La polarización, la politización y la ideologización son tres razones por las que la discusión sobre la política pública sobre la educación en general y de la educación sexual en particular —distintas pero inseparables— no avanza. La impresión es que cada bloque participante se cierra totalmente frente al otro o interviene en la discusión sólo para imponer su punto de vista, sin escuchar las razones del otro. Así, bloque contra bloque, cerrados e impermeables, no hay diálogo sino guerra, no hay posibilidad de recuperar los puntos en los que puede haber acuerdo, o en los que el otro tiene razón y es noble reconocerlo.

Tomemos como ejemplo de esta situación el contrapunto entre la ordenanza del Gobierno Regional de Arequipa que establece la implementación de la educación sexual integral,¹ y uno de los comunicados en rechazo de tal política, que insiste en que la ordenanza «impone la enseñanza obligatoria de la Educación sexual integral».

¿Qué significa en el contexto ‘imposición’? ¿Se trata de un exceso, de una usurpación de funciones, de un ejercicio abusivo? ¿El Consejo Regional no tiene acaso atribuciones para dar normas de ese tipo? El problema, evidentemente, está en otra parte.

El comunicado de rechazo a la política pública sostiene que «éste es un tipo de educación sexual basado en contenidos cargados de ideología de género, que incluyen la promoción del uso de anticonceptivos e incluso el aborto, sin la participación de los padres de familia». Ni el comunicado ni los influencers que lo difunden especifican cuáles son esos contenidos «cargados de ideología de género», y mucho menos indican a qué partes de la ordenanza se refieren.

La discrepancia tal vez empieza porque se entienden cosas distintas a partir de los mismos términos. Es el caso del significado de ‘ideología de género’ para los autores del comunicado, que tampoco se esfuerzan en comunicar públicamente, por qué consideran que se trata de ‘ideología’ (y cuál) y a qué alude el ‘de género’. Otro significado en disputa es ‘promocionar’, referido a los métodos anticonceptivos. Sin embargo, promocionar el uso de algo no es obligar a adoptarlo, lo que sería ilícito.

El que promociona algo respeta la libertad de elección del otro o del público en general. Decir para qué sirve y cómo se usa un medio anticonceptivo es educar, un término menos equívoco y ambiguo que ‘promocionar’. La actitud inversa, no ‘promocionar’, es decir no educar en el uso de anticonceptivos —guardar y promover el silencio al respecto— trae consecuencias graves, que no son difíciles de deducir. Pareciera que a la información y a la educación sexual de las y los estudiantes, se prefieren la ignorancia, el oscurantismo, el moralismo… y más embarazos no deseados, porque esa sería la consecuencia de la descalificación de la educación sexual en las escuelas.

Veamos ahora aquello de que la educación sexual «promueve el aborto». Promover el aborto significaría dar razones para animar a las mujeres a interrumpir un embarazo. Ninguna mujer va a interrumpir su embarazo porque un promotor la convenció. Si tal cosa estuviera dispuesta en la ordenanza, tendría que hacerse la cita exacta. Yo no he visto nada. En ese caso, parece que no se refiere a la ordenanza en sí, sino a la Educación Sexual Integral en general, aunque se mezclan los ámbitos. Si educar sexualmente es comunicarle a la mujer que tiene derechos sobre su vida, su cuerpo y su salud y que es ella la que tiene derecho a decidir sobre esos aspectos, —no el Estado, la pareja, los vecinos o alguna iglesia— entonces podemos estar a favor de la promoción así entendida.

El comunicado al que he aludido a modo de ejemplo, añade una lista de las organizaciones que están ‘detrás de la ordenanza’, es decir identifican a un bloque con una posición antagónica. El apoyo o adhesión que recibe una política pública, ciertamente no puede ser un argumento en contra de la política en sí, pues lo que importa son los contenidos textuales y su implementación, la visión del mundo en general y los paradigmas educativos en particular.

Todo lo señalado no quita que puede haber y de hecho hay perspectivas y propósitos con los que uno puede no estar de acuerdo. Por eso son necesarias información y difusión buenas y detalladas, sobre todo con las madres y padres de familia. Todo dependerá de la aplicación de la política, y para para controlarla, es necesario tener claro el programa completo. Lo que no sería democrático es omitir una difusión intensa de los contenidos, los plazos de implementación y toda la información necesaria. La más amplia participación de la ciudadanía, aunque onerosa, es ineludible en una democracia. Finalmente, todos estamos de acuerdo en la participación de las madres y padres, no sólo porque ellos tienen la potestad y representación jurídica de sus hijos e hijas, sino también porque la democracia no es una teoría que inventaron los griegos, debe ser una práctica de vida, de todos los días y en todos los ámbitos. Nunca es tarde para promover la discusión y difusión del asunto que nos ocupa, cuya importancia nadie niega.