Lograr la cátedra universitaria, desde siempre, ha sido un anhelo profesional para quien ha elegido la docencia como carrera, sea en el nivel escolar o en el aún vigente mercado preuniversitario. Muchos docentes lo hicieron realidad cuando las nuevas universidades privadas prácticamente coparon sus cursos de formación básica con profesionales provenientes de dichas canteras, bajo el conocido régimen del docente a tiempo parcial. Con él, se forjó la figura del profesor universitario que, cobrando por hora dictada, recorría la ciudad de campus a campus para poder completar un ingreso conveniente.

A partir de la Ley Universitaria 30220, Sunedu planteó un conjunto de medidas con la visión de implementar progresivamente mecanismos concretos para una reforma de la universidad peruana. De las ocho condiciones básicas de calidad para otorgar el licenciamiento, dos se vinculan directamente con el rol de los docentes dentro de la estructura institucional: las líneas de investigación a ser desarrolladas y el establecimiento de una cuota de no menos del 25% del personal docente bajo el régimen de tiempo completo.

El objetivo específico era incrementar los índices de investigación científica y producción editorial de cada universidad. Sin embargo, cinco años después de su aprobación, se observa que los docentes han consagrado sus 30 horas de trabajo al dictado en aula, con la consiguiente carga laboral fuera del horario de clase que ello demanda. Esto ha terminado generando las mismas consecuencias negativas que se registraban antes del cambio de régimen.

A pesar de los beneficios administrativos que genera la flamante condición laboral de tiempo completo, los docentes han interpretado este paso a la formalidad como un síntoma de informalidad. Dicha percepción se sustenta en la principal interpretación que le han brindado al cambio de régimen: trabajar más para ganar menos. Se ha identificado el trabajo docente exclusivamente con las horas lectivas de clase, mas no con la preparación de sesiones y sus respectivos materiales, la asesoría y revisión de trabajos académicos, sus necesarias correcciones y retroalimentación, entre otros aspectos que sostienen al proceso educativo. Se ha asumido que estas labores no constituyen trabajo remunerado por sí mismas, sino que forman parte inherente de las tareas que debe ejecutar un docente por añadidura. Es decir, las universidades privadas han asumido al docente como un trabajador que debe adecuarse a los estándares de servicio y no como un académico a cargo de un proceso formativo.

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Si antes el problema era trasladarse y cumplir con un número determinado de horas en dos o tres universidades distintas, hoy el asunto pasa por estar a cargo de seis o siete secciones colmadas por 40 o más estudiantes que mantienen un paradigma de la educación como un producto que se adquiere, y por lo tanto debe ser brindado de forma eficiente. A ello hay que sumarle el establecimiento del grado de magíster como requisito indispensable para permanecer en la carrera docente. Es probable que ello esté funcionando como una credencial que eleva el prestigio de las universidades, pero no como una competencia profesional a desarrollar. Los docentes están culminando maestrías con tesis orientadas a la producción de conocimientos, pero sus centros de trabajo no están fomentando necesariamente la investigación científica.

Quizá este deba ser el principal indicador que se deba tener en cuenta para evaluar una universidad que aspire al licenciamiento: cuánto ha sido capaz de investigar y no cuántas horas han sido capaces de dictar sus agotados docentes.