Desde mucho tiempo atrás que fuera publicado en el diario oficial El Peruano el 25 de abril de este año, 2025, la Ley 32309, Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográfica y audiovisual en el Perú, o la Ley Anti Cine Tudela-Juárez, en referencia a las congresistas Adriana Tudela y Patricia Juárez quienes la impulsaron, ya había recibido la repulsa no solo de los principales gremios cinematográficos sino también de sectores que velan por la libertad de expresión en el país. La ley abiertamente censora que viola flagrantemente la Constitución Política del Perú, artículo 2, no solo constituye un retroceso a leyes cinematográficas previas que trataban de desarrollar, con sus aciertos y limitaciones, la actividad cinematográfica y audiovisual, sino que su núcleo central está dirigido a bloquear cualquier iniciativa real de promoción al cine peruano a expensas de favorecer el cine extranjero, y lo decimos principalmente por que no se puede desarrollar una cinematografía a cabalidad en donde a la censura se le puede elevar a categoría de ley, no solo es anticonstitucional sino que degrada la categoría de ser humano.

En julio de 2018, Christian Wiener alertaba sobre la presentación, por parte de congresistas fujimoristas, de un nuevo proyecto de ley sobre cine en el Perú: «El asunto no habría pasado de lo anecdótico, porque ya son varias las propuestas al respecto en el Legislativo (...) Lo singular en el texto que encabeza la presidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, María Melgarejo, es haber incluido, como quien no quiere la cosa, un nada inocente ni casual censura que hizo saltar las alarmas en el gremio cinematográfico y buena parte de la sociedad civil. Nos referimos al comentado artículo cuarto del proyecto legal que propone que los proyectos seleccionados no podrán incurrir en apología del terrorismo, se considerará un aspecto favorable para la selección de los proyectos que no enaltezcan ninguna forma de abuso, violencia física y/o psicológica u opresión al ser humano» [^1]

Los sucesos políticos que se desarrollaron entre 2018 y 2019 culminaron con la disolución del Congreso en septiembre de 2019. El 6 de diciembre de 2019 el Ejecutivo aprobó el Decreto de Urgencia que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual (DU-022-2019) cuyo Reglamento fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 12 de diciembre de 2020. (Decreto Supremo N.° 017-2020-MC).

Mas allá de las omisiones importantes de la ley de cine respecto a la ausencia de una cuota de pantalla, fundamental para el desarrollo de nuestro cine; así como también relegar a lo mínimo hasta prácticamente desaparecer una Cinemateca Nacional o una verdadera Comisión Fílmica, entre otros, la ley normalizó el cine peruano. Burócratas contentos y cineastas divididos terminaron haciendo viable la ley. Lo que siguió después ya entra en los anales del terruqueo. El 13 de septiembre del 2023 la congresista Adriana Tudela, del partido Avanza País, presentó un proyecto de ley (05903/2023-CR) que en lo fundamental pretendía desconocer el sistema de incentivos económicos al cine peruano otorgándole a la producción internacional la misma categoría de la producción peruana. En otras palabras desnacionalizaba al cine peruano a la vez que limitaba al 50% los estímulos económicos destinados a producir películas peruanas, estímulos que son fundamentales para la existencia del cine peruano.

El limitar los estímulos económicos al 50% del coste de la obra, como proponía la congresista Tudela, convertía a la producción de películas nacionales en una práctica imposible o sumamente riesgosa. Como bien sabemos, el mercado cinematográfico de distribución y exhibición nacional siempre ha estado dominado por las películas extranjeras, principalmente norteamericanas. El ejemplo de Asu mare, (2013), película peruana éxito de taquilla por donde se le mire, es una excepción mas que una regla. Porque lo que ocurre es que en la cinematografía peruana no funciona una ley de mercado donde todos puedan competir en igualdad de condiciones, aquí lo que hay es un oligopolio que decide qué películas podemos ver en las salas cinematográficas, espacio en donde los pequeños o medianos productores nacionales tienen un limitado acceso en determinados meses del año. La ecuación es muy sencilla: público=taquilla, la taquilla nutre la economía cinematográfica; si limito la taquilla (por la presencia de un oligopolio), la economía del cine peruano es raquítica y riesgosa, por lo tanto en cualquier momento podría desaparecer la cinematografía nacional.

Eso lo ha debido de saber el equipo de asesores de la congresista Tudela y ella misma, al momento de plantear su proyecto de ley. Era evidente que se estaba frente a una manera directa de atacar, nada sutil, al cine peruano, condenándolo a desaparecer. Una censura económica.

