A medida que pasa el tiempo aumenta el consenso entre académicos, investigadores y organizaciones independientes, en que Israel ha ejecutado un genocidio en la Franja de Gaza. Lo ha señalado Amnistía Internacional y Human Rights Watch, también una comisión independiente establecida por la ONU, e incluso organizaciones de derechos humanos israelíes como B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos. Esta última tituló significativamente a su informe “nuestro genocidio”. Así mismo, la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio, emitió una resolución calificando como tal lo ocurrido en Gaza.

Para que se configure el delito de genocidio se requieren dos elementos convergentes: intención y acciones sobre el terreno. En el caso de Gaza la intención ha sido suficientemente documentada con las declaraciones, tras los atentados de Hamás el 7 de octubre de 2023, de los más altos funcionarios israelíes, tanto del presidente y el primer ministro, como de varios miembros del gabinete de gobierno. En tales declaraciones, a modo de directrices para la guerra que comenzaba, los funcionarios no hicieron distinción alguna entre los combatientes de los grupos armados palestinos y la población civil de la Franja. Los civiles gazatíes aparecían así, en el discurso oficial, como un potencial blanco legítimo, y las tropas israelíes actuaron sobre el terreno en consecuencia. Al asesinato sistemático de civiles, en su mayoría mujeres y niños, se ha sumado la destrucción de la mayor parte de la infraestructura civil (incluidos hospitales, escuelas), mientras que la restricción del ingreso de ayuda humanitaria provocó la hambruna. Estas acciones calzan con el inciso C del Artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio: el “sometimiento intencional del grupo [nacional, étnico, racial o religioso] a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.

No deja de sorprender que un Estado que sostiene oficialmente representar a un pueblo que fue víctima de un genocidio hace menos de un siglo, lo haya perpetrado contra otro pueblo en los últimos dos años. ¿Cómo fue esto posible? Se puede trazar una línea de tiempo desde los orígenes del proyecto sionista hasta la actualidad. Un concepto en particular sirve de hilo conductor desde el inicio: la llamada “cuestión demográfica”. Veamos.

Los judíos que habitaban Europa habían sido un grupo humano perseguido y marginado por siglos e incluso milenios. Pero fue hacia finales del siglo XIX cuando el antisemitismo creció exponencialmente. Entonces surgió entre algunos judíos europeos la idea de colonizar un territorio fuera de Europa para huir de la persecución y al mismo tiempo crear un Estado judío. Finalmente se escogió Palestina. Nacía así el sionismo.

Pero había un problema: al comenzar el siglo XX, aquel territorio estaba habitado por una mayoría árabe (más del 90 por ciento de sus habitantes). Solo el 6 por ciento, aproximadamente, eran judíos. ¿Cómo crear un Estado de mayoría judía en un territorio habitado mayoritariamente por árabes? La llamada “cuestión demográfica” pasaba a convertirse en una preocupación central del sionismo y en fuente del conflicto palestino-israelí hasta la actualidad. Theodor Herzl, fundador del sionismo político, consideraba que la solución era combinar la colonización judía proveniente de Europa con la transferencia al menos de una porción de la población nativa árabe fuera del territorio de Palestina.

Al principio, los sionistas consideraron que la transferencia podía realizarse de manera pacífica. Pero una vez que el gobierno británico se comprometió en 1917 a crear un ‘hogar nacional judío’ en Palestina, mediante la Declaración Balfur, los conflictos entre los colonos judíos y la población nativa árabe se volvieron recurrentes. Como lo reconoció a principios de la década de 1920 Vladimir Jabotinsky, un sionista de derecha, la población nativa de cualquier parte del mundo siempre se resiste a los colonizadores. El inevitable conflicto produjo sucesivos levantamientos contra la colonización de la población árabe durante el período de entreguerras. Como consecuencia, los líderes sionistas comenzaron a barajar la posibilidad de que la transferencia de los árabes nativos se realizara incluso por medios coercitivos.

El auge del nazismo en la década de 1930, y sobre todo los horrores del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, aumentaron la presión general para crear un Estado judío en Palestina. De manera tal que, al comenzar la posguerra, la comunidad internacional parecía atrapada entre aquella presión, por un lado, y el conflicto entre la población nativa y los colonos en continuo aumento, por el otro. En un intento por resolver el espinoso asunto, el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU emitió la Resolución 181 mediante la cual dividió el territorio palestino en dos, para constituir, lado a lado, un Estado judío y uno árabe. Pese a que la población árabe todavía era mayoritaria en ese momento (dos tercios de la población total), se otorgó el 42 por ciento del territorio al futuro Estado árabe y el 56 por ciento al futuro Estado judío. Jerusalén y sus alrededores debía constituirse en un cuerpo separado, bajo administración internacional.

Los palestinos y los países árabes vecinos rechazaron la partición, mientras que el movimiento sionista la aceptó. Al menos formalmente. Los líderes sionistas aceptaban en principio la partición porque les garantizaba la creación del anhelado Estado judío. Pero en la práctica no reconocieron fronteras definidas y consideraban que la ONU les había impuesto condiciones inconvenientes para la supervivencia de su Estado: dentro del territorio que se les había asignado, 40% de la población era árabe y según David Ben Gurión, líder del movimiento sionista y futuro primer gobernante de Israel, sólo sería viable un Estado judío en un territorio en el que la población árabe no superara el 20 por ciento. El ‘problema demográfico’ estaba nuevamente sobre el tapete.

