Un quíntuple asesinato ocurrido en agosto 2021 en Villamar, Ancón, regresó a la primera plana los delitos vinculados al móvil del tráfico de terrenos. Sobre el caso, se sabe que hacia el 2020 la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) subastó varias parcelas del terreno de Villamar, ubicado en el kilómetro 54 de la avenida Panamericana Norte, en la autopista variante Pacasmayo, hasta donde ya ha llegado la ciudad. Si bien una inmobiliaria compró tres parcelas, un grupo organizado en la asociación Villamar logró adquirir la parcela 3, un terreno de cuatro hectáreas que era habitado por mil familias previo pago de 4500 soles, pese a no contar con servicios básicos (agua, desagüe y luz eléctrica). A partir de ese punto la información se vuelve confusa: una pugna por los terrenos, compradores que denuncian haber sido estafados y la captura de los integrantes de la banda “Los desquiciados de Villamar”.

Una "concertación" por fuera de la ley

Como es ampliamente conocido, el modus operandi de las mafias insertas en la economía delictiva supera a las típicas invasiones de terrenos, una de las vías principales de acceso a ciudad y a vivienda entre 1950 y 1980. De aquellos tiempos quedan testimonios de las gestas de “fundadores”, quienes bandera peruana en mano, ocuparon agrestes terrenos, resistieron, auto urbanizaron el barrio y construyeron su vivienda. Se edificó así más de la mitad de Lima. Desde la década de 1990, se suponía que de la mano del “milagro peruano”, el libre mercado, la propiedad y el individualismo, se iba a alcanzar finalmente la modernidad, incluyendo mejoras en la calidad de vida. Los mecanismos productores de espacio y ciudad se han mercantilizado, desplazando las opciones de costo cero de los pobres. Sin embargo, la calidad de vida no ha mejorado y el acceso al suelo añadió un costo más a la vida de los habitantes de menores recursos. De manera paralela, en las últimas décadas, el Estado abandonó los programas de acceso al suelo ordenado (Villa El Salvador, Puente Huáscar, Huaycán) y dejó las soluciones al mercado.

Economía delictiva

Podría pensarse que se está ante un mercado más, solo que un mercado “a la mala” ya que ante el retiro del Estado, las fuerzas del mercado, incluyendo las ilegales, “resuelven” la demanda de suelo, vivienda y ciudad. Sin embargo, a poco de escarbar la superficie, al lado de los mecanismos económicos, emergen los políticos. No se trata solo de financistas, promotores inmobiliarios, pequeños propietarios agrícolas, mafias delictivas, comunidades campesinas, dirigentes vecinales y compradores. La información revela siempre la presencia de autoridades municipales, funcionarios públicos, congresistas, ministros, jueces y fiscales avalando la economía delictiva. Podría hablarse de una acción concertada entre empresas e instituciones privadas y públicas operando fuera de la ley, que dan como resultado un negocio que produce fantásticas ganancias.

Conviene distinguir entre una economía criminal o delictiva y una “informal”. Como ha indicado Francisco Durand, hay una diferencia en torno a la violencia o fuerza con que se practica la ilegalidad. Una economía “informal” es la acción del pequeño agricultor beneficiario de la reforma agraria de Carabayllo, quien con sus hijos, constituye una “inmobiliaria”, lotiza y vende lotes proveyendo algunos servicios, aunque sin solicitar ni contar con las autorizaciones municipales correspondientes. Su transgresión básicamente es ignorar las normas urbanísticas y de protección ambiental. En cambio, en la economía criminal, las mafias usurpan suelo público (en complicidad con ciertas autoridades), lo lotizan y lo venden. No son dueños del suelo, proveen pocos servicios y establecen duros costos de permanencia (obligan a los compradores a asistir a marchas, pago por gestiones, apertura de caminos, etc). Entre los delitos en los que incurren se encuentran la estafa, el despojo de lotes ya vendidos y el asesinato selectivo a dirigentes.

En el marco de la economía criminal o delictiva, la asociación entre economía y política puede observarse en diversas escalas, unas más visibles que otras. La esfera local es más visible, a diferencia de la política mayor (congreso, leyes, oficinas de titulación), más oscura, confusa y peligrosa.

