El tercer gobierno de Lula, se encontró el 2023 con las instituciones republicanas muy debilitadas. Sectores del aparato estatal fueron desmantelados o desaparecidos durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Las políticas sociales, los medicamentos populares y los organismos de regulación medioambiental, entre muchos otros frentes, simplemente vieron reducidos o suspendidos sus presupuestos. La investigación científica, las universidades públicas y la cultura fueron atacadas por considerarlas amenazas a los valores tradicionales de la sociedad; se cuestionaron sus programas de enseñanza e investigación y se recortaron drásticamente sus presupuestos. La lista de desmantelamiento del Estado es larga y sigue la estrategia de la extrema derecha internacional, del Proyecto 2025, coordinado y redactado por la Heritage Foundation, uno de los think tanks de extrema derecha más importantes de Estados Unidos. La labor de reconstrucción y modernización de estas instituciones que fueron destruidas o saqueadas, tanto como de sus políticas públicas, es indispensable y se está llevando a cabo, aunque no ofrece resultados tangibles a corto plazo. La mejora de las condiciones de vida es perceptible, pero ha sido lenta y deja mucho que desear.

Los indicadores económicos muestran este año que Brasil va bien, creciendo, distribuyendo ingresos, con la inflación controlada, garantizando el empleo y recuperando su espacio en el plano internacional. Las políticas de educación y salud han mejorado y la FAO (ONU) declara que Brasil ha salido del Mapa del Hambre. Incluso con los aranceles de Trump, el Banco Central, en su Informe de Política Monetaria del 25 de septiembre pasado, revisó la proyección de crecimiento del PIB de 2025 al 2 % . El alboroto sobre los aranceles no se corresponde con la realidad. Brasil exporta el 20 % de su PIB; 80 % se produce y consume en el mercado interno. De ese 20 % que exporta alrededor del 13 % se destina a Estados Unidos. Si sumamos todo lo que Brasil vende a EE. UU., no alcanza al 3 % del PIB brasileño. Además, debido a la presión interna, Trump dio marcha atrás y eximió del ajuste a cerca del 40% de lo que Brasil les exporta. En términos de intercambio comercial, la relación es superavitaria para EE. UU., por lo que es claro que el alza de aranceles no se justifica por esa razón.

La elevada tarifa impuesta por el Gobierno de los Estados Unidos sobre los productos brasileños (50%) obedeció a motivos políticos. Trump consideró que podía influir en el juicio del expresidente Jair Bolsonaro, amenazando con mayores represalias si éste era condenado. Ministros y sus familiares, tanto del Gobierno federal como del Tribunal Supremo Federal, fueron amenazados, les revocaron los visados para Estados Unidos y les congelaron los bienes que pudieran tener en ese país. Las amenazas no se detuvieron ahí. El Departamento de Comercio de EE. UU. está llevando a cabo investigaciones con el fin de aumentar la presión, a través de la guerra jurídica, sobre Brasil y los BRICS, presididos este año por el presidente Lula.

En los próximos años, Brasil se enfrentará a ataques y boicots del Gobierno estadounidense. Para Trump, recuperando la doctrina Monroe, América Latina es su zona de influencia. Las presiones procedentes de EE. UU. tienen como objetivo desarticular cualquier iniciativa de la región para conquistar una mayor autonomía y desplazar a China de su posición actual como principal socio comercial de Brasil y Sudamérica.¹

El apoyo de Trump a Bolsonaro y su familia es un pretexto antes que un motivo para la intervención. Aunque Estados Unidos tiene interés en un gobierno títere en Brasil, sus razones son más estratégicas, sus intereses son geopolíticos. Quiere garantizar su hegemonía en las Américas, que la economía brasileña sea satélite de la estadounidense, dependiente de su tecnología, ofreciéndole minerales estratégicos, tierras raras y materias primas, asegurándole, además, una presencia importante en el mercado nacional brasileño. Una política extractivista y depredadora, que combate la industrialización y el desarrollo de tecnologías, refuerza el agronegocio, la minería y la exportación de materias primas. Estados Unidos pretende una relación neocolonial con Brasil y con América Latina.

