El final de Dina Boluarte

Dina Boluarte fue vacada rápidamente. Veinticuatro horas antes de que se desatara la decisión, nadie creía que el congreso la destituiría. A las tres de la tarde del 10 de octubre, más de dos tercios del Legislativo estaban a favor de la propuesta; a las cuatro se anticipaba una votación unánime (122 votos) contra la ex presidenta, como finalmente ocurrió. No hizo falta ningún complot o gran componenda. El miércoles nadie pensaba en ese resultado, el jueves ya no era mandataria. En el marco del vaciamiento político peruano, lo ocurrido se explica antes como una estampida emocional, que recurriendo a cualquier otro concepto tradicional. Ninguna fuerza política del núcleo duro de la coalición parlamentaria —Fuerza Popular, Alianza Para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País y Perú Libre— tenía en sus planes asumir el gobierno.

A la coalición autoritaria y mafiosa en el congreso, no le interesaba deshacerse de la ex presidenta seis meses antes de las elecciones generales, aunque Renovación Popular, como parte de su estrategia electoral, –algunas de sus “obras públicas” fueron resistidas por el Ejecutivo-, así como Podemos. por puro cálculo de cara al 2026, amenazaban desde días atrás con la vacancia, haciendo ruido y mostrando el inicio de alguna diferenciación en la articulación autoritaria, como parte de su posicionamiento para los comicios de abril del próximo año.

Acabó así, sin pena ni gloria, la relación funcional del parlamento con Boluarte, donde el primero le aseguraba cancha libre para su incapacidad y frivolidad, así como absoluta impunidad. En los 34 meses de Dina los congresistas aprobaron un conjunto de leyes dedicadas a destruir el Estado de derecho y su capacidad regulatoria. Y la señora las firmó sin chistar. En pago, el congreso nunca rechazó siete iniciativas de vacancia previas, miró hacia otro lado en cada escándalo que protagonizó y guardó silencio frente a sus actos corruptos y su frivolidad, premiándola con sucesivos viajes, donde nos acostumbró a su capacidad para hacer el ridículo internacional.

El Ejecutivo y el congreso fueron socios, unidos por las ganas de sobrevivir impunemente, depredar lo público y asegurar su reproducción. Se aliaron para impulsar normas que bloqueaban investigaciones por corrupción, afectaron mortalmente la posibilidad de la meritocracia en la gestión pública peruana, prolongaron y ampliaron distintas exoneraciones tributarias para sectores económicos con poder, impulsaron una amnistía general para militares y policías por crímenes de derechos humanos, bloquearon e impidieron decenas de investigaciones—incluidas las de corrupción de sus integrantes y de la propia ex mandataria— y aprobaron distintas normas en favor de diversas economías criminales, como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal e incluso la propia extorsión. De un Estado históricamente débil, en estos 34 meses nos acercamos a uno casi criminal por la convivencia entre Ejecutivo y Legislativo.

Con su vacancia, se dio paso al séptimo presidente en siete años, en una crisis que se abrió con la caída de Pedro Pablo Kuczynski, en marzo de 2018, crisis que sigue a la espera de los actores que escriban su final. La pregunta obvia es ¿por qué sucedió en ese momento y no antes? Como hemos dicho, hasta el día previo, la demanda de vacancia no se pronunciaba con fuerza en el Parlamento, aunque ya se “susurraba”. El ataque a un concierto de una popular agrupación musical y la proximidad de las elecciones, llevaron a Renovación Popular y Podemos Perú, a exigir la salida de Boluarte. Por efecto dominó, las demás agrupaciones se vieron obligadas a sumarse al pedido, para no quedar expuestas como defensoras de una presidenta carente de cualquier legitimidad. Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, las agrupaciones más interesadas en la defensa de su socia, tuvieron que sumarse a regañadientes. Somos Perú, el partido de José Jerí, finalmente el nuevo presidente, fue el último en anunciar su apoyo a la destitución. La ex presidenta trató de negociar hasta el último momento. Distintos medios¹ indicaron que ofreció cabezas y carteras ministeriales, repitiendo la práctica que le resultara exitosa y frecuente a lo largo de su gobierno, fracasando en esta ocasión.