Alias Metralleta

Un caso muy conocido es el de un traficante de lotes que llegó a ser alcalde del distrito de Santa Rosa entre 2015 y 2017. En razón de que existe un proceso judicial en curso reservaremos su nombre y utilizaremos el alias con el que la policía se refirió a él al momento de su detención: “Loco Metralleta” o simplemente “Metralleta”. Su meteórica “carrera” se inicia hacia el 2001 en el distrito de Santa Rosa con la constitución de la Asociación de Vivienda PROFAM Perú, aunque existen versiones que la ubican en la captura de la directiva de la Asociación “El Paraíso” y la posterior apropiación de treinta hectáreas de la misma, destinada a microempresarios. Al momento de su captura en 2018, su fortuna se estimaba al menos en tres millones de dólares americanos. El nombre PROFAM deriva del Programa de Lotes Familiares (PROFAM), lanzado el año 2000 por Alberto Fujimori en el camino a su reelección, un encargo dado a la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para, supuestamente, evitar las invasiones y eliminar a los traficantes de tierras.

PROFAM Perú debe entenderse al interior de la dinámica de crecimiento de la ciudad y, en particular, del distrito de Ventanilla, atendiendo a los dos momentos fundacionales de Ciudad Pachacútec: 1979, con el primer gobierno de Alan García y 2000, en las postrimerías del gobierno autocrático de Fujimori. En ese año 2000 Fujimori promovió ocupaciones de tierra, en lugares como la zona agropecuaria de Villa El Salvador y Pamplona Alta (Nueva Rinconada), en San Juan de Miraflores. Como parte de la inevitable negociación que surgió tras la resistencia de los propietarios, el gobierno, en otro típico traslado en camiones, reubicó a los invasores en los arenales de Pachacútec. Pronto Pachacútec se convirtió en el espacio en que había “lotes”. Se pobló y la presión de quienes no encontraron lote se trasladó a los arenales del distrito colindante: Santa Rosa.

Santa Rosa dejó de ser únicamente la playa, la Urbanización Country Club y el campo de pruebas de kartismo. Entre 1993 y 2017 multiplicó su población por siete, pasando de casi 4 mil a 28 mil habitantes, con una variación intercensal de 155,6% (la de Lima fue de 12,7%) y una tasa de crecimiento promedio de 9,8% (1.2% la de Lima). En 2012 PROFAM ofertaba lotes de 120 m2 a S/ 2,000 (USD 769), el m2 a S/ 16.70 (USD 6.4). No establecía contratos: bastaba un documento simple sin respaldo legal. Sus compradores, los “pobres de la ciudad”, adquirían agua a camiones cisterna proporcionados por el Gobierno Regional del Callao tres veces por semana, la energía eléctrica llegaba a los lotes desde un punto administrado por el vendedor informal (a 50 soles por mes, USD 19.2). Existía una línea de transporte cuyo paradero final era donde empezaba la venta de lotes. Las viviendas eran de madera. Al 2012 sólo quedaba disponible una decena de lotes en la segunda zona, ubicada en la parte alta. ¹

Para todos los agentes de este mercado inmobiliario era claro que el terreno era del Estado. Pero todos compartían la convicción de que, con el tiempo, las instituciones públicas les reconocerían y proporcionarían servicios y títulos de propiedad, tal como efectivamente ocurrió. Mientras tanto, mediante trabajo comunitario abrían espacio para la avenida principal y construían sus viviendas. No obstante, había un clima de terror porque el vendedor aplicaba a los compradores multas por no asistir a la asamblea (50 soles), a las marchas o al bloqueo de carreteras (de 50 a 150 soles). Destacaron los bloqueos promovidos por los traficantes que, en el 2004, llevarían al gobierno de Alejandro Toledo a expedir una de las tantas leyes de ampliación de la formalización, que permitía acceder al servicio de agua sin necesidad de contar con el título, siendo suficiente una constancia de posesión municipal.

