El ensayo de José Ragas y Charles Walker, Las guerras de la historia. El uso político el pasado en Perú (La Siniestra Ensayos, 2026), interviene en un campo de debate que en la actualidad está especialmente encendido por la emergencia de la derecha radical en buena parte del mundo: las nuevas batallas por la historia, por su interpretación a través de la reconstrucción del pasado y el empleo actual de diversos símbolos, históricamente cargados. En líneas generales, los autores proponen «estudiar el rol que tuvo el discurso histórico y el pasado en la creación de nuevas mitologías políticas en los últimos veinticinco años en Perú»” (p. 12), periodo que entienden como uno relativamente estable, pese a que los últimos 5 años, parecen indicar lo contrario. En ese marco, plantean “analizar los discursos históricos implícitos en estos nuevos movimientos sociales y políticos [el fujimorismo y el antifujimorismo, los jóvenes que se movilizaron contra Merino, la derecha hispanista de López Aliaga] para comprender cómo han llegado a polarizar de manera transversal al país y adaptar referencias del pasado a nuevos formatos digitales (redes sociales, memes, TikTok)” (p. 19).

Así, examinan cómo el fujimorismo ha construido un discurso sobre el país desde la dictadura de los 90 hasta el presente, anclado en la defensa de la Constitución de 1993 y en la figura salvadora de Alberto Fujimori. A través del análisis de cómics, cursos escolares, libros y plataformas de formación política, como la “escuela naranja”, muestran cómo ha redoblado sus esfuerzos por convencer a la población, no solo de leer la dictadura como una necesidad histórica, sino de apostar por mantener el ordenamiento jurídico-político que, según ellos, llevó al Perú a la senda del progreso. Luego, Ragas y Walker registran la emergencia reciente de referencias a Túpac Amaru y Micaela Bastidas en la cultura visual de los jóvenes en las marchas contra Merino de fines del 2020. En medio de otros símbolos históricos (como el Che Guevara) y otras imágenes generacionales (como la cultura del meme en el entorno digital, también trasladada a pancartas alzadas en las calles), Túpac Amaru y Micaela Bastidas aparecen cargados de nuevas demandas en clave feminista o asociados con el sur andino como espacio histórico de resistencia cultural y política. Como bien reconocen los autores, algunos grupos de derecha libertaria también están buscando hacerse de Túpac Amaru como un rebelde contra los impuestos borbónicos.

Tras ello, rastrean la proliferación de referencias a Juan Velasco Alvarado y el Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada en memes y películas como La revolución y la tierra, en medio de la conmemoración de los 50 años del golpe de 1968 y la Reforma Agraria del año siguiente. En la última década, Velasco viene siendo reconsiderado como un símbolo histórico en el Perú contemporáneo, desde visiones reformistas o progresistas donde se cuestiona su autoritarismo o desde la revisión de su gobierno como una experiencia clave para pensar la tradición socialista peruana, tanto dentro como fuera de la academia. Posteriormente los autores se concentran en las disputas que han tenido al Lugar de la Memoria como centro, pasando revista a distintos episodios donde la narrativa original del LUM fue cuestionada por políticos de derecha hasta lograr que se eliminen las referencias al terrorismo de Estado, además de comentar la investigación contra la obra de teatro La Cautiva o la censura a la exhibición de gráfica sobre los 90 que llevó a la salida de Guillermo Nugent de la dirección institucional.

El último caso analizado es el de la derecha celeste que, en años recientes y con un renovado discurso hispanista, añade una capa más al repertorio revisionista de nuestra derecha, patente no solo por su defensa del término ‘virreinato’ en vez de ‘colonia’ –muy extendido en la historiografía local–, sino por el desarrollo de una política cultural en la Municipalidad de Lima que lleva adelante la reconstrucción de la arquitectura ‘virreinal’ de la ciudad como parte de la puesta en valor del legado español. La reinstalación del monumento a Francisco Pizarro cerca del Palacio de Gobierno, después de que fuese desplazado por dos décadas, devuelve a la figura al centro espacial del poder político. Esta derecha celeste aspira a verse a sí misma como el Vox local y ha tendido puentes con esa agrupación a través de la Municipalidad y el Congreso. Es con este caso que Ragas y Walker aluden a la ‘batalla cultural’ (p. 93) que Vox, Javier Milei, Agustín Laje y demás personajes, vienen entablando «contra el marxismo y el progresismo», y cuya narrativa es la de la ‘reconquista’ de América contra la amenaza comunista.