El ataque al grupo Agua Marina, en una instalación del Ejército, para hacer más patéticamente teatral la situación de inseguridad, fue la parte más visible de un escenario con varios componentes, de los que destacamos algunos. En principio, un gobierno cuya aprobación alcanzaba apenas el nivel de error estadístico (3% de aprobación para Boluarte y números similares para el Congreso);² un proceso electoral ya en curso con 39 agrupaciones políticas habilitadas, varias de las cuales de derecha extrema, que es la mayoritaria en la coalición gubernamental, donde el 23.2% indica que no votará por ninguna, viciará su voto o no participará; la separación de poderes en demolición final y el Congreso convertido en primer poder del Estado, controlando el futuro proceso electoral, que, es evidente, no será competitivo, con ya cuatro candidatos inhabilitados.

Añádase que lo que tuviéramos de institucionalidad democrática ha sido muy debilitada y subordinada al Congreso, que ha liquidado el más elemental equilibrio de poderes, vaciando de contenido elemental al régimen político, reduciéndolo y subordinándolo cada vez más, de acuerdo a sus necesidades. Todo ello en un escenario marcado por la inseguridad –según el Sistema de Denuncias Policiales los homicidios pasaron de 1,153 entre enero y agosto 2022, a 1,822 en idéntico período este año- mientras que el crecimiento de las economías ilegales se multiplicó, al extremo que 47% del oro exportado es ilegal y, según distintos cálculos, generará más de 8,000 millones de dólares de ingreso este año. Simultáneamente la crisis de la Policía Nacional se profundiza y la desconfianza en esa institución alcanza al 83.3% de la población, de acuerdo a un estudio reciente del INEI.³

En ese marco, la generación Z y los transportistas públicos de Lima, iniciaron en septiembre protestas que crecieron rápidamente. Los protagonistas iniciales, como los describió Omar Coronel,⁴ fueron jóvenes que están incorporándose al mercado laboral, descubriendo las limitaciones y dificultades que van a encontrar en él. El tema de las AFP era una afectación económica directa a los jóvenes, un disparador que se sumaba al malestar acumulado por la impunidad de las muertes en las protestas, la corrupción, la destrucción de la capacidad estatal en los servicios públicos, la creciente inseguridad frente al desinterés del Estado y la colusión que se observa entre distintos actores políticos y sectores informales, pero también grupos criminales.

Los transportistas, por su parte, demostraron, más allá de su fragmentación, su capacidad para paralizar la capital; de esta manera, además de la novedad de los actores movilizados, la protesta y la movilización, después de varios años, se iniciaron en Lima. La fuerza de la protesta, fue obvio, asustó a la coalición de gobierno y les revivió la caída de Merino y viejas pesadillas. Agravando las cosas y aumentando sus temores, un candidato de la ultraderecha, Butters, tuvo que ser rescatado por la policía porque iba a ser linchado por la población de Puno, a la que había acusado de terroristas y de ser merecedores de “un balazo en la cabeza”.

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No obstante las resistencias iniciales de los congresistas, resultaba claro que Boluarte era cada vez más un pasivo político. A la inseguridad, con las extorsiones y el crimen organizado galopante, se sumaban su frivolidad, su soberbia y las barbaridades cotidianas de la exmandataria y de sus guardaespaldas, encargados de los ministerios, haciendo de su figura el símbolo de la frustración y la ira nacional. Insistimos, sin embargo, en que la vacancia fue precipitada, sin cálculo claro ni mayor estrategia. Ninguna fuerza política del núcleo de la coalición parlamentaria tenía en sus planes asumir el gobierno. La decisión respondió más al miedo que a una hoja de ruta. A la necesidad de una válvula de escape y a la seguridad de que sostenerla era finalmente más costoso que borrarla.