Sus hostilidades comienzan bajo influencia de Eduardo Bolsonaro, quien propone la amnistía para su padre a cambio de la suspensión de los aranceles anunciados por Trump. Lula y el STF reaccionan considerando inaceptables los chantajes de Trump, y el juicio de Jair Bolsonaro, condena al expresidente a 27 años de prisión. El Gobierno brasileño identifica, en las redes sociales y en los medios de comunicación en general, a Eduardo y sus compinches como «traidores a la patria».

El bolsonarismo encuentra en la Cámara de Diputados la posibilidad de recrudecer el enfrentamiento con el Poder Judicial, articulando dos medidas parlamentarias; una de ellas, impide a la policía federal investigar a los parlamentarios sin la autorización del Congreso, mientras la otra, concede la amnistía a todos los implicados en el intento de golpe de 2023, desde su planificación y financiación hasta su ejecución. En un último intento por aprobar ambos proyectos de amnistía y blindaje, 111 diputados promovieron un motín en la Cámara de Diputados el 6 de agosto pasado, impidiendo que el presidente de la Cámara asumiera la coordinación de los trabajos, presionando así para que los proyectos mencionados fueran a votación.

La PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional), que protege a los diputados federales contra las investigaciones por delitos cometidos, se sometió a votación y se aprobó en la madrugada del 17 de septiembre en una votación en línea, por 353 votos a favor y 134 en contra. Una enmienda constitucional necesita 3/5 de los votos para ser aprobada. Congresso em Foco reveló que de los 513 diputados federales, 111 tienen al menos un proceso penal abierto en los tribunales; en el Senado, 20 de los 81 senadores, también tienen procesos penales. Corrupción, malversación de fondos, formación de bandas o incluso violencia contra las mujeres.

Tras la votación que crea un escudo para los delincuentes, la indignación de la sociedad civil fue generalizada. El domingo 21 de septiembre, cientos de miles de brasileños y brasileñas salieron a las calles de las 27 capitales y otras ciudades en enormes manifestaciones. Exigían el veto del Senado a la PEC de la Bandidagem, exigían el no a la amnistía y denunciaban a diputados y senadores. Las manifestaciones callejeras cambiaron la correlación de fuerzas. Tanto la amnistía a los golpistas como la inmunidad de los parlamentarios por delitos comunes, fueron derrotadas. La indignación ciudadana contagió a todas las corrientes políticas.

La arquitectura presidencialista de la democracia brasileña, se ve desafiada por el Congreso. Los diputados federales y senadores se apropian de los recursos públicos para atender sus intereses personales y las demandas de sus bases. Con una mayoría liderada por la extrema derecha, el Congreso no quiere renunciar a las enmiendas parlamentarias impositivas, ni a mantener sus privilegios. En las previsiones de gastos para 2024, cada diputado federal dispuso, para sus enmiendas, de 37 871 585,00 reales y cada senador, de 69 634 850,00 reales. En la previsión de gastos con enmiendas para 2025, el Poder Ejecutivo redujo en un 43 % el pago de enmiendas parlamentarias. De los 81 400 millones de reales demandados (!), se comprometerán 46 400 millones de reales. Un verdadero asalto a las arcas públicas y un vaciamiento de la capacidad del Ejecutivo para financiar las políticas públicas.

Bajo presión, los expresidentes Temer y Bolsonaro fueron entregando progresivamente recursos públicos, para que los gestionaran los congresistas. De hecho, le entregaron la gobernabilidad al Congreso, que, fortalecido, pasó a exigir cada vez más. Brasil nunca ha tenido un Congreso tan conservador, tan poco preparado para gobernar. Prevalecen los intereses corporativos, los lobbies, los fundamentalismos religiosos y de mercado, la disposición a sacar provecho, la corrupción.