Me interesa pensar este libro como un estudio sobre los procesos de construcción de hegemonía en el Perú actual. De un lado, vemos con claridad cómo las derechas han empleado ciertos elementos del pasado reciente y lejano para convencer a la población de sus actuales proyectos de país, aunque sean poco más que la conservación del llamado modelo económico. De otro, notamos que se ha ido tejiendo un cierto imaginario democrático en las movilizaciones de los últimos años, aunque al leer el libro, no queda tan claro el sujeto detrás de aquel imaginario. Como lo mencioné, alrededor de la figura de Velasco hoy vemos discursos muy distintos: hay quienes saludan las reformas agraria y educativa, así como las nacionalizaciones del petróleo y la minería, pero condenan el hecho de que fue un militar. Entre la izquierda de la época, hay quienes reconocen que fue un gobierno que hubiese sido bueno radicalizar desde dentro y valorar su carácter progresista, en vez de oponerse frontalmente y debilitarlo. Pero también hay una memoria popular sobre Velasco que no solo se hace patente en memes, stickers de whatsapp y pancartas en marchas, sino en locales de comunidades campesinas, monumentos públicos y romerías a su tumba. Ello marca un contrapunto importante con el modo de abordar este caso en el libro, y al mismo tiempo me permite sugerir un punto ciego que llama la atención: la no aparición de la clase social como categoría indispensable para poder situar en el terreno de lo concreto estos diversos discursos históricos. Sobre todo, porque la llamada polarización actual no es tanto un problema de extremos que no se entienden y requieren de un centrismo mediador, sino de al menos dos proyectos políticos enfrentados en medio de un país en el que ninguno ha alcanzado una verdadera hegemonía, como lo muestran las últimas dos elecciones.

La disputa por la hegemonía siempre pone en escena al menos dos clases en pugna: una burguesa y una proletaria, o una dominante y una dominada, si se prefiere. Cada cual tiene sus aparatos de producción ideológica: intelectuales que trabajan para construir un relato histórico e intentar convencer a la gente de que lo crean, y medios de difusión del discurso, ya sean libros, cómics, videos de Tik Tok e Instagram, podcasts, etc. Como lo muestra el libro, la clase dominante no comparte un único discurso histórico, pues el fujimorismo tiene un interés especial en el pasado reciente, mientras que la derecha celeste está más comprometida con la larga duración. Son parte de una misma clase, pero expresan distintos intereses al interior de la burguesía peruana actual. Como también lo expresaba hace una década el contraste entre PPK y su «neoliberalismo progresista» –como diría Nancy Fraser–, con cultura cosmopolita y discurso pro-derechos, contra el «neoliberalismo autoritario» de Fujimori y López Aliaga. ¹. En cualquier caso, se trata de una clase dominante que no ha logrado convertirse en clase dirigente, es decir, en orientadora del país según sus planteamientos a través del consenso y no solo de la represión.

Por contraste, al otro lado encontramos en el texto la imagen general de un imaginario rebelde y democrático, pero desanclado de un sujeto social concreto. Una imagen tan imprecisa como lo fue el sujeto movilizado contra Merino, en el que cabía un poco de todo, pero que cerró filas contra los trabajadores agroindustriales, dos meses después de la movilización de noviembre 2020, cuando éstos se alzaron contra sus pésimas condiciones de trabajo y recibieron el terruqueo del establishment mediático, las balas del Ejército y el silencio abrumador de la población, que poco antes se presentaba como abanderada de la democracia. Al mismo tiempo, a puertas del Bicentenario, cabe recordar una batalla por la historia que se hizo evidente en la esfera pública con el auge del discurso ‘republicano’, con intelectuales como Alberto Vergara y Carmen McEvoy evocando una genealogía de supuestos virtuosos como el civilista Manuel Pardo o el acciopopulista Valentín Paniagua, mientras el gobierno de Sagasti se orientaba por el llamado ‘republicanismo morado’, un centrismo que buscaba compatibilizar el neoliberalismo con el buen funcionamiento de nuestras instituciones. ² Desde las elecciones del 2021 este republicanismo neoliberal quedó mal parado, y hoy ha logrado recomponerse un poco con los escaños del partido de Jorge Nieto.

