento contemplaba la revisión de vacaciones, gratificaciones, compensación por tiempo de servicios, horas extras, utilidades, feriados y mecanismos de despido. También proponía orientar la inspección laboral hacia una función predominantemente preventiva. Ante las críticas, el gobierno negó que tuviera la intención de eliminar derechos laborales. En pocos días se pasó del anuncio de un aumento salarial a la posibilidad de una nueva desregulación de las relaciones laborales y, posteriormente, al desmentido de esa orientación. Esta secuencia no constituye una simple dificultad comunicacional. Evidencia la ausencia de una política laboral claramente definida y la disputa entre anuncios populistas, presiones empresariales y decisiones improvisadas.

Keiko Fujimori carece de una real política laboral. No le interesa una propuesta integral para reducir la informalidad, fortalecer la negociación colectiva, garantizar derechos a los trabajadores autoempleados, regular las plataformas digitales, combatir el fraude laboral o reconstruir la inspección del trabajo. Tampoco parece existir un equipo técnico y político capaz de articular estas materias dentro de un proyecto coherente.

Por ello, resulta poco útil concentrarse exclusivamente en las declaraciones de la presidenta. Su discurso político ha estado caracterizado por cambios de posición, promesas contradictorias y decisiones condicionadas por las necesidades inmediatas de legitimación. Más importante que sus palabras es identificar los grupos sociales con capacidad efectiva para orientar las decisiones del gobierno.

Todo indica que los grandes grupos empresariales seguirán siendo los principales actores de la política laboral. Su objetivo será conservar la flexibilidad contractual, reducir los costos laborales, limitar la fiscalización y debilitar o domesticar a los sindicatos que todavía poseen capacidad de negociación. En algunos sectores pueden tolerar organizaciones moderadas, controlables y circunscritas a reivindicaciones económicas.

Los trabajadores autoempleados, los falsos independientes y quienes laboran mediante relaciones encubiertas tendrán una representación política aun más débil. Aunque suelen ser llamados informales, muchos se encuentran insertos en cadenas de acumulación controladas por empresas formales. El gobierno probablemente los tratará como beneficiarios de programas sociales, créditos o medidas clientelistas, pero no como sujetos colectivos con derechos laborales.

La posibilidad de una respuesta de clase

El problema decisivo consiste en saber si los sectores precarizados podrán construir una acción colectiva clasista, organizada, combativa y sostenida. La respuesta no depende únicamente de la indignación. Requiere organización, formación política, recursos, estructuras territoriales y capacidad para articular demandas diversas.

La reconstrucción de un movimiento de trabajadores no podrá limitarse al sindicalismo tradicional de las grandes empresas. Tendrá que incorporar a trabajadores temporales, tercerizados, autoempleados, migrantes, repartidores de plataformas, pequeños productores y personas sometidas a fraude laboral. También deberá reconocer las desigualdades de género, territorio, origen étnico y generación que atraviesan a la clase trabajadora.

El fujimorismo gobierna sobre una sociedad laboralmente fragmentada. Su fortaleza no proviene de un programa original, sino de la persistencia del orden construido en los años noventa y conservado por los gobiernos posteriores. Mientras la precariedad siga siendo interpretada como un problema individual, el gran capital conservará la iniciativa. Convertir esa experiencia dispersa en conciencia, organización y acción colectiva constituye la tarea política fundamental del presente.