El Perú se ubica entre los principales productores de oro a nivel mundial y figura entre los mayores exportadores de Sudamérica, aunque diversas investigaciones advierten discrepancias entre la producción registrada y la comercialización real.¹ El oro es, además, uno de los productos mineros más valorados del país y aporta de manera significativa a la generación de divisas. Detrás de ese brillo económico emerge un escenario desafiante.

Más de 300 mil peruanos y peruanas encuentran en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) su principal fuente de sustento, pero el 97 % de ellos sigue operando en la informalidad. Tras dos décadas de normas, programas y prórrogas, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) apenas ha logrado incorporar al 3 % de los inscritos, lo que evidencia la magnitud del reto pendiente para integrar a este sector a una economía minera responsable y trazable.

La MAPE opera en un terreno jurídico ambiguo: no alcanza los requisitos para la formalidad, pero tampoco encaja en todos los casos en la ilegalidad absoluta. Ese espacio gris facilita la proliferación de abusos, condiciones precarias y la infiltración de economías ilícitas que se nutren del vacío estatal. La paradoja es contundente: en un país que exporta miles de millones de dólares en oro cada año, decenas de miles de mineros artesanales trabajan en un escenario marcado por la desprotección y la vulneración sistemática de derechos humanos.

Veinte años de intentos fallidos

En 2002, la Ley 27651 declaró de interés nacional la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal. Era el inicio de una promesa que buscaba integrar a cientos de miles de peruanos al marco legal con reglas claras y oportunidades de desarrollo. Veinte años después, esa promesa derivó en un desafío mayor. El Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), creado en 2016 como puente hacia la legalidad, terminó funcionando como un escudo que permitió a miles de operadores seguir trabajando sin cumplir requisitos técnicos ni ambientales. Entre prórrogas, el REINFO se convirtió en un símbolo de burocracia sin resultados: hoy, apenas un 3 % de inscritos alcanzó la formalización efectiva.

Muchos mineros perciben la formalización como un laberinto imposible: «Queremos formalizarnos, pero no a costa de desaparecer», advirtió un dirigente en diálogo con el Ministerio de Energía y Minas. Esa sensación de incertidumbre se intensifica con el anuncio del cierre definitivo del REINFO, previsto para diciembre de 2025, que podría dejar fuera a más de 30 mil registros vigentes. En paralelo, ya circulan proyectos de ley que buscan ampliar el plazo o incluso abrir nuevos registros, muestra de que el país continúa atrapado en salidas temporales en lugar de una política de largo plazo.

Las heridas abiertas de los derechos humanos

Hablar de la MAPE no formal en el Perú es hablar de un sector altamente expuesto a la vulneración de derechos humanos. Un diagnóstico reciente identificó al menos doce derechos especialmente afectados en contextos de informalidad: desde la prohibición del trabajo infantil y forzoso, la seguridad y salud ocupacional, la libertad de asociación y la igualdad y no discriminación, hasta el derecho a un ambiente sano, al agua, a la información, a la participación comunitaria y al acceso a la justicia.²

Detrás de estas categorías se esconden escenas extremas: niños que cargan sacos de mineral más pesados que sus cuerpos, mineros atrapados en túneles inseguros donde un derrumbe puede significar la muerte, comunidades cuyos ríos se tiñen de mercurio y se cargan de sedimentos. Como advierte la Alianza por la Minería Responsable, «el trabajo infantil impide a los niños, niñas y adolescentes ejercer su derecho a la educación y vulnera su derecho a la salud». ³

La dimensión de género agrava estas vulneraciones. Miles de mujeres participan en la MAPE como pallaqueras, expuestas a discriminación, explotación laboral y violencia en espacios donde la ausencia del Estado se combina con desigualdad estructural. Invisibles en estadísticas y políticas públicas, ellas representan la cara más vulnerable del sistema. «Ni todo el oro vale la naturaleza, la libertad, tranquilidad y la vida que nos merecemos», resumió una defensora ambiental entrevistada este año en el programa Nuestro Oro de Latina Televisión, dando voz a la violencia ambiental y social que golpea con especial crudeza a mujeres y niñas en Madre de Dios, Puno o La Libertad.