El Presidente del Congreso, José Jerí Oré (Somos Perú), terminó asumiendo la Presidencia, ungido por Fernando Rospigliosi, que se manifestó en contra de la vacancia hasta minutos antes de la votación, y quien anunció dejaría la cabeza del parlamento, aunque todo indica que lo hará recién el 28 de julio del próximo año, para servir hasta entonces y desde su cargo a los intereses de Keiko Fujimori. Su elección es la demostración de la falta de cálculo y estrategia que mencionamos; el octavo mandatario de la década llegó al Parlamento como accesitario de Martín Vizcarra, con poco más de 11.000 votos. Su patrimonio tuvo un aumento millonario en los últimos 11 años teniendo una multiplicación de sus bienes por 14. Carga con una denuncia de violación —archivada recientemente por el fiscal de la nación, Tomás Gálvez— otra, por desobediencia a la autoridad, y una tercera por integrar una supuesta organización criminal. A contramano de sus primeros anuncios, ha votado a favor de todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad.

En su desempeño como congresista, respaldó una serie de leyes que perjudicaron la institucionalidad; votó a favor de la Ley APCI, de la norma que debilitó la colaboración eficaz, y por otra, contra la extinción de dominio. Hizo lo propio con las leyes sobre el retorno de la inmunidad parlamentaria, la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos, la prescripción de delitos de lesa humanidad y la que habilitó la creación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), entre otras medidas con impactos severos en las cuentas fiscales. Como señala frontalmente Vergara en un artículo reciente en El País, ⁵ parece un personaje ideal para una obra del absurdo al extremo que en su “trayectoria” como político, es reconocido como un posteador serial de comentarios machistas y misóginos en las redes, así como un seguidor de distintas cuentas porno.

El afán porque todo parezca una “sucesión constitucional” no se lo traga la mayoría; apenas los fanáticos de la coalición mafiosa que siguen aparentando normalidad y sus propagandistas en los principales medios de comunicación. Tan desamparado está el poder que muchos de los propios defensores del modelo neoliberal reprueban al nuevo títere en funciones y piden un poco de decoro. Una cosa es traer a Milei y a Álvarez Toledo al CADE, y otra aplaudir a Jerí que en sus primeras semanas parece la caricatura de un Bukele “dialogante”.

Su gabinete, liderado por el ultraconservador Álvarez Miranda, quien calificó a los manifestantes contra Boluarte como “terroristas”, respaldó la represión policial durante su gobierno, defensor en Expreso de la necesidad de “firmeza” frente al descontento social y profesor de la Escuela Naranja, es más de lo mismo. Tecnócratas de segunda fila nombrados ministros, muchos de ellos altos funcionarios y viceministros de la gestión de Dina y varios militantes o ex militantes de APP (MIDIS, Mujer y Vivienda), todos dispuestos a asegurar el orden y la institucionalidad que ha pergeñado la mayoría congresal. La declaratoria del estado de emergencia en Lima es el corazón de la apuesta inmediata del nuevo mandatario, conectarse con la preocupación ciudadana por la inseguridad y hacer creer que la respuesta debe ser de fuerza y no de inteligencia, como coartada para frenar las protestas y reprimir la movilización social. Con personajes descontrolados como el General Arriola y con provocadores profesionales y “terruqueadores” fáciles, como Rospigliosi, Jerí cree que apareciendo con blue jean y camisa blanca en operativos, que además de inútiles no requieren del estado de emergencia, construirá una imagen que le permita llegar a julio del próximo año, e incluso construirse un futuro político más allá de esa fecha.

No entiende que es imposible olvidar que quienes quieren hacernos creer en su respeto a las instituciones, son los que llevan años burlándose de ellas y convirtiéndolas en instrumentos para seguir dominando la política del país. Como sostiene Lynch en un artículo reciente,⁶ esta maniobra contra la democracia no debe pasar. La transición política que se abre debió estar dirigida por alguien que no responda a la coalición mafiosa y garantice elecciones libres. Imposible conseguirlo si no es a través de la movilización de la gente que, no obstante sus limitaciones, es la principal institución de la democracia.

Las fuerzas opositoras que se reclaman democráticas, deberán actuar rápido para ser capaces de enfrentar al poder mafioso, articulándose a la mayoría nacional y construyendo un vínculo real con la sociedad, que debe empujarlas en esa dirección. De la fuerza y la intensidad de la movilización de la gente dependerá la posibilidad de elecciones limpias y de empezar a poner al país en otra dirección. (26.10.2025)