El avance del Congreso en el Presupuesto de la Unión llevó al Tribunal Supremo Federal a evaluar la constitucionalidad de las enmiendas parlamentarias impositivas. El STF exige el seguimiento de las enmiendas parlamentarias, es decir, identificar de qué parlamentario es la enmienda, qué institución la recibió, para qué (plan de gastos) y cuál es su valor. Lo que está ocurriendo es que no hay trazabilidad de muchas de las enmiendas ya concedidas. La Policía Federal investiga a decenas de diputados federales bajo sospecha de utilizar enmiendas parlamentarias para el desvío de fondos públicos y la corrupción.

No se puede ignorar que la extrema derecha representa al 30 % de la población brasileña. Son una fuerza política. Tienen base social. En las últimas elecciones presidenciales, eligieron a 99 diputados federales por el PL, el partido de Jair Bolsonaro, y a otros parlamentarios, por otros partidos. Este grupo de extrema derecha, fascista, consiguió el apoyo de la clase empresarial y de sectores de las clases medias y populares. Apostaron contra el PT. En 2022, Jair Bolsonaro alcanzó el 49,10 % de los votos para presidente, ganando Lula con el 50,9 %.

A pesar de su necesidad de hacer concesiones y negociaciones, el gobierno de Lula ha buscado la redistribución de la riqueza con cierto éxito; A principios de octubre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganan hasta 5000 reales al mes y descuentos para quienes ganan hasta 7350 reales al mes. Se espera el mismo resultado en el Senado. El Congreso intenta rehabilitarse ante el pueblo tras el desgaste de la PEC da Bandidagem (Enmienda Constitucional Propuesta de la Bandidaje). Pero los poderosos y concentrados dueños del dinero no aceptan perder sus privilegios. Según el economista Luis Gonzaga Belluzzo, la principal amenaza para la democracia brasileña hoy en día no proviene de los partidos o líderes de derecha, sino del «autoritarismo del mercado financiero» sobre los gobiernos elegidos. Para ellos, «es un delito gravar las transacciones financieras». ²

Estos dueños del dinero, principalmente el sector financiero y el agronegocio, se alinean contra el gobierno de Lula. Uno de los principales bloques de la oposición, el del agronegocio, cuenta con 300 diputados federales de un total de 513. Los dueños del dinero imponen la tasa SELIC fijada en 15 % anual, frente a una inflación que ronda el 4,5 % anual. Es la segunda tasa de interés más alta del mundo, porque quieren garantizar la alta rentabilidad de sus fondos y bancos y, por supuesto, el control político de la economía. Los medios de comunicación corporativos —los grandes periódicos y la televisión— se alinean con la ideología neoliberal, transmiten lo que los empresarios desean y no recogen las múltiples voces y conflictos de la sociedad. «Los dueños del dinero transmiten, incluso a los medios de comunicación, sus editoriales, etc., y si el gobierno se somete, ¡se volverá a introducir la barbarie en el Estado brasileño!», insiste Belluzzo.

Brasil es un país politizado por una extrema derecha, que lidera la derecha institucional, y por los progresistas, entre los que se incluyen movimientos sociales, demócratas liberales, sindicatos, asociaciones y otras pequeñas agrupaciones de defensa de los derechos. En este entorno inestable, el Gobierno de Lula navega con dificultad, moderando su política para conseguir la aprobación del Congreso a cambio de beneficios para los parlamentarios. Pero avanza con buenas perspectivas para afrontar las elecciones del año que viene.

El gobierno entiende que el siguiente paso es defender el fin de la relación laboral 6x1 (seis días de trabajo por uno de descanso), respaldando al naciente movimiento de los trabajadores por Vida Além do Trabalho (Vida más allá del trabajo). Se trata de un cambio de estrategia que convoca a la participación de la sociedad civil.