El peso de la informalidad se siente en testimonios como el siguiente: «Lo que comíamos cuando éramos informales es lo que hoy mi jefa da a los cerdos», confesó un minero recientemente formalizado, ilustrando el círculo de pobreza y exclusión que persiste. En este escenario, la minería ilegal de oro se ha consolidado como una de las principales fuentes de violaciones graves de derechos humanos contra comunidades locales e indígenas.⁴

Tres pilares para avanzar en la formalización de la MAPE

La experiencia peruana muestra que la formalización de la MAPE no puede reducirse a llenar formularios y a aspectos contractuales. Convertirla en una actividad sostenible requiere un trípode sólido: formalidad jurídica, trazabilidad y derechos humanos. El primer pilar es la formalidad jurídica. Se necesitan reglas claras, viables y aplicables que den seguridad tanto a los mineros, como a las comunidades y a las empresas con las que se relacionan. Un sistema normativo que cambie cada año, plagado de excepciones y prórrogas, alimenta la incertidumbre y la discrecionalidad.

El segundo pilar es la trazabilidad. En un mercado global cada vez más exigente, ya no basta con un registro administrativo, si no que se requieren sistemas digitales que permitan seguir la ruta del oro desde la veta hasta la joyería, certificaciones que garanticen que el mineral no proviene de zonas ilegales ni de prácticas abusivas, así como controles que eviten la mezcla del oro formal con el informal. La trazabilidad resulta hoy la condición mínima para acceder a mercados rigurosos.

El tercer pilar, y el más olvidado en el debate público, son los derechos humanos.⁵ Sin este componente, la formalidad se convertirá en una pantalla que legitime la precariedad y la inseguridad. Los derechos humanos deben convertirse en el eje transversal que garantice dignidad, seguridad y respeto en el trabajo. Así, la formalización, más que un salto de lo informal a lo legal, puede entenderse como una escalera de peldaños progresivos: cada paso añade obligaciones, pero también bienestar: desde un compromiso básico de no usar trabajo infantil, pasando por verificaciones intermedias de salud y seguridad, hasta certificaciones internacionales que abren puertas a compradores responsables.

Experiencias destacadas

Aunque en Perú la formalización de la MAPE parece un camino interminable, hay experiencias dentro y fuera del país que muestran que sí es posible avanzar cuando se combinan incentivos de mercado, cooperación internacional y gobernanza multiactor.

Un ejemplo pionero es SOTRAMI, en Ayacucho, la primera empresa minera artesanal en el mundo en obtener la doble certificación Fairtrade y Fairmined. Su experiencia demuestra que la formalización no solo es viable, sino que puede abrir mercados con precios diferenciados y reconocimiento internacional. SOTRAMI logró superar la precariedad y convertirse en competitiva gracias a reglas claras, apoyo técnico y un compromiso genuino con estándares laborales y ambientales. ⁶

La Better Gold Initiative, impulsada por el gobierno suizo en alianza con el sector privado peruano, ha seguido un enfoque similar: crear un puente directo entre productores artesanales formales y compradores internacionales responsables. A través de este mecanismo, el oro certificado llega a joyerías europeas que pagan un valor agregado por trazabilidad y buenas prácticas. También en países de África y Asia, como Ghana, Mongolia o Costa de Marfil, la introducción de certificaciones comunitarias, cooperativas y sistemas digitales de trazabilidad ha demostrado que, con incentivos de mercado y cooperación internacional, la formalización de la MAPE es posible.

Estas experiencias muestran que la formalización no se sostiene solo en decretos, sino que, requiere de incentivos de mercado que hagan rentable cumplir la ley, cooperación internacional que aporte recursos y conocimientos, así como la participación activa de múltiples actores —desde el Estado y las empresas hasta las propias comunidades mineras. Allí donde estos elementos se han alineado, la formalización ha dejado de ser inalcanzable y se ha convertido en una palanca de inclusión y sostenibilidad.

Una ruta escalonada con incentivos reales

La formalización sostenible necesita de una ruta escalonada, que permita a los mineros avanzar paso a paso, con metas claras y beneficios tangibles en cada etapa. Desde un enfoque de derechos, la prioridad la tendrían las zonas críticas, es decir aquellos territorios donde el riesgo social, ambiental y criminal sea más alto, y donde la urgencia de intervención resulte evidente. Allí se debe comenzar con acciones focalizadas y presencia activa del Estado. La siguiente prioridad es contener los daños inmediatos tales como el trabajo infantil, la trata de personas y la deforestación. Sin resolver estas heridas abiertas, ningún proceso será legítimo. En esa línea, se requiere remediar los pasivos ambientales, atender a las víctimas de explotación y recuperar territorios degradados. La reparación es un acto de justicia, pero también una condición de sostenibilidad.

