Uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho es la existencia de una división de poderes efectiva y real. Otro de los pilares es la existencia de un sistema de justicia realmente independiente e imparcial. Si el segundo no existe el primero se diluye de manera inevitable. Algo de eso estamos viviendo en Perú desde hace varios años. El discurso de la presidenta llamando a respetar la independencia y los ataques del congresista Rospigliosi son las dos caras de una estrategia que pretende controlar el sistema de justicia.

Una década atrás la acción de la justicia significó la puesta en cuestión del propio sistema político y de sus principales actores tras la revelación del caso Lava Jato, que comprometía la acción delictiva de buena parte de la clase política. Ese caso acreditaba lo que todos sospechaban, que la corrupción había alcanzado a quienes decían luchar contra ella. El sistema de justicia asumió entonces, un protagonismo que sólo había tenido, aunque en menor dimensión, en los años iniciales de la década del 2000 en el juzgamiento y condena de los casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos del régimen fujimorista.

Pero ese escenario ha sido trastocado por completo. Y no me refiero sólo a la no ratificación en el cargo del emblemático —ahora-—exfiscal José Pérez Gómez, sino a un cambio absoluto de las condiciones políticas e institucionales en todo el sistema de justicia.

La degradación de la democracia

Si bien el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo, del 7 de diciembre de 2022, es una fecha en clave para entender el proceso acelerado de degradación de las condiciones elementales del sistema político, ya que la sucesión constitucional que colocó en la presidencia a Dina Boluarte, más allá de un cambio del inquilino en Palacio de Gobierno, fue un cambio de régimen político, en el que la nueva correlación de fuerzas que tomó el poder ese día, colocó —literalmente a sangre y fuego—, una nueva agenda profundamente antidemocrática y contraria a los derechos humanos.

Junto a ese proceso de degradación de la democracia, la nueva correlación —bien llamada el pacto mafioso—, empezó a desplegar una estrategia para copar las instituciones del sistema de justicia. La elección en el Congreso de 6 de los 7 magistrados del Tribunal Constitucional (TC), en mayo de 2023, fue un paso inicial que resultó fundamental para sus intereses políticos.

En esa etapa, el nuevo TC tuvo una prueba fundamental de adhesión a la estrategia política del pacto, en diciembre 2023, con la emisión de la sentencia en la que, desconociendo los mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dispuso la liberación del condenado Alberto Fujimori, tras validar un indulto humanitario concedido fuera de la ley.

La elección de una nueva Junta Nacional de Justicia a finales del año 2024 sería otro elemento central de la estrategia de demolición de los operadores del sistema de justicia vinculados al caso Lava Jato entre otros, y del control del sistema de justicia.

Como podemos observar, a partir de 2023 claramente se fue configurando un nuevo sistema de justicia, que ya no dependía de su posición de independencia respecto del poder, sino de su cercanía y capacidad de sometimiento a éste, para responder a sus intereses.

La toma del Ministerio Público

A la par se comenzó a desarrollar una estrategia de toma del Ministerio Público, para lo cual, el fujimorismo y sus aliados en el Congreso, cumplieron un papel fundamental. Esta estrategia tuvo dos pasos esenciales.

El primero, el descabezamiento de la Junta de Fiscales Supremos. Las sucesivas acusaciones constitucionales contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza que derivaron en su inhabilitación —en diciembre de 2025—, así como la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Avalos y la acusación constitucional contra los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, tuvieron como claro objetivo descabezar la Junta de Fiscales Supremos, para permitir el retorno de ex fiscales supremos como Patricia Benavides, Tomás Gálvez Villegas y Víctor Rodríguez Monteza, destituidos por su vinculación con actos fuera de la ley, logrando así la recomposición de esa instancia suprema. El fujimorismo ha tenido, en todo momento, el liderazgo de esta operación política.