Ahora bien, las movilizaciones contra Merino fueron lo más ‘generación Z’ que hemos tenido en los últimos años en Perú –estéticas tan dispersas como las ideologías que las sustentaron–, pero la imagen es bastante distinta cuando analizamos cómo esos mismos símbolos de Túpac Amaru, Micaela Bastidas y Velasco, aparecieron incontables veces en pancartas, diseños digitales, polos y demás objetos gráficos durante las movilizaciones contra Boluarte entre fines de 2022 e inicios de 2023. Símbolos articulados con el sombrero chotano y con la demanda de liberación de Pedro Castillo, como también lo comprobamos con la campaña de Roberto Sánchez este año. Después del 2020, estos símbolos se han arrimado más hacia la izquierda y forman parte de lo que podríamos llamar, siguiendo las declaraciones políticas recientes de Anahí Durand, ‘campo popular’. Un campo en proceso de configuración donde confluyen campesinos, obreros, pequeña burguesía profesional, comerciantes, estudiantes, etc. Se trata de un espacio político que viene consolidándose lentamente alrededor de una visión de la historia que renueva la ‘idea crítica’ del Perú que Gonzalo Portocarrero y Patricia Oliart encontraron activa entre los maestros de los años 80, y que hoy parece operar como marco básico para interpretarnos, al menos para esta mitad del país que no ganó las últimas elecciones. Es importante devolver estos discursos sobre la historia a la escena de la que provienen, que es la lucha de clases y la disputa por la hegemonía que le es consustancial. Como decía Alain Touraine, los movimientos sociales no solo son grupos de gente que demandan cosas, sino que entablan una batalla por la historicidad de la sociedad en su conjunto.³. En ese sentido, las guerras por la historia son una parte fundamental de la dinámica de la lucha de clases aquí y en cualquier parte.

Interesa marcar algunos procesos que son parte del mismo periodo analizado en el libro. Primero, hay que recordar la importancia de la consigna del retorno a la Constitución de 1979 durante el ascenso de Ollanta Humala como actor político en los 2000. A diferencia de la simbología incaica que Alejandro Toledo empleó en su campaña y victoria, Humala planteó de manera consistente la vuelta al 79 como la ruta más corta para dejar atrás la constitución fujimorista. Hay entonces una disputa sobre la historia reciente que conviene examinar, más allá de que Humala abandonara sus convicciones. Curiosamente, hoy entre la izquierda vemos con buenos ojos una Constitución que fue escrita por el APRA y el PPC, sin los constituyentes socialistas, pero que brilla por tratarse, al menos, de una carta surgida de un proceso democrático. Al contrario, el rechazo a la del 93, no sólo enfatiza el capítulo económico, sino el hecho de que fue impuesta por la dictadura. Así, la demanda del retorno al 79 fue luego reemplazada por las izquierdas por la de tener un nuevo proceso constituyente, lo que supone ya, una disputa por la historicidad de nuestro ordenamiento jurídico-político. El próximo año serán 50 del Paro Nacional del 19 de julio de 1977 y tendremos otra ocasión para ver cómo la disputa por su significado ha llevado a que sea recordada por la izquierda como un hito democratizador, cuando se trató de un paro defensivo, que fue capitalizado inmediatamente por la derecha, con quienes Morales Bermúdez negoció la Asamblea Constituyente y el fin de la dictadura militar.⁴

Un segundo elemento para discutir es el papel de la CVR como productora de un discurso histórico que, después de la dictadura de los 90, pareció ganar la hegemonía. Un discurso que, aunque siempre en tensión con los militares y la policía, tuvo el aparato estatal a su disposición para instalar una narrativa elaborada por al menos dos generaciones de académicos locales –muchos de ellos ex militantes de la izquierda socialista de los 70-80–, y que desde el inicio encontró problemas para conseguir el consenso indispensable para poder hablar de un orden hegemónico. Desde la izquierda, se enfrentó a serios cuestionamientos tanto de la cifra de víctimas como del reparto porcentual entre Sendero Luminoso, las fuerzas del orden y el MRTA, que permitió a la Policía y las FFAA jugar la carta del ‘nosotros matamos menos’, que luego fue asumida por el fujimorismo. Además, se cuestiona el que la CVR siguiera el discurso de Carlos Iván Degregori sobre el ‘marxismo de manual’, como si éste necesariamente hubiese conducido al surgimiento de Sendero, pues ayudó a desacreditar al marxismo y a la izquierda en general. Se cuestionó también que presentaran a los años 90 como un momento donde fueron los jóvenes sin ideología los que recuperaron la democracia, mientras que se desplazó del análisis la centralidad que la clase trabajadora organizada cumplió en la resistencia contra la dictadura y su derrota.