La mayoría de países donde han surgido cinematografías locales o nacionales, ha sido posible por que sus gobiernos han promulgado leyes de cine, mecanismos legales destinados principalmente a defender la producción nacional frente al embate del cine extranjero casi siempre norteamericano. Las leyes de cine, que las hay de distintos tipos de acuerdo a la realidad de cada país, por lo general parten de que el cine es parte sustancial del imaginario colectivo y en ese sentido cohesionan la unidad nacional, mas allá de los importantísimos efectos en la economía, arte y cultura. La frase acuñada desde hace mucho tiempo: «el cine es el rostro de un país» o bien la otra «un país sin cine es un país sin rostro«», no necesita mayores comentarios. Muchos gobiernos lo saben y en ese sentido se preocupan para dotar a la industria cinematográfica de mejores condiciones para su desarrollo. Uno de los mecanismos legales (no el único) usado en muchos países es la denominada cuota de pantalla, que significa la imposición de un número mínimo de días al año para la exhibición cinematográfica de las películas nacionales. Corea del Sur es uno de los países donde los resultados de cuota pantalla permitió la consolidación de una poderosa industria audiovisual que se considera en la actualidad entre las mejores del mundo. Muy al contrario en el Perú los gobernantes nunca han permitido que esa iniciativa legal prospere, sobre todo a partir de la irrupción del fujimorismo en la escena nacional. Las pantallas de cine no le pertenecen a los peruanos, siempre tenemos que pedir permiso para exhibir una película peruana. Esta mecánica de exhibición, entre otras cosas, explica por que se aglomeran los estrenos nacionales en determinadas épocas del año (en octubre, por ejemplo).

Tras la propuesta de la congresista Tudela arreciaron las voces ‘terruqueadoras’, con un discurso construido principalmente por la élites beneficiarias del modelo económico neoliberal y los fanáticos de un orden social excluyente. «Por qué no hacen cine con su plata» o «con la plata de todos los peruanos se quiere hacer un cine terruco» fueron y siguen siendo las frases favoritas de estas élites que no solo se creen dueños de la verdad y el pensamiento, sino que se consideran ‘verdaderos peruanos’, discurso abiertamente racista y clasista. Le temen a una Cinemateca Nacional porque piensan que es mejor construir un país sin memoria. Consideran que crear una Escuela Nacional del Audiovisual no tiene prioridad porque podría estar llena de marrones. Después de todo el Perú es very beautiful, tiene el Cusco y Machu Picchu, maravillosas locaciones para películas extranjeras.

En abril de 2024, como parte de la cuota de poder que el Ejecutivo le dio a la derecha, el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios - DAFO, empezó a aplicar los nuevos lineamientos del sector, a tono con la nueva realidad política del país. En el Acta de compromiso para los ganadores de los concursos de Estímulos Económicos para la Cultura 2024, se incluyó un cláusula descaradamente censora no contemplada, además, en la Ley: «El postulante asumirá la responsabilidad de la licitud del proyecto presentado y su adecuación a la normativa vigente, el orden público, la moral y las buenas costumbres». Si no fuera por la decidida acción de gran parte de los cineastas que protestaron en las redes sociales así como también mediante las gestiones necesarias, la DAFO hubiera consumado un nuevo atentado contra el cine peruano. La cláusula desapareció por arte de magia en una nueva versión del Acta.

Sin embargo, a pesar de las protestas no solo de los cineastas y personalidades de la cultura, incluyendo los amagues del Congreso, finalmente fue publicada en el diario oficial El Peruano el 25 de abril de este año, la Ley 32309, LEY QUE CREA INCENTIVOS ECONÓMICOS Y FISCALES PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CINEMATOGRÁFICA
Y AUDIOVISUAL DEL PERÚ, o la Ley Anticine Tudela-Juárez. Como lo hemos dicho anteriormente, la Ley 32309, coloca a la censura como eje central de sus objetivos. Desordenada, sin establecer jerarquías en los distintos organismos del estado en que están implicados: Ministerio de Cultura, MEF, SUNAT, PromPerú, Ministerio de Trabajo; es efectivamente un mamarracho legal que no incentiva, ni fomenta, ni promueve el cine peruano, elevando a la categoría de Ley la censura:

«Artículo 13, inciso 13.3. No pueden beneficiarse de los estímulos económicos señalados en los artículos 13 y 14 aquellas obras cinematográficas y audiovisuales destinadas a pautas publicitarias, propaganda electoral o en beneficio directo de una organización política; ni aquellas que atenten contra el Estado de derecho, así como aquellas que contravengan la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país; o vulneren los principios reconocidos en la Constitución Política del Perú y el ordenamiento jurídico peruano».

¿Quién decidirá si un proyecto es factible o no: un burócrata preocupado de calentar su asiento pensando que cada mes lo podrán botar; un militante de La Resistencia; un émulo de Porky que mientras le reza a la Virgen se tortura con su cilicio; un militar que considera el Perú está lleno de "terrucos"; un empresario mafioso; un "ilustrado" representante de las élites económicas que lucra de nuestros impuestos mientras cree que el país es su chacra personal? ¿Quién nos puede dar una respuesta mínimamente coherente que eso va a favorecer el desarrollo del cine peruano? ¿Quién?

Una vergüenza más para nuestro país.

A propósito, ¿dónde está buena parte de los cineastas? ¿Será que les preocupa principalmente sus intereses económicos antes que luchar contra una ley que mutila la libertad creativa esencial para ejercer uno de los mas maravillosos oficios del mundo? Hasta ahora se les escucha poco, parecen preferir los cantos de sirena de los burócratas de turno, una verdadera vergüenza. (9/10/25)

[^1] Apología del terruqueo, por Christian Wiener. Blog del CHW. Miércoles, 13 de junio de 2018.