El fin del caso Lava Jato

El segundo fue la demolición del Equipo de fiscales del caso Lava Jato. Si bien desde hacía algún tiempo los fiscales Pérez Gómez y Vela Barba enfrentaban diversas críticas por el rol en sus investigaciones, fue en marzo 2024 que el propio Ministerio Público les inventó una investigación penal, junto al periodista Gustavo Gorriti, por el delito de cohecho, en relación a su papel en el caso Los Cócteles. Desde ese momento fueron objeto de innumerables investigaciones penales y administrativas, de sanciones y suspensiones, alentadas desde el interior de la propia fiscalía. Tras la llegada, en diciembre de 2025, de Tomás Gálvez a la Fiscalía de la Nación, una de las primeras medidas que anunció fue la desarticulación del llamado Equipo Especial del caso Lava Jato. En marzo de 2026 la Junta Nacional de Justicia resolvió no ratificar al fiscal Pérez Gómez y la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público aplicó una sanción de suspensión al fiscal Vela Barba.

Sumado a ello, en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia mandando al archivo el caso Los Cócteles, en el que Keiko Fujimori y la cúpula de Fuerza Popular estaban siendo procesados por el delito de lavado de activos por los aportes económicos de las constructoras brasileñas.

La tarea estaba cumplida. El Ministerio Público estaba en manos de un fiscal que claramente responde a los intereses del fujimorismo y el caso Lava Jato está virtualmente liquidado.

Las leyes pro impunidad

Los casos de graves violaciones a los derechos humanos también se han convertido en un notorio objetivo político. En agosto de 2024, el Congreso -a partir de una iniciativa del fujimorismo-, promulgó la ley 32107 que permite la prescripción de crímenes de lesa humanidad; en agosto de 2025 promulgó la ley 32419 de amnistía para violadores de derechos humanos y en junio de 2026 alcanzó a hacer lo propio con la ley 32735, con la cual se amplían las competencias de la justicia militar. Este paquete normativo ha tenido un claro objetivo: generar nuevos mecanismos de impunidad para favorecer a militares y policiales investigados, procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.

La respuesta del Poder Judicial ante los pedidos de aplicación de estas leyes, especialmente la ley de prescripción de crímenes de lesa humanidad ha sido categórica, declarando su inaplicación porque resulta inconstitucional y contraria al orden jurídico establecido por el derecho internacional de los derechos humanos y por el derecho penal internacional. Frente a ello, el congresista Rospigliosi, principal representante del fujimorismo en el Congreso y promotor de estas leyes, ha desplegado un agresivo papel de denuncia ante la Junta Nacional de Justicia contra todos los magistrados —jueces y fiscales— que han emitidos resoluciones o sentencias inaplicando la ley 32107. En todos los casos, la JNJ ha abierto investigaciones contra los magistrados denunciados, lo que incluye a 5 jueces de la Corte Suprema de Justicia, con el riesgo inminente de que sean suspendidos temporalmente en el ejercicio de sus cargos.

La misma JNJ, en mayo 2026, decidió no ratificar al juez constitucional Oswaldo Ordoñez, sólo por el hecho de que en octubre de 2025 había participado en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en representación de una asociación regional de magistrados de América Latina, en la cual criticó las llamadas leyes ‘pro crimen’.

El Poder Judicial en la encrucijada

Bajo estas condiciones es evidente que hemos asistido a una estrategia de destrucción de los estándares más elementales de respeto a la división de poderes y la independencia del sistema de justicia, como consecuencia de lo cual, es evidente, que el nuevo gobierno pretende configurar un sistema de justicia cuya característica sustancial será el sometimiento al poder.

Las palabras de la presidenta Keiko Fujimori el pasado 4 de agosto, en el día del juez, cuando, ante todos los jueces, declaró que respetaría la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho, sonaron simplemente como un discurso político sin contenido, ya que unas cuantas palabras no logran ocultar una estrategia política que busca convertir a la justicia en simple instrumento del poder.

El llamado de la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, exigiendo respeto a la independencia judicial, pareciera dar cuenta de que estamos ante un escenario de confrontación, completamente desigual, entre el poder político y un sector de la magistratura que pretende resguardar el Estado de derecho. Esa será una batalla por la defensa de la democracia (agosto 2026).