El tercer paso apunta a regularizar operaciones de manera progresiva, con requisitos legales, técnicos y ambientales adaptados a la realidad de la MAPE, sin que esto signifique renunciar a los derechos humanos. No se trata de flexibilizar estándares, sino de escalonarlos para que los mineros puedan cumplirlos en plazos razonables.

Finalmente, el enfoque de derechos nos invita a prevenir, ofreciendo incentivos que hagan atractiva la formalidad. Allí entran en juego el acceso a créditos, los sellos responsables que mejoran el precio del oro, la asistencia técnica para pequeños productores y fondos como el Aporte por Regulación, que permitirían financiar mejoras ambientales y sociales.

Hacia una gobernanza compartida

Si algo ha quedado claro tras dos décadas de intentos fallidos, es que la formalización no puede ser tarea de un solo actor. Sin una gobernanza multiactor, cualquier esfuerzo está condenado a repetir los mismos errores. Por eso, la creación de un Observatorio multiactor de derechos humanos y trazabilidad se presenta como un espacio donde Estado, empresas, organizaciones de la MAPE, sociedad civil y cooperación internacional monitoreen juntos los avances, generen transparencia y construyan confianza.

En este Observatorio multiactor, cada actor tendría un rol diferenciado. El Estado aporta claridad regulatoria, políticas peublicas consistentes y supervisieon firme: las empresas formales contribuyen a la trazabilidad y las cadenas de valor responsables, mientras que los mineros pequeños y artesanales a través de sus gremios se comprometen con el respeto a las comunidades locales, al cumplimiento progresivo de las normas de salud, seguridad y ambientales y al rechazo al trabajo infantil. De fondo, las organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional ofrecen capacitación, recursos y experiencias comparadas que aceleran el proceso de formalización.

La formalización es, en esencia, un pacto social: un compromiso colectivo para que la minería pequeña y artesanal deje de ser sinónimo de precariedad, y se convierta en un motor de inclusión, legalidad y sostenibilidad. En síntesis, la MAPE puede ser un sector competitivo, capaz de insertarse en los mercados internacionales más exigentes, siempre que cumpla con tres condiciones ineludibles: trazabilidad para diferenciar el oro limpio del contaminado por ilegalidad, certificaciones que acrediten buenas prácticas y un compromiso firme con los derechos humanos como eje transversal. La experiencia internacional y los ejemplos locales muestran que cuando los mineros acceden a asistencia técnica, financiamiento responsable y cadenas de valor sostenibles, la formalización no solo mejora su calidad de vida, sino que multiplica las oportunidades de comercio justo y reconocimiento global. En un mundo donde las reglas del mercado están cada vez más vinculadas a criterios ambientales, sociales y de gobernanza, la MAPE peruana puede ser parte de la solución, no del problema.

Al final, la verdadera medida del oro no está en su peso ni en su cotización internacional, sino en las condiciones en que fue extraído. El oro que respeta derechos vale más que cualquier gramo arrancado con violencia.

Footnotes

1. Convoca. (2023, 25 de mayo). Mecanismos oscuros y controles fallidos abren camino al tráfico masivo de oro en Sudamérica. ↩

2. Reyna, B., Delgado, G., & Vega, E. (2025). Debida diligencia y derechos humanos en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en Perú: Retos y oportunidades para una cadena de valor responsable (Documento de Trabajo N.º 6 - 2025). Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad (CEMS), Universidad del Pacífico. ↩

3. Responsible Mines, 2017. Trabajo infantil en minería. ↩

4. Ver: DPLF, 2025. Minería ilegal de oro, corrupción y crimen organizado violan derechos humanos en el Perú. Informe al Comité DESC. También, el Informe de PREVENIR Corrupción en la MAPE: Informe sobre minería informal e ilegal. ↩

5. International Commission of Jurists; Grupo de Estudios sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 2016. Industrias extractivas, derechos humanos y conflictos – Informe de misión de hechos en Perú. ↩

6. Responsible Mines, 2017. SOTRAMI recertifies ↩