En todo caso, las condiciones estaban dadas para que se desatara la guerra. La contienda se desarrolló en dos fases: la primera, desde diciembre de 1947 hasta el 15 de mayo de 1948, enfrentó a las milicias árabes palestinas con las milicias judías; la segunda, entre esta última fecha y principios del año 1949, a las tropas del recién fundado Estado de Israel con los ejércitos de los países árabes vecinos. Israel salió victorioso y en los primeros meses de 1949 firmó sendos armisticios con los gobiernos árabes que habían participado en la guerra. Las fronteras temporales, establecidas por los armisticios, permitieron a Israel extender su dominio al 78 por ciento del territorio de Palestina (excepto Gaza, que quedó en poder de los egipcios, y Cisjordania y Jerusalén Este, que quedaron en manos de Jordania). No sólo eso. Producto de las operaciones militares israelíes, huyeron o fueron expulsados del territorio ocupado por Israel unos 750 mil palestinos. Posteriormente, a pesar de haber terminado la guerra, Israel bloqueó el retorno de los refugiados. Como consecuencia, dentro de las fronteras de 1949 (la ‘línea verde’) la población árabe quedó reducida al 20 por ciento. El Estado judío conjuraba así la ‘cuestión demográfica’.

Entre 1949 y 1967 se produjeron importantes debates al interior del establishment político israelí. Para unos, las fronteras temporales de 1949 debían ser definitivas, mientras que, para otros, Israel debía extenderlas aún más para abarcar todo el territorio entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. En 1967, tras la Guerra de los Seis Días, Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Una nueva oleada de palestinos huyó o fue expulsada de esos territorios convirtiéndose en refugiados.

La ocupación de más territorios renovó el debate entre los líderes israelíes, que se dividieron entre quienes consideraban que los territorios ocupados debían utilizarse como moneda de cambio (territorio por paz, esto es, devolver los territorios a los países árabes a cambio de que reconocieran a Israel), y quienes sostenían que los nuevos territorios ocupados debían integrarse a la soberanía israelí. La segunda posición se basaba, en parte, en que la ocupación de toda la Palestina histórica había sido el anhelo de los primeros sionistas y, en parte, en argumentos religiosos: el Gran Israel, la posesión de Jerusalén como capital “eterna e indivisible” y la incorporación al Estado judío de Judea y Samaria (los nombres bíblicos de Cisjordania).

Nunca se llegó a un consenso al respecto. Sin embargo, desde entonces hasta la actualidad, Israel ha mantenido, en la práctica, el control sobre el área que la comunidad internacional denomina “territorios palestinos ocupados” (Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este). Más aún, a través de la colonización continua, el Estado judío ha ido anexando de facto cada vez más porciones de Cisjordania y Jerusalén Este, e incluso el proceso se ha acelerado a medida que pasan los años. No sólo eso. En la última década ha aumentado el peso político de la ultraderecha israelí, cuya influencia en el gobierno del actual primer ministro Benjamín Netanyahu, el más escorado a la derecha de la historia de Israel, es notoria. Para sus representantes, Cisjordania y Gaza deben ser anexadas formalmente a Israel. Sin embargo, la anexión llevaría el ‘problema demográfico’ a niveles sin precedentes, pues entre el río Jordán y el mar Mediterráneo habitan judíos y árabes en proporciones similares.

La solución a ese ‘problema’ para la ultraderecha israelí es simple. Los palestinos deben tener solo tres opciones: marcharse, quedarse sin derechos de ciudadanía, o morir, si se resisten a cualquiera de las dos primeras alternativas.

Fue en esas circunstancias que se produjo el atentado terrorista de Hamás, aquel fatídico 7 de octubre. Fue la ocasión que esperaba la ultraderecha israelí para impulsar su plan. Era el momento adecuado para promover la ocupación de todo el territorio y al mismo tiempo acabar con la ‘cuestión demográfica’. La sociedad israelí estaba traumatizada por el atentado y en general no opondría mayores objeciones. El genocidio comenzó poco después. Que la guerra librada por Israel no ha sido exclusivamente contra Hamás, ha quedado claro por otros dos elementos adicionales. El primero, los planes del gobierno de Netanyahu, en los últimos meses, de desplazar por la fuerza a la mayor parte, si no a todos los gazatíes fuera de la Franja; el segundo, que en Cisjordania, donde Hamás no gobierna ni tiene presencia significativa, se multiplicaron las operaciones militares israelíes, acelerándose los procesos de apropiación de tierra palestina, de expulsión de los habitantes palestinos y de construcción de nuevos asentamientos para colonos judíos.

En suma, el genocidio actual contra los palestinos de Gaza parece ser la culminación de un largo proceso que hunde sus raíces en las ideas de los pioneros del sionismo respecto a la transferencia de la población árabe palestina. Resolver la ‘cuestión demográfica’ ha sido el hilo conductor para el sionismo hasta la actualidad. Un hito importante de ese proceso fue la limpieza étnica llevada a cabo en 1948. Sin embargo, lo dicho no significa que el genocidio reciente sea el corolario inevitable del proceso. Es probable que, si estuviesen vivos, los fundadores del sionismo y de Israel se horrorizaran al contemplar las acciones ejecutadas en los dos últimos años en la Franja. Sin embargo, lo cierto es que el genocidio era un resultado posible una vez que el extremismo, el temor y la polarización llegaron al paroxismo. Y ese momento llegó el 7 de octubre de 2023.

Magíster en Ciencia Política por la PUCP. Columnista en el semanario Hildebrandt en sus trece. Coautor del libro «Para entender el conflicto-palestino-israelí».