La Municipalidad a su servicio

En medio del bullente negocio, “Metralleta” dio el salto de próspero empresario ilegal a la política, un modo de incrementar su negocio ilegal. En 2011 postuló a la alcaldía del distrito de Santa Rosa en la lista del APRA. Al perder, no pudo ocultar su disgusto, pues había invertido en el traslado de 2,800 documentos nacionales de identidad (DNI), del distrito de Ventanilla al de Santa Rosa.² Sus esfuerzos, sin embargo, dieron frutos en 2015, cuando alcanzó la alcaldía en la lista de Solidaridad Nacional, el partido con el que Castañeda Lossio ganó la alcaldía metropolitana. Una vez allí, el gobierno local se puso al servicio sistemático de la economía criminal en escala distrital. Mediante las gerencias municipales apoyaba a Asociaciones de Vivienda que eran pantallas del negocio, trámites sobre los derechos posesionarios, visado de planos perimétricos, memorias descriptivas, constancias de posesión, constancias de pagos de arbitrios, resoluciones en trámites sobre los derechos posesionarios y resoluciones de gerencia con fecha trucada (El Comercio, 10 de febrero de 2018). El propio catastro municipal, según denuncia del Fiscal contra la Criminalidad Organizada, les permitía vender y revender lotes.

El alcalde promovía la invasión de terrenos y encargaba planos de lotizaciones y planos perimétricos que luego eran validados desde la municipalidad. Su organización criminal contaba con más de treinta miembros, incluyendo siete financistas, usurpadores, funcionarios y ex funcionarios de la comuna que legalizaban invasiones, testaferros, así como cuatro colaboradores en otras entidades estatales. A ello se sumaba un brazo armado para mantener el control en la jurisdicción, compuesto por seis individuos y, en el área de ventas, dos mujeres que vendían y revendían los lotes. Aprovechaba terrenos estatales sin cerco y poco resguardados y, siempre según los medios, tenía una “alianza” con fiscales del Ministerio Público y con la policía. También habría tenido como aliados a malos elementos de la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN), notarios y jueces. En la SBN contaba con un abogado que iba a las conciliaciones extrajudiciales con la entidad. Ante las cámaras de televisión, “Metralleta”, en un lenguaje laberíntico, se preciaba de manejar a los jueces.³

Bajo este marco económico y político, la organización criminal “Los Malditos de Santa Rosa” vendió en Santa Rosa y Ventanilla unas 80 hectáreas en las “urbanizaciones” Golf de Santa Rosa, Kartódromo Etapa I, Playa Grande, Nueva Ciudad Ecológica, Integral Santo Domingo, y Educadores Etapa II; así como Asociación de Vivienda Profam Perú, Las Brisas, Los Hijos de Profam y Tierra Prometida.[^4] Desde 2016, debido a denuncias de las víctimas, la Fiscalía del Crimen Organizado le seguía los pasos al alcalde. En febrero de 2018 fue capturado junto a otras 36 personas, incluyendo gerentes municipales, policías y un miembro de la SBN. Entre las acusaciones, al menos 9 homicidios, especialmente en la zona PROFAM. La fortuna del alcalde se estimaba en 10 millones de soles (USD 3´000,000). Entre otros delitos, se le acusa de haber atacado en 2011 con una granada de guerra a la dirigente que encabezaba un comité que fomentaba obras (El Comercio, 10 febrero de 2018).

El caso muestra las limitaciones de intentar un análisis donde el poder económico y el político son observados como esferas autónomas. ¿Cómo separar la economía criminal de la “política pública” del gobierno local y de la esfera política partidaria (el “vientre de alquiler”)? ¿Cómo separar la economía criminal de quienes expiden las leyes, del clientelismo, de la “caja negra” y de la corrupción? Un juego de “gana- gana” o de “casi todos ganan”, si no fuera porque hay dos grandes perdedores. En primer lugar, los compradores estafados, quienes, de la segunda a la tercera generación, han visto como el costo cero de la invasión se ha convertido en un suelo agreste por el que hay que pagar. En segundo lugar, y directamente vinculado a lo anterior, la ciudad. Una ciudad “informal” que crece con políticas de vivienda débiles, dirigidas a los “otros”, que se expande sin ton ni son generando un costo que luego tendrán que pagar todos sus habitantes, especialmente los de menores recursos.