Desde la derecha, la CVR fue cuestionada en su conjunto como una empresa caviar que cometió el error de indicar la responsabilidad de las fuerzas del orden, cuando éstas habrían actuado para salvaguardar al país. Después de un tiempo en el que esta discrepancia se expresaba a la interna, en el gobierno de transición y durante el mandato de Toledo, desde mediados de la década del 2000, el fujimorismo empezó a emplear estas críticas como parte central de su ideario, hoy compartido con las demás fuerzas de derecha. ¿Por qué el discurso de la CVR perdió en la batalla por el pasado? El caso de La Cautiva puede decirnos algo sugerente: el libreto original versa sobre cómo, en la morgue misma, las fuerzas del orden violan a una adolescente campesina fallecida, pero no dice nada sobre los crímenes senderistas. No trata de eso, sino de la denuncia de los crímenes de Estado. Pero, durante los ensayos para montarla en el Teatro La Plaza de Larcomar, un grupo de asesores de la obra, donde había ex comisionados de la CVR, sugirieron que debía introducirse algún elemento que ‘reparta la culpa’, digamos, entre ambos bandos criminales, y fue así como se introdujo la danza entre dos hombres, cada uno portando la bandera del Perú y la de Sendero, respectivamente. ¿Cuál fue la escena que llevó a que la DIRCOTE abriese una investigación contra esta obra de teatro? Esa, justamente, la que fue inventada para no quedar mal con ellos mismos, es lo que llevó a que les abran un proceso por hacer una danza donde la bandera peruana y la senderista bailaban al unísono.

He ahí la condescendencia y el miedo con el que los planteamientos de la CVR fueron presentados en nuestra sociedad. Acaso se trata del mismo miedo que llevó a que no se proscriba al fujimorismo como fuerza política y sí se impida la participación democrática del MOVADEF, cuando ambas agrupaciones, por igual, exigían amnistía general para sacar a sus respectivos líderes de la cárcel, se reclamaban herederos de violadores de derechos humanos y pretendían que olvidemos sus crímenes. ¿Hay menos responsabilidad entre quienes detentaban el ‘monopolio legítimo de la violencia’ frente a quienes no? Alguna vez escuché algo así entre algunos intelectuales de la CVR y los políticos que asumieron el discurso oficial en el nuevo milenio, y me parece un asunto poco discutido y notablemente irresuelto en nuestra vida política reciente.

Para concluir, vuelvo a una cita de Ragas y Walker al final del libro, donde sostienen: «El uso instrumental del pasado para legitimar propuestas políticas va a continuar, y es importante saber distinguirlo y oponerse a ello cuando dicho uso apunte a socavar la democracia y la calidad de vida de los ciudadanos» (p. 105). Reconocen que el uso del pasado ha sido, es y será una parte sustantiva de la producción ideológica y de la dinámica política. Reconocen también que ante ello no hay neutralidad académica posible. El libro deja muy claro aquello a lo que los autores se oponen, pero no dice mucho sobre cuáles son sus apuestas, sus tomas de partido, en estas guerras por la historia. En 1987, Alberto Flores Galindo reseñó la primera edición de El Otro Sendero, de Hernando de Soto, Enrique Ghersi y Mario Ghibellini, el libro que dio origen al neoliberalismo criollo que ha definido buena parte de nuestra historia reciente. Ante la idea de que los informales eran los capitalistas que lograrían que el país despegue, Flores Galindo sostuvo: «No es suficiente con negar esta tesis. Hace falta argumentar que con los más miserables y humillados puede construirse otra sociedad, en la que ellos serán precisamente los protagonistas y contraponer, de esta manera, al eventual éxito individual que ofrece el liberalismo, la esperanza y los riesgos de una empresa colectiva»⁵. Este libro deja claro qué discurso histórico se busca negar, pero queda pendiente discutir cómo Ragas y Walker, dos historiadores que intervienen constantemente como intelectuales públicos en nuestro medio, están contribuyendo con esa empresa colectiva que reclamaba Flores Galindo. Sin duda, aquel proyecto ya no puede sostenerse en el antifujimorismo. Ahora toca afirmar, pasar a